El pasado agosto, una niña de tan solo un mes de edad murió desangrada en Gambia tras ser sometida a la mutilación genital femenina (MGF). Aunque la ley prohíbe la práctica desde 2015, casi tres de cada cuatro gambianas de entre 15 y 49 años pasaron por ella, alrededor de dos tercios antes de cumplir cinco años. Un litigio busca ahora revocar la prohibición ante el Tribunal Supremo de Gambia, que debería pronunciarse en los próximos meses.

Es el segundo intento en dos años de volver a legalizar la MGF en el país. La sociedad civil frenó el primero. En febrero de 2024, apenas se presentó un proyecto de derogación en la Asamblea Nacional, la Red contra la Violencia de Género, una coalición de organizaciones de la sociedad civil gambiana, se movilizó de inmediato. Sus activistas hicieron anuncios publicitarios y participaron en programas de radio, presionaron a los legisladores y llevaron a sobrevivientes a testificar ante la Asamblea. Rebatieron los argumentos religiosos con un dictamen de la Universidad de Al-Azhar de El Cairo, máxima autoridad del pensamiento islámico sunita, que afirmó que el islam no exige la MGF. Tras superar la segunda lectura, el proyecto de ley fue rechazado en julio de 2024, y Gambia evitó por muy poco convertirse en el primer país del mundo en revocar una prohibición de la MGF.

Con el caso ya en el Tribunal Supremo, la sociedad civil vuelve a movilizarse. Las organizaciones de derechos de las mujeres están llevando a sobrevivientes a declarar ante el tribunal. Sin embargo, el acoso se ha intensificado, y una oleada de ataques en línea ha llevado a algunas sobrevivientes a guardar silencio por miedo.

Una práctica en gradual retroceso

En total, más de 230 millones de niñas y mujeres vivas hoy han sido sometidas a la MGF: más de 144 millones en África, más de 80 millones en Asia y más de seis millones en Medio Oriente, a los que se suman entre uno y dos millones en comunidades indígenas y migrantes más pequeñas que la practican en distintas partes del mundo. Cuatro de cada diez sobrevivientes viven en entornos frágiles y afectados por conflictos, donde los servicios están desbordados y los programas de prevención resultan poco fiables y propensos a sufrir interrupciones. Cada año mutilan a alrededor de cuatro millones de niñas.

En un informe de marzo de 2024, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) constató avances reales, aunque desiguales, en la erradicación de esta práctica. La MGF está disminuyendo en muchos países y el ritmo, aunque sigue siendo lento, se aceleró: la mitad de la caída de los últimos 30 años se produjo en la última década. Varios países lograron avances importantes: en Burkina Faso, Etiopía, Kenia, Liberia y Sierra Leona, entre otros, la prevalencia entre las adolescentes se redujo a la mitad o cayó más de 30 puntos porcentuales. Las actitudes también cambian: alrededor de 400 millones de personas en los países de África y Medio Oriente donde se practica la MGF, dos tercios de la población, afirman que quieren que termine.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en 2015, los Estados se comprometieron a eliminar la MGF y todas las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas para 2030. Medido con esa vara, el cambio dista mucho de ser lo suficientemente rápido. Algunos países van por buen camino, pero otros, entre ellos Gambia, Guinea-Bissau, Malí y Somalia, no lograron avances significativos. Además, a causa del rápido crecimiento demográfico, el número total de niñas y mujeres afectadas aumentó en 30 millones desde 2016.

Los avances se ven contrarrestados en parte porque la ablación se practica a edades cada vez más tempranas, lo que reduce el margen para intervenir. También crece la medicalización de la MGF, ya que son profesionales sanitarios quienes realizan la ablación. Esto amenaza con normalizar y afianzar la costumbre porque a los padres les es presentada como una práctica más segura e higiénica. Pero, aunque hace que la MGF parezca más respetable, no cambia el hecho de que se trata de una forma de violencia de género destinada a ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres.

