Cuando la juventud nepalí recurrió a las redes sociales para denunciar la corrupción, su Gobierno intentó silenciarlos prohibiendo el acceso a 26 plataformas. Aquella medida de septiembre de 2025 fue el detonante de las protestas lideradas por la Generación Z que acabaron derrocando al gobierno. Y ahora decenas de gobiernos se apresuran a aislar a la próxima generación de las redes sociales, en nombre de su protección.

Un experimento global

Australia introdujo en noviembre de 2024 la prohibición de acceso a las diez principales redes sociales para menores de 16 años, medida que entró en vigor en diciembre de 2025. Pese a que la política es objeto de controversia y se cuestiona tanto su idoneidad como su eficacia, esto no ha frenado la urgencia de otros gobiernos por implementar sus propias restricciones. Otros tres países —China, Indonesia y Vietnam— ya han implementado prohibiciones similares, mientras que otros cinco —Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Francia, Malasia y Turquía— han aprobado leyes de entrada en vigor inminente.

Actualmente, unos 40 países —más de una quinta parte de los miembros de las Naciones Unidas— están considerando estas prohibiciones o tienen políticos que las exigen. El gobierno de Grecia, que anunció recientemente una votación parlamentaria de una restricción que entraría en vigor el próximo enero, aboga por un enfoque común en el marco de la Unión Europea (UE), una postura que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo.

Las prohibiciones, tanto las vigentes como las propuestas, presentan variaciones en cuanto al rango de edad y a las plataformas afectadas. Aunque la mayoría fija el umbral en los 16 años, países como Grecia y Turquía lo reducirán a los menores de 15. En cuanto al alcance, la restricción australiana afecta a diez plataformas principales —incluidas Instagram, TikTok y YouTube—, pero excluye otras como Discord y WhatsApp; Indonesia, por su parte, se enfoca en ocho. Los métodos de verificación de edad también varían: mientras las autoridades griegas prevén imponer una aplicación que bloquee el acceso directamente en los dispositivos de los jóvenes, Australia confía en que las plataformas empleen sistemas biométricos, como el reconocimiento facial y de voz, para estimar la edad de los usuarios. Pese a estas diferencias, todas las políticas comparten un objetivo declarado: prevenir los daños derivados del uso de las redes sociales en la juventud.

Motivaciones

Abundan los motivos de preocupación. La juventud está expuesta a contenidos nocivos a una escala masiva en las redes sociales, donde proliferan la desinformación y el discurso de odio, y el ciberacoso está muy extendido. Según una investigación del gobierno australiano, siete de cada diez menores de 16 años han estado expuestos a contenidos perjudiciales, y más de la mitad ha sido víctima de ciberacoso.

Las niñas y las adolescentes son el blanco principal de contenidos misóginos y sexualizados, un problema que quedó ejemplificado en el reciente escándalo de “nudificación” en X (antes Twitter). En dicho incidente, se usó la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma, Grok, para generar imágenes falsas de carácter sexual de mujeres y niñas, afectando incluso a menores de edad.

Crece la preocupación por el impacto que el uso intensivo de las redes sociales tiene en la salud mental de los jóvenes, incluyendo su potencial para provocar ansiedad, depresión, dificultades de concentración y conductas autolesivas. En una etapa crucial de su desarrollo, su sentido de identidad, sus hábitos de comunicación y su comprensión del mundo están siendo moldeados por plataformas privadas cuyos algoritmos están diseñados para captar y retener la atención —incluso mediante contenidos sensacionalistas— con el objetivo de permitir que las empresas tecnológicas obtengan beneficios vendiendo publicidad y recopilando datos comercializables. Las redes sociales son adictivas por diseño, tal como lo reconoció recientemente un tribunal estadounidense al condenar a Meta y YouTube a pagar seis millones de dólares en concepto de indemnización a una mujer que testificó sobre el daño causado por su adicción a las redes sociales antes de los diez años.

Para los defensores de la prohibición, las restricciones al acceso de los jóvenes a las redes sociales constituyen una intervención de salud pública, tan justificada como las prohibiciones del consumo de alcohol y tabaco por parte de menores. El ritmo de la evolución de las redes sociales ha superado con creces al de la regulación. Desde esta perspectiva, los gobiernos están tratando de ponerse al día.

