Más de mil millones de personas verán a Argentina y España enfrentarse el 19 de julio en la final del Mundial, dando fin así a cinco semanas de un apasionante festival de fútbol. Los mejores jugadores del mundo dejaron muchos momentos memorables. Pero, fuera de la cancha, la corrupción y los cuestionamientos en materia de derechos humanos empañaron el torneo. La sociedad civil se ocupó de visibilizar los problemas que hay más allá de los resultados deportivos y aprovechó el Mundial para hacer campaña.

Un anfitrión como ningún otro

El Mundial siempre fue un acontecimiento tanto político como deportivo. Cuando Italia organizó en 1934 la segunda edición del torneo, lo utilizó como vehículo de propaganda del fascismo y su dictador presionó a los árbitros para asegurar el triunfo de la selección local. Cuando la junta militar argentina fue anfitriona en 1978, celebró la ceremonia inaugural cerca de un centro clandestino de detención donde torturaba a miles de disidentes. También se le atribuye el arreglo de un partido que la selección nacional necesitaba ganar.

La FIFA, el organismo rector del fútbol que no rinde cuentas ante nadie, hace tiempo que ignora las violaciones de derechos humanos de los Estados que instrumentalizan su principal evento. Es más, ahora parece decidida a recompensarlos activamente. La FIFA permitió que la Rusia autoritaria fuera sede en 2018, pese a que ya había iniciado la primera fase de su guerra contra Ucrania al anexar ilegalmente Crimea. Después llegó Qatar, un petroestado sin trayectoria deportiva y con un respeto mínimo por los derechos humanos. Que negara las libertades cívicas básicas y criminalizara sin excepciones a las personas LGBTQI+ no preocupó a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA que lo eligieron. Más tarde, el proceso de selección se reveló tan corrupto que varios dirigentes recibieron condenas penales o inhabilitaciones de por vida. El precio más alto lo pagaron los miles de trabajadores migrantes que murieron, muchos de ellos a causa de su trabajo en las obras de construcción de los estadios.

Cuando la FIFA eligió a Estados Unidos como anfitrión principal del Mundial 2026, con Canadá y México a cargo de un número menor de partidos, Donald Trump transitaba su primer mandato. El torneo se desarrolló durante su segundo mandato, en el que eliminó las salvaguardas institucionales que deberían haberlo limitado.

El gobierno de Trump no suspendió sus virulentas políticas antiinmigración. Los jugadores de algunos países fueron sometidos a controles de seguridad exhaustivos y humillantes al llegar al país. Aficionados, periodistas, dirigentes y familiares de los jugadores de aproximadamente una cuarta parte de las selecciones clasificadas enfrentaron prohibiciones de viaje, requisitos de ingreso más estrictos y altas tasas de rechazo de visas. Las restricciones arruinaron el clima de algunos partidos, en los que una hinchada llenaba el estadio y la otra apenas estaba presente. Ni siquiera se salvaron figuras respetadas del arbitraje: al árbitro somalí Omar Artan le negaron la entrada.

Como el gobierno de Trump bombardeó Irán mientras se desarrollaba el torneo, la selección iraní fue objeto de una hostilidad particular. A unos 15 entrenadores, dirigentes y otros integrantes de la delegación les negaron la entrada, igual que a periodistas y aficionados. Aunque jugaba sus partidos en Estados Unidos, el equipo tuvo que instalarse en Tijuana, México, y viajar a última hora a Los Ángeles y Seattle. Es probable que estas dificultades afectaran su rendimiento en la cancha, ya que el equipo quedó afuera de la fase eliminatoria por muy poco. La FIFA simplemente se desentendió del asunto, alegando que la aplicación de las normas migratorias es competencia exclusiva del país anfitrión.

Para los aficionados que viven en Estados Unidos, el telón de fondo fue la campaña en curso de detenciones masivas y deportaciones. Agentes militarizados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a decenas de miles de personas, y arrestaron y criminalizaron a manifestantes que intentaban defender los derechos de los migrantes e impedir esas detenciones. La represión tuvo un efecto disuasorio: muchos migrantes se mantuvieron alejados de los estadios y las fiestas para ver los partidos por miedo a ser detenidos.

Antes del torneo, Trump dejó claro que la hostilidad no iba a cesar. Amenazó con una ofensiva en Los Ángeles y sugirió que a las ciudades que se resistieran a sus medidas antimigratorias, como Seattle, se les podrían retirar partidos. El gobierno también utilizó imágenes de la selección estadounidense para hacer propaganda a favor de su ofensiva migratoria en redes sociales.