La sociedad civil, motor de cambio

El Programa Conjunto para la Eliminación de la MGF, la mayor iniciativa mundial para poner fin a la práctica, dirigida por UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas desde 2008, estima que las mayores reducciones ocurren allí donde las comunidades reciben apoyo para reflexionar sobre la práctica y se comprometen pública y colectivamente a abandonarla.

Ahí es donde la sociedad civil marca la diferencia. El Programa Conjunto, presente en 18 países, trabaja junto a organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y líderes religiosos. La ONU canaliza los fondos y se encarga de la coordinación, pero los diálogos, las declaraciones y la labor de persuasión puerta a puerta son obra de activistas comunitarios, organizaciones nacionales y redes de sobrevivientes. En 2025, más de 7,5 millones de personas participaron en diálogos comunitarios, 4,3 millones se declararon públicamente a favor de abandonar la práctica y más de 190.000 líderes religiosos y figuras influyentes de la comunidad la denunciaron en público. El trabajo sostenido con las máximas autoridades religiosas fue desmontando los argumentos teológicos que sostienen la MGF en los países donde la religión tiene más peso. Más de 1,2 millones de hombres y niños participaron también en actividades, y alrededor de 1,8 millones de niñas y mujeres jóvenes se sumaron a programas de habilidades para la vida y cambio de comportamiento.

Paralelamente, los servicios se ampliaron. En 2025, más de 2,2 millones de niñas y mujeres recibieron servicios de prevención y protección, lo que supone un 54% más que el año anterior, y más de 560.000 accedieron a atención sanitaria, asesoramiento y derivaciones relacionadas con la MGF, cinco veces más que en 2024.

Tácticas de la sociedad civil

Buena parte de los avances es fruto de años de trabajo local. En Sierra Leona, donde la ablación forma parte de los ritos de iniciación, cada vez más activistas promueven una práctica distinta que conserva el ritual comunitario, pero deja fuera la mutilación. Entre ellas está Nenneh Rugiatu Abu Koroma, cuyo trabajo para cambiar las actitudes y difundir ese modelo le valió el Premio Theodor Haecker de Derechos Humanos de Alemania.

El mismo método paciente, el de trabajar con las figuras de autoridad hasta que cambian de postura respecto a la práctica, dio resultados en el Cuerno de África, donde las campañas se concentraron en quitarle a la MGF su justificación religiosa. Así, en 2025, eruditos islámicos de Yibuti, Eritrea y Somalia emitieron un dictamen conjunto en el que afirmaban que nada en la fe exige la MGF.

El litigio es otra herramienta eficaz. El 8 de julio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental determinó que Sierra Leona había incumplido sus obligaciones internacionales al no tipificar la MGF como delito. El caso lo habían presentado dos organizaciones, el Foro contra las Prácticas Nocivas y We Are Purposeful, junto con la sobreviviente Kadijatu Balaima Allieu. El tribunal sostuvo que la MGF se encuentra entre las peores formas de violencia contra las mujeres y que, cuando se inflige de forma intencionada, alcanza el umbral de la tortura. También ordenó a Sierra Leona legislar, investigar, enjuiciar y pagar una indemnización a la víctima.

La misma táctica se está poniendo a prueba ahora en la India, donde los activistas acudieron al Tribunal Supremo. En abril, el tribunal empezó a escuchar los argumentos sobre si la MGF en la comunidad dawoodi bohra constituye una práctica religiosa esencial y, por lo tanto, goza de protección constitucional. Las organizaciones dirigidas por sobrervivientes reunieron las pruebas que hicieron posible el caso, entre ellas una encuesta según la cual alrededor del 75% de las mujeres bohra habían sido sometidas a la ablación. El 7 de mayo, el caso registró el primer avance real en nueve años, cuando los jueces sugirieron que la práctica podría restringirse por motivos de salud pública y moralidad.

