Hubo varias cosas inusuales en las elecciones españolas del 23 de julio: en primer lugar, el hecho de que se realizaran en pleno verano, con gran parte del país bajo un calor abrasador. Pero la ciudadanía acudió a las urnas a sabiendas de que era mucho lo que estaba en juego: el presentismo, de más de 70%, superó al registrado en las elecciones anteriores, celebradas en noviembre de 2019.

Durante largo tiempo ha circulado en España la idea de que el país está vacunado contra el fascismo, por llevar a cuestas el trauma de la larga dictadura franquista. Pero en vísperas de estas elecciones España parecía encaminada, como muchos otros países europeos, hacia la normalización de la extrema derecha e incluso a su entrada en el gobierno.

Las elecciones anticipadas fueron convocadas en reacción a los resultados de las elecciones regionales y locales del 28 de mayo, en las que el Partido Popular (PP), conservador de corte tradicional, se impuso rotundamente, y tras las cuales el partido de extrema derecha Vox ingresó a algunos gobiernos regionales en coalición con él. Se temía que Castilla y León, Extremadura y Valencia, donde ambos comparten el poder, fueran el futuro de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista (PSOE), respondió apostando a que unas elecciones generales anticipadas pudieran movilizar a una izquierda unida frente al temor de la llegada de la extrema derecha al gobierno nacional. Hasta cierto punto, la jugada funcionó: Vox retrocedió y, al menos de momento, perdió su oportunidad de llegar a ser gobierno.

Ahora el ganador podría acabar perdiendo, y el perdedor podría acabar ganando. Por haberse impuesto por un margen mucho más estrecho de lo esperado, y con Vox habiendo perdido numerosos escaños, es poco probable que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda formar un gobierno de coalición. El actual presidente, Sánchez, tiene más opciones de coalición y podría intentar formar gobierno y mantenerse al mando. Si ninguno de los dos lo consiguiera, habría que convocar a nuevas elecciones dentro de unos meses, abriendo un prolongado periodo de incertidumbre.

Ganadores y perdedores

Los sondeos pronosticaban una victoria del PP clara pero no lo suficientemente amplia como para que pudiera gobernar en solitario. También se esperaba un buen resultado de Vox, lo cual le convertiría en la probable fuente de los escaños que el PP necesitaría para formar una coalición – a menos que el PP obtuviera suficientes escaños como para hacer plausible un gobierno de minoría.

Pero las encuestas se equivocaron – o quizá los resultados pronosticados empujaron a la gente a las urnas para intentar impedir que Vox entrara en el gobierno. En cualquier caso, la victoria del PP fue mucho más ajustada de lo esperado: quedó primero con el 33% de los votos, lo cual se traduce en 136 escaños, por encima de los 89 que obtuvo en 2019, pero bastante lejos de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría.

El segundo puesto que obtuvo el PSOE, con 31,7%, fue motivo de celebración: habiendo capeado una pandemia y los impactos económicos de una guerra en Europa, recibió un millón de votos más que en 2019 y ganó dos escaños adicionales, sumando 122. La razón por la que pasó del primero al segundo puesto radicó en la desaparición de un partido de derecha, Ciudadanos, al que le fue tan mal en las elecciones locales y autonómicas que decidió no presentarse a las elecciones de julio. La mayoría de sus votos emigraron al PP en vez de alimentar a Vox.

Ubicado en el tercer puesto, Vox fue el mayor perdedor: obtuvo 33 escaños, 19 menos que en 2019. La plataforma de izquierda Sumar, que incorpora al socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, quedó cuarta con 31 escaños, cuatro menos que los anteriormente obtenidos por Podemos.

Aún falta contabilizar los votos emitidos por ciudadanos españoles en el exterior, una cantidad nada desdeñable. Estos suelen inclinarse hacia la izquierda: desde mediados de la década de 1980, cuando estos votos empezaron a contar, el PSOE ha sacado mayoría siete veces, incluidas las tres últimas elecciones generales, mientras que el PP y Podemos se han impuesto dos veces cada uno. Esta vez, se especula que estos votos podrían aportar dos o tres escaños adicionales al PSOE, y quizá uno más a Sumar.

La guerra cultural

El estado de la economía suele ser decisivo en los resultados electorales –inevitablemente en detrimento de los oficialismos- cuando las cosas van mal. En cambio, cuando se percibe que marcha bien, la economía tiende a perder prominencia como tema de campaña. La economía española se encuentra actualmente entre las de mayor crecimiento de Europa, la inflación ha disminuido y la tasa de desempleo, antaño arrastrada por catastróficamente altas tasas de desempleo juvenil, se ha reducido drásticamente. La estrella ascendente del gobierno es su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, responsable de medidas populares tales como el aumento del salario mínimo.