La hipocresía alcanzó niveles insólitos cuando el jugador estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, recibió una tarjeta roja que le impedía jugar el partido siguiente, hasta que la FIFA tomó la decisión sin precedentes de levantarle la sanción. Trump declaró sin tapujos que había presionado a la FIFA. Balogun, criado en el Reino Unido por padres nigerianos, solo reunía los requisitos para jugar con Estados Unidos porque nació en Nueva York y obtuvo así la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, mientras la polémica por su suspensión seguía en pleno desarrollo, el gobierno de Trump avanzaba con su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento y prometía legislar aun tras un fallo de la Corte Suprema que ratificó que ese derecho estaba protegido por la Constitución. Así quedó al descubierto el descarado desprecio de Trump por las reglas que todos los demás deben respetar.

Cuando las organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros antes del Mundial, la Casa Blanca las atacó y acusó a “grupos activistas liberales” de recurrir a “ridículas tácticas alarmistas”. Los gobiernos suelen intentar mostrar su mejor cara cuando organizan eventos mundiales, pero el gobierno de Trump aprovechó la ocasión para transmitir otro mensaje: espera que el resto del mundo haga lo que él dice y no le importa si no les gusta.

Las deficiencias de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en todas partes: las cámaras lo captaron en la mayoría de los partidos, recorriendo América del Norte en un jet privado catarí. Llegó al poder en 2016 con la promesa de sanear la organización tras los escándalos de corrupción, pero una de sus primeras medidas fue no renovar los contratos de integrantes clave del comité de ética. Desde entonces se mostró muy complaciente con los regímenes autoritarios. En 2019, aceptó la medalla de la Orden de la Amistad de Rusia de manos de Vladimir Putin. Antes del Mundial de Qatar, restó importancia a las violaciones de los derechos de los migrantes y acusó a los Estados occidentales de hipocresía por criticar el historial de derechos humanos del país. En una maniobra evidentemente destinada a halagar el ego de Trump, en 2025 le entregó el recién creado Premio de la Paz de la FIFA, y en 2026 asistió a la primera reunión de la Junta de Paz de Trump con una gorra roja al estilo MAGA. Cualquier pretensión de neutralidad carece por completo de credibilidad.

Sin embargo, la FIFA demostró que estaba dispuesta a intervenir cuando los involucrados tenían menos poder. Obligó a la selección de Haití a cambiar sus camisetas para eliminar una imagen que conmemoraba una batalla decisiva de su lucha de liberación contra Francia. Y sus directrices, que prohibían las banderas consideradas políticas, resultaron en la confiscación de banderas iraníes en versión prerrevolucionaria en las entradas de los estadios.

La elección de Arabia Saudita como sede del Mundial para 2034, mediante un proceso especialmente diseñado para que fuera la única candidata, fue una decisión profundamente política. Un petroestado todavía más poderoso y represivo que Qatar, que asesina a periodistas, ejecuta a disidentes y encarcela a activistas por los derechos de las mujeres, está a punto de disfrutar del protagonismo mundial. Como en el caso de Qatar, habrá serias preocupaciones por la seguridad de los trabajadores migrantes que participen en las obras y por los derechos de los aficionados LGBTQI+.

Esa decisión también deja en claro que la FIFA no se toma en serio el cambio climático, pese a su compromiso público de alcanzar cero emisiones netas para 2040. Arabia Saudita quiere seguir extrayendo petróleo durante el mayor tiempo posible y ha bloqueado sistemáticamente las propuestas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles en las cumbres climáticas de la COP. Esta edición del Mundial, que implicó numerosos viajes de un extremo a otro del continente, fue la más contaminante de la historia. A esto se sumó la elección de la petrolera estatal saudí Aramco como principal patrocinador, seguido de la habitual lista de empresas que dañan el clima. Su presencia ocupó un lugar destacado en los carteles publicitarios junto al campo de juego, normalizando así el papel destructivo que los combustibles fósiles siguen teniendo.

Campañas de la sociedad civil

La sociedad civil no se quedó callada. La Sport and Rights Alliance, una coalición de la sociedad civil que exige el respeto de los derechos humanos y de las normas laborales, encabezó el reclamo para que la FIFA respetara los derechos y presionara por la suspensión de las prohibiciones de entrada y de las estrictas condiciones para obtener visas impuestas por Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles ofreció a los aficionados que viajaban al Mundial una guía práctica sobre sus derechos, que incluía qué hacer en caso de ser detenidos por ICE.