Problemas

Las prohibiciones, sin embargo, plantean graves problemas. Los activistas de derechos humanos argumentan que son incompatibles con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece que los niños tienen capacidades evolutivas para tomar decisiones y ejercer derechos a medida que se desarrollan, incluido el derecho a buscar y recibir información. Restringir esta facultad conlleva el riesgo de aislar a jóvenes vulnerables, como los niños LGBTQI+ que buscan apoyo y conexión en línea. Esto no es protección; es añadir una capa más de exclusión.

Los peligros pueden agravarse si las interacciones se trasladan a espacios más oscuros. Cuando prohibiciones como la de Australia apuntan contra las principales plataformas, los jóvenes pueden migrar hacia alternativas menos conocidas, que cuentan con sistemas de monitoreo y autorregulación aún más débiles. La prohibición australiana de hecho no abarca a los chatbots de IA, a pesar de la existencia de casos documentados de jóvenes incitados a autolesionarse.

Muchos jóvenes eludirán las restricciones utilizando, por ejemplo, VPN, cuentas falsas o los dispositivos de sus padres. El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia informa que dos tercios del grupo objetivo permanecen en plataformas supuestamente prohibidas. El uso de VPN gratuitas conlleva, además, el peligro de exponer a los jóvenes a riesgos de seguridad, como el registro y la venta de sus datos. Aquellos que no puedan pedir ayuda a sus padres —como sucede con muchos niños LGBTQI+— podrían quedar aún más aislados.

Ante el incumplimiento normativo, los gobiernos pueden multar a las plataformas; sin embargo, las empresas tecnológicas suelen considerar estas sanciones como un simple costo operativo. En Australia, la multa máxima asciende a 32 millones de dólares estadounidenses, una cifra ínfima comparada con los ingresos de Meta, que en 2025 superaron los 200.000 millones de dólares.

Libertad de expresión

Las prohibiciones suscitan interrogantes fundamentales sobre la libertad de expresión en línea, el derecho al acceso a la información y la legitimidad para definir las normas. El peligro radica en normalizar la idea de que los Estados son los únicos árbitros del acceso a internet, facultados para decidir qué pueden hacer los usuarios y con cuánta privacidad.

Se trata de una facultad peligrosa incluso en manos de gobiernos democráticos, pero la preocupación es aún mayor cuando las restricciones provienen de Estados que ya limitan el espacio cívico y cuentan con un historial de control sobre la expresión digital. En 2025, al menos el 11% de las restricciones registradas por el CIVICUS Monitor —nuestra iniciativa de investigación que analiza el contexto de acción de la sociedad civil a nivel global— tuvieron un componente digital, incluyendo bloqueos a internet y a redes sociales. Las prohibiciones dirigidas a menores podrían convertirse en una herramienta adicional para reforzar el control estatal sobre la comunicación. No es casual que los gobiernos de China y Vietnam, que restringen sistemáticamente la actividad en línea, hayan estado entre los primeros en adoptar estas medidas.

El gobierno de Malasia pretende implementar en junio la prohibición de acceder a redes sociales para menores de 16 años, amparándose en su Ley de Seguridad en Internet. Las autoridades cuentan con antecedentes en el uso de legislación restrictiva para penalizar la crítica y prohíben habitualmente libros que consideran controvertidos. Similares inquietudes surgen en Indonesia, donde en marzo se inició la implementación de una prohibición progresiva. Esta medida coincide con la introducción de leyes sobre ciberseguridad y desinformación que otorgarán al gobierno mayores facultades para reprimir la expresión digital, y se suma una ley de tecnologías de la información que ya es utilizada para criminalizar el disenso.

Aunque estas prohibiciones están siendo evaluadas por gobiernos de diversos signos políticos, la mayor presión proviene de grupos de derecha, como la Heritage Foundation estadounidense, vinculada al movimiento de Trump. Entre sus motivaciones podría figurar la represión de las identidades LGBTQI+ de los jóvenes, así como de las expresiones en línea de apoyo a la acción climática o la solidaridad con Palestina.

En años recientes, la Generación Z ha articulado protestas masivas contra la corrupción, las crisis económicas y la falta de rendición de cuentas gubernamental; en este proceso, las redes sociales han sido herramientas fundamentales para la comunicación, movilización y obtención de apoyo. A la Generación Alfa, sin embargo, podrían negársele esas mismas herramientas.