Hubo cierto debate sobre el acceso a la vivienda, y todos los partidos ofrecieron propuestas para abordar este problema, pero en general la campaña electoral versó sobre algo totalmente distinto. Gran parte de la discusión se enfocó en los posibles socios de coalición de los dos principales contendientes. El PP fue cuestionado, incluso desde sus propias filas, por sus alianzas con Vox, mientras que en el caso del PSOE, la polémica se centró en sus vínculos con el separatismo catalán y otros partidos independentistas.

Cataluña cuenta con un movimiento independentista de larga data, y sus partidos independentistas tienen una importante representación a nivel nacional. Desaparecido el antiguo bipartidismo, sus escaños pueden marcar una diferencia crucial a la hora de formar gobierno. Durante la campaña, la oposición de derecha denunció los acuerdos parlamentarios del PSOE con Izquierda Republicana de Cataluña, una coalición independentista catalana, así como con EH Bildu, un partido independentista vasco que incluye a algunos antiguos miembros de la extinta organización terrorista ETA. También intentaron sacar provecho de la polémica generada por el indulto que en 2021 el gobierno concedió a nueve dirigentes catalanes encarcelados por su rol en el referéndum ilegal de 2017 y la posterior declaración unilateral de la independencia de Cataluña.

Sánchez defendió los logros sociales de su gobierno, así como su política para Cataluña, que de hecho pareció dar frutos electorales, ya que el PSOE aumentó su caudal de votos en Cataluña, en parte a expensas de los partidos independentistas, que perdieron varios escaños.

Pero fue Vox quien marcó el tono de la campaña, empeñado en resucitar el fantasma del terrorismo antiespañol al tiempo que creaba un nuevo monstruo bajo la forma de la diversidad y la igualdad sexual y de género. Irónicamente, el extremismo del planteamiento de Vox probablemente acabó empujando a muchos de sus votantes a los brazos del PP, pretendidamente más moderado, y contribuyó a que la coalición gobernante cerrara filas en defensa de los derechos que tanto había costado conseguir.

La campaña electoral trajo consigo más del discurso habitual de Vox, centrado en revertir leyes que reconocen derechos, y particularmente la Ley de Violencia de Género, la Ley del Aborto, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual y la Ley Trans. Pero también coincidió con la toma de posesión de los gobiernos autonómicos elegidos en mayo, entre ellos aquellos en los que ahora participa Vox. Diversos actos de censura cultural, como la retirada de la bandera arco iris del Ayuntamiento de Valencia, ofrecieron una pequeña muestra de cómo podría ser una España gobernada por Vox. A mucha gente no les gustó lo que vio.

Negociaciones de final abierto

En España, para formar gobierno en un primer intento se requiere una mayoría absoluta de 176 escaños, pero si nadie gana la primera votación parlamentaria, en las siguientes votaciones basta con una mayoría simple, siempre y cuando un número suficiente de diputados se abstenga.

Durante la campaña, el PP expresó su preferencia por gobernar en solitario, pero nunca descartó una coalición con Vox. De haber llegado a algún punto cercano a la mayoría absoluta, podría haber presionado al PSOE para que se abstuviera y le permitiera formar un gobierno de minoría con la promesa de cerrarle las puertas a Vox. Pero sus pobres resultados han eliminado esta posibilidad.

Los dos partidos mayoritarios han salido más fuertes de lo que han estado en mucho tiempo, pero siguen necesitando del apoyo de los partidos situados a sus flancos izquierdo y derecho. El PP podría así reunir como máximo 171 votos a favor, pero cabe esperar que los 179 votos restantes sean en su contra. Nadie más quiere formar parte de o siquiera habilitar una coalición que incluya a Vox.

El PSOE puede contar con 172: 122 propios y 31 de Sumar, más 19 de los partidos vascos, catalanes y gallegos que hasta ahora han apoyado a su gobierno. Esto le da la llave del poder a Junts per Catalunya (JxCat), un partido nacionalista catalán de derecha. JxCat nunca apoyaría al PP, pero para abstenerse y permitir un gobierno liderado por el PSOE insiste en dos condiciones que parecen imposibles: un referéndum vinculante sobre la autodeterminación de Cataluña y amnistía para todos los procesados por su rol en el referéndum de 2017.

Por ahora, la situación está en punto muerto. Si no se alcanza un acuerdo se convocará a nuevas elecciones, lo cual podría dar lugar a otra campaña en la que florecerían la desinformación antiderechos y el discurso de odio, mientras la extrema derecha hace un segundo intento de entrar en el gobierno nacional. Se avecinan tiempos inciertos.