Antes del torneo, la gente se manifestó en las ciudades anfitrionas de Los Ángeles, Miami y Nueva York bajo el lema “No ICE in the Cup” (“ICE fuera del Mundial”, un juego de palabras que también significa “sin hielo en mi vaso”), exigiendo que el organismo se mantuviera lejos de los estadios, las zonas de aficionados y las fiestas para ver los partidos. Fossil Free Football, un grupo impulsado por aficionados que lucha por acabar con el patrocinio de empresas de combustibles fósiles en el fútbol y para que el deporte sea más sostenible, señaló la participación de Aramco y los problemas que el aumento de las temperaturas genera para el torneo. Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, llamaron la atención sobre la crisis de derechos humanos en Estados Unidos. El Mundial de la Solidaridad de CIVICUS usó el lenguaje del fútbol para dar a conocer el historial en materia de espacio cívico de los 48 países participantes y los casos de activistas de la sociedad civil que varios de ellos encarcelaron injustamente.

Los grandes eventos como el Mundial también brindan a la sociedad civil la oportunidad de dirigir la atención hacia las preocupaciones locales. Los periodistas franceses dejaron un asiento vacío en la tribuna de prensa en cada uno de los partidos de su país para destacar el caso de su colega, el periodista deportivo Christophe Gleizes, condenado en Argelia a siete años de cárcel por mantener contacto con un miembro de un grupo prohibido. En México, una protesta apuntó contra el patrocinador Hyundai por el impacto ambiental de una empresa local que le suministra mineral de hierro.

Los activistas mexicanos aprovecharon el Mundial para visibilizar la crisis de desapariciones forzadas que sufre el país. Más de 133.000 personas están desaparecidas, víctimas del crimen organizado y de la connivencia política, una cifra suficiente para llenar más de una vez y media el enorme Estadio Azteca, donde se inauguró el Mundial. Las familias de los desaparecidos se enfrentan a un Estado indiferente en el que la impunidad es la norma. La sociedad civil no abandona la búsqueda y presiona a las autoridades para que lleven a cabo investigaciones adecuadas.

Durante el torneo, las organizaciones que agrupan a las familias de los desaparecidos realizaron campañas en los idiomas de los aficionados que visitaban las sedes mexicanas y montaron muestras públicas con fotos de las víctimas, entre ellas 150 junto al estadio de Monterrey.

Pero se encontraron con una respuesta oficial que buscó restar importancia a la crisis, se burló de las familias y recurrió a la violencia para reprimir las protestas. La Secretaría de Gobernación insinuó que había gente pagada para protestar y anunció que investigaría las fuentes del financiamiento de los grupos que trabajan en torno a esta crisis. En Ciudad de México, la policía antimotines rodeó, agredió y detuvo a quienes intentaban marchar con imágenes de los desaparecidos para impedir que llevaran su protesta hasta el estadio. La realidad de las desapariciones no encajaba con el relato que las autoridades mexicanas querían contar al mundo.

El juego continúa

Ahora que el Mundial 2026 llega a su fin, la atención se centra en las lecciones que deja para los próximos grandes eventos deportivos. Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos de 2028, y habrá que exigirle al gobierno estadounidense que reciba al mundo mejor de lo que hizo esta vez. El próximo Mundial lo organizarán principalmente Marruecos, Portugal y España, probablemente con temperaturas extremas que dejarán todavía más en evidencia los efectos del cambio climático. En Marruecos, el elevado costo de la construcción de estadios en un contexto de servicios públicos deficientes fue uno de los detonantes de las protestas encabezadas por la generación Z del año pasado. Los Juegos Olímpicos de 2032, en Brisbane, Australia, podrían darle a la sociedad civil la oportunidad de hacer campaña a favor de los derechos de los pueblos indígenas y también frente a la crisis climática. Lo que sí es seguro es que habrá campañas de derechos humanos en los años previos al Mundial 2034 en Arabia Saudita.

Cuando Argentina o España levanten el trofeo el 19 de julio, el espectáculo terminará, pero no los abusos que el torneo sacó a la luz. La sociedad civil seguirá presionando para que se exija a los países anfitriones el cumplimiento de altos estándares y seguirá trabajando para mantener la atención pública sobre los problemas de derechos humanos que persisten después del silbatazo final.

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