Escasa consulta

Los gobiernos están implementando prohibiciones a un ritmo vertiginoso, pese a la ausencia de evidencia sólida. Llama la atención la escasa voluntad de estudiar o aprender de la experiencia australiana, ya que muchas de estas medidas se introducen con un mínimo debate democrático o consulta pública. El gobierno de Malasia, por ejemplo, apenas ha realizado una consulta sobre su decisión.

Pocos gobiernos exploran alternativas, tales como exigir el cumplimiento de los límites de edad ya existentes —fijados habitualmente en los 13 años, pero ignorados sistemáticamente por las plataformas— o probar enfoques basados en el cambio de comportamiento para que los jóvenes limiten voluntariamente su uso.

Esta urgencia actual sugiere que los Estados, al no hallar la forma de exigir responsabilidades a las empresas tecnológicas, han optado por trasladar la carga a los menores y sus familias. Mientras que a las corporaciones que originaron el problema se les exige muy poco, las nuevas normativas abren nichos de mercado para las empresas que prestan servicios de verificación de edad.

Las tecnologías de estimación de edad presentan una elevada tasa de error, especialmente en jóvenes cercanos a los umbrales de prohibición, lo que obliga a las plataformas a recopilar información adicional. Sin embargo, las implicaciones trascienden a los menores, ya que quienes superan la edad límite también deben verificar su identidad. Los sistemas que recaban una amplia gama de datos biométricos suscitan serias preocupaciones sobre privacidad y vigilancia, incluyendo el riesgo de ciberataques. De hecho, el año pasado, una filtración en el proveedor de verificación de Discord expuso los datos de aproximadamente 70.000 personas.

La recolección de datos a esta escala representa una tentación tanto para las empresas tecnológicas —cuyo modelo de negocio se basa en la extracción de información con fines lucrativos— como para los gobiernos que buscan expandir su vigilancia. Una investigación reciente sobre el sistema que Discord planeaba implementar reveló peligros críticos: el software Persona, respaldado por el magnate tecnológico de extrema derecha Peter Thiel, vincula los escaneos faciales con una vasta red de fuentes públicas y gubernamentales, incluyendo registros financieros, y tiene la capacidad de enviar informes de actividades sospechosas a las autoridades.

Tal es la preocupación que 438 especialistas en privacidad y seguridad han suscripto un llamamiento para imponer una moratoria al desarrollo de tecnologías de verificación de edad. Esta suspensión se solicita hasta que sea posible evaluar adecuadamente su eficacia, así como su impacto en las libertades fundamentales, la privacidad y la seguridad digital.

Alternativas

Los Estados democráticos, en particular, deben evitar proyectar la señal de que las intervenciones intrusivas son permisibles, ya que es previsible que los regímenes represivos lleven estas medidas más lejos y con mayor dureza.

En lugar de precipitarse a imponer prohibiciones, los gobiernos deberían garantizar la correcta implementación de las protecciones vigentes. Un ejemplo es la Ley de Servicios Digitales de la UE, que establece normas para limitar los contenidos nocivos, pero que aún no se ha implementado plenamente. Asimismo, deberían probarse otros enfoques, tales como intervenciones para reducir el carácter adictivo de las redes sociales mediante el aumento de la “fricción”, es decir, ralentizando y limitando el volumen de las interacciones.

Los gobiernos tendrían que invertir en dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para desenvolverse en entornos digitales complejos y definir sus propios límites de uso. Resulta fundamental priorizar el pensamiento crítico y la alfabetización digital y mediática en el sistema educativo, además de proporcionar servicios de salud mental robustos y un mayor apoyo a las víctimas de ciberacoso. Se podría exigir a las empresas tecnológicas que financien estas iniciativas, ya sea mediante contribuciones voluntarias o a través de impuestos específicos.

Aquellos gobiernos que se tomen en serio el bienestar digital deben respetar la autonomía de la juventud. Resulta imperativo dedicar tiempo al diálogo con los jóvenes, quienes comprenden de primera mano tanto las oportunidades como los riesgos que ofrece internet. Si bien el objetivo de proteger a los menores del peligro en las redes sociales es legítimo, el método de las prohibiciones generalizadas es profundamente erróneo.

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