En una región que rara vez se asocia con la MGF, las campañas de la sociedad civil lograron recientemente un avance legislativo importante. El 10 de junio, tras años de trabajo de incidencia liderado por mujeres indígenas, el Senado de Colombia aprobó la Ley Niñas sin Ablación y convirtió al país en el primero de América Latina en prohibir la práctica. En Colombia la ablación persiste sobre todo en la comunidad indígena emberá y fueron justamente las mujeres de esta comunidad las que impulsaron la ley. Sobrevivientes y líderes comunitarias dedicaron años a convencer al Estado de que considerara la MGF como una violación de los derechos humanos en lugar de una práctica cultural aceptable. La votación final estuvo a punto de no ocurrir. El proyecto quedó relegado al final del orden del día y solo se aprobó días antes de que venciera el plazo, en vísperas de una segunda vuelta presidencial que pocos legisladores querían complicar.

Ayudaron las campañas que generaron presión regional. En noviembre de 2025, la Alianza de las Américas para Acabar con la MGF/A consiguió la primera audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre MGF, en la que se escucharon los testimonios de sobrevivientes de varios países, entre ellos Colombia, y se instó a los Estados de toda la región a actuar.

En Europa, la Red Europea para Acabar con la MGF lanzó su campaña Care in Action en el Parlamento Europeo el 5 de febrero. Es la continuación de la de 2025, #Invest2PreventFGM, centrada en el financiamiento y la prevención. La nueva campaña insiste en que la inversión en prevención, protección y atención a las sobrevivientes se integre a los servicios públicos cotidianos y no dependa de inyecciones puntuales de dinero. Apunta sobre todo a los períodos de vacaciones escolares, cuando las niñas en Europa corren más riesgo de que las lleven al extranjero para mutilarlas, y busca recuperar el discurso de la protección frente a los movimientos antiderechos, que recurren cada vez más al tema de la MGF para atacar a las personas migrantes.

Las redes internacionales cumplen un papel decisivo. La Plataforma Global de Acción para Acabar con la MGF/A, que reúne a organizaciones mundiales y redes regionales, les da a los activistas nacionales acceso a espacios de política global en los que, de otro modo, no serían escuchados. La Alianza de las Américas para Acabar con la MGF/A respaldó el avance en Colombia, y la Red Africana para Acabar con la MGF/A se ocupa de que un triunfo en un país facilite el siguiente.

El movimiento contra la MGF sigue evolucionando. En la conferencia Women Deliver de abril, The Girl Generation, Healing Equity United y Sahiyo publicaron un documento de posición sobre el racismo en la lucha contra la MGF, donde sostienen que a las personas activistas negras y racializadas se las suele empujar a los márgenes, que se trata a los grupos de base como receptores pasivos de ayuda y que se reduce a las comunidades afectadas a su sufrimiento. En la sesión de 2026 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Red Europea para Acabar con la MGF reconoció que las organizaciones dirigidas por sobrevivientes son sistemáticamente ignoradas en la toma de decisiones y sufren una falta crónica de financiamiento.

El cambio legislativo y sus límites

Buena parte de este esfuerzo de décadas buscaba cambiar la ley, y en gran medida lo logró. Hoy la prohibición es la norma. La mayoría de los países afectados tienen leyes penales contra la MGF, y en 2025 Yibuti y Guinea incorporaron la prohibición a sus constituciones. Liberia, Malí, Sierra Leona y Somalia son ahora las excepciones. Aunque Somalia introdujo una prohibición constitucional en 2025, el país sigue sin tener una ley penal nacional unificada que castigue esta práctica.

Sin embargo, entre lo que dicen los códigos penales y lo que sucede en la práctica suele haber una gran brecha. La aplicación de la ley crece, pero sigue siendo limitada. En 2025, las detenciones se duplicaron y los casos llevados ante los tribunales aumentaron un 76%, pero solo se registraron 711 causas judiciales.

Gambia prohibió la MGF en 2015, pero las primeras condenas llegaron recién en 2023, cuando tres mujeres fueron declaradas culpables de mutilar a ocho niñas, una de ellas de apenas cuatro meses. Su castigo fue una multa, que pagó un destacado imán. El caso impulsó la campaña para derogar la prohibición. La aplicación de la ley sigue siendo la excepción. En mayo de 2026, el Tribunal Superior absolvió a tres mujeres acusadas de la muerte de una niña pequeña, al considerar que la fiscalía no había probado los cargos.

Los activistas también saben que la prohibición puede empujar la práctica a la clandestinidad. Para no ser descubiertas, las familias mutilan a las niñas a edades cada vez más tempranas o las llevan a mutilarlas al extranjero, incluso desde Europa durante las vacaciones escolares. La sociedad civil empezó a atacar esa evasión de frente. Un proyecto en Kenia, por ejemplo, usó un sistema de alerta digital que conectó a organizaciones de primera línea, jefes tribales y centros de acogida durante las vacaciones escolares, identificó a las niñas en peligro inmediato y así protegió a más de 1.600.

Avances en peligro

Las tácticas que impulsaron tres décadas de avances se están quedando sin financiamiento, y el golpe cae con más fuerza sobre las organizaciones de base y las dirigidas por sobrevivientes, que son las más eficaces pero las que más han tenido que pelear para conseguir apoyo suficiente.

Los fondos del Programa Conjunto pasaron de 29,6 millones de dólares en 2024 a 16,3 millones en 2025. El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional eliminó la mayor fuente de financiamiento bilateral para la sociedad civil en todo el mundo. En total, el gasto de los Estados Unidos en ayuda exterior bajó de 68.000 millones de dólares en 2024 a 32.000 millones en 2025.

El Reino Unido llegó a ser el mayor financiador de la prevención de la MGF: aportó unos 113 millones de dólares a lo largo de una década, principalmente a través del programa The Girl Generation. Sin embargo, el gobierno está recortando la ayuda para poder gastar más en armas y cerrará el programa en octubre sin nada que lo reemplace. Varias comisiones parlamentarias ya advirtieron que retirar ese apoyo va a poner en peligro a las niñas, también en el propio Reino Unido, donde se estima que 137.000 mujeres fueron sometidas a la práctica y los casos van en aumento.

Quitar el financiamiento es indefendible incluso desde un punto de vista estrictamente económico. Según la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en prevención rinde diez, y una inversión de 2.800 millones evitaría 20 millones de casos. El Programa Conjunto calcula que tratar las complicaciones de salud derivadas de la MGF cuesta 1.400 millones de dólares al año, mientras que eliminar la práctica en 31 países prioritarios costaría 2.400 millones.

El giro político que provoca los recortes frena el avance también por otras vías. En Europa, los partidos de extrema derecha invocan la práctica para estigmatizar a las comunidades migrantes y al mismo tiempo se oponen a las políticas de justicia de género que ayudarían a combatirla. En los países donde la MGF persiste, la prohibición se presenta cada vez más como una imposición extranjera que restringe las libertades culturales y religiosas. Lo que ambos enfoques comparten es que tratan la MGF como un asunto de cultura e identidad y no como una violación de derechos humanos fundamentales.

Erradicar la MGF para 2030 está fuera de alcance. Aun así, los Estados que valoran los derechos humanos pueden acompañar a la sociedad civil y proteger a todas las niñas que puedan de los 22,7 millones que se calcula que están en riesgo. Los Estados de la Unión Europea tienen hasta el 14 de junio de 2027 para cumplir con la Directiva 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que les exige tipificar la MGF como delito independiente. La práctica ya es ilegal en todo el bloque, pero la mitad de sus miembros la sigue juzgando en el marco del derecho penal general, en lugar de como un delito específico. Pero para que el cambio legal tenga efecto real, hay que acompañarlo con fondos para la prevención comunitaria y la atención a las sobrevivientes.

No hay duda de qué medidas son las más eficientes. Hay que reequilibrar el apoyo hacia el nivel comunitario, reorientar los sistemas de salud hacia la prevención y darle prioridad a la prevención en los presupuestos nacionales para que deje de depender de decisiones sujetas a los vaivenes políticos del Norte global. Si queda alguna esperanza de seguir avanzando, ella pasa por sostener y apoyar a los movimientos de la sociedad civil que hacen posible el cambio.

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