El 19 de marzo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU) hizo algo sin precedentes en sus ocho décadas de historia: celebró una votación. Al cierre de su sesión de 2026, Estados Unidos, que había pasado dos semanas intentando aplazar, enmendar y, en última instancia, bloquear el principal documento de la sesión, conocido como las conclusiones acordadas, votó en contra de su adopción.

Pero perdió: las conclusiones se aprobaron por 37 votos contra uno. Pero ese voto en contra dice mucho. Provino del gobierno más poderoso del mundo, respaldado por su influencia financiera, su alcance bilateral y una red de Estados conservadores aliados y fuerzas antiderechos que avanzan tanto en el plano local como en el global.

La CSW en el punto de mira

Creada en 1946 como comisión funcional del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), la CSW cuenta con 45 miembros que el ECOSOC elige de forma rotativa entre los grupos regionales y que negocian en nombre de todos los Estados miembros. Cada año, la CSW se reúne durante dos semanas en Nueva York para evaluar los avances en materia de igualdad de género, acordar temas prioritarios y elaborar las conclusiones acordadas: compromisos minuciosamente negociados que, aunque no son jurídicamente vinculantes, moldean la legislación nacional, establecen normas internacionales y reflejan el nivel de voluntad política.

La sociedad civil cumple un papel fundamental en la CSW. El Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer coordina a miles de organizaciones, desde grandes organizaciones internacionales hasta grupos de base, con el objetivo de garantizar que las personas más afectadas tengan un lugar en la mesa y, si es posible, también un voto. Es lo más parecido que existe en el mundo a una negociación intergubernamental anual dedicada exclusivamente a los derechos de las mujeres.

Cada cinco años, la CSW revisa los avances en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el plan global más completo para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y emite una declaración política en lugar de las conclusiones acordadas anuales. Así ocurrió en 2025, cuando los desacuerdos en torno a esa declaración anticiparon lo que pasaría este año. Bajo la presión de Estados regresivos liderados por la administración Trump, se eliminó de la declaración de la CSW69 toda referencia a los derechos de salud sexual y reproductiva como condición para llegar a un acuerdo.

La CSW70 confirmó lo que la CSW69 ya presagiaba: los derechos de las mujeres enfrentan el ataque más coordinado y de mayor alcance en décadas. Las fuerzas antiderechos están desmantelando protecciones conquistadas tras generaciones de lucha, reescribiendo marcos legales y recortando la financiación de las estructuras creadas para combatir la violencia de género y garantizar los derechos reproductivos. La sesión puso de manifiesto hasta dónde ha llegado ese ataque. Por primera vez en la historia de la CSW, incluso la supervivencia de las conclusiones acordadas estuvo en duda.

El ataque contra la igualdad de género

Las conclusiones acordadas habían sido históricamente objeto de un consenso difícil pero alcanzable. La administración Trump, sin embargo, llegó a la CSW70 en pie de guerra: se había retirado de ONU Mujeres en enero y de su junta ejecutiva en febrero, alegando oponerse a lo que denomina “ideología de género” y a la promoción “imprudente” del aborto por parte de la agencia. Presentó ocho enmiendas que cuestionaban el lenguaje sobre regulación de la inteligencia artificial, la ideología de género y la salud reproductiva. Cuando fracasaron, intentó aplazar o retirar las conclusiones por completo. Y, cuando eso también falló, votó en contra de su adopción.

La delegación estadounidense también presentó su propia resolución que, basándose en una lectura estrecha de la Declaración de Beijing de 1995, establecía una definición restrictiva de género en toda la labor de la ONU. Con ello intentaba reescribir 30 años de compromisos cuidadosamente negociados. Bélgica, en nombre de la Unión Europea, respondió con una moción de no acción, una medida procesal excepcional que contó con el respaldo de Brasil y otros países. Se aprobó por 23 votos a favor, tres en contra y 17 abstenciones, bloqueando así la resolución de Estados Unidos.

El ataque del gobierno de Trump a la igualdad de género en la CSW70 fue un frente más de una campaña más amplia destinada a erosionar el reconocimiento internacional de los derechos humanos. El gobierno estadounidense retiró su financiamiento al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), desmantelando el apoyo global a los derechos de salud sexual y reproductiva. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, definió la civilización occidental como unida por la fe cristiana, la ascendencia compartida y el patrimonio cultural. Bajo ese marco ideológico, la igualdad de las mujeres, los derechos reproductivos y los derechos LGBTQI+ dejan de ser derechos humanos y pasan a ser imposiciones ideológicas que deben rechazarse. El gobierno de Trump está utilizando su influencia financiera para imponer esta visión.

El financiamiento bajo ataque

La crisis más urgente en la CSW70 fue el colapso de la financiación. La decisión del gobierno de Trump, en enero de 2025, de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) supuso el cierre inmediato de clínicas, la interrupción del suministro de medicamentos para pacientes con VIH y la eliminación de los suministros de anticonceptivos. Eliminar el 90% de los contratos de USAID, quitando 60.000 millones de dólares a la ayuda exterior, fue una decisión estratégica. Además, el gobierno estadounidense restableció su política global de “ley mordaza” a través de la cual bloquea la financiación a cualquier organización que preste servicios de aborto, haga derivaciones o asesore al respecto, o que abogue por reformar la legislación en la materia.

La ayuda exterior estadounidense se redujo 32.000 millones de dólares entre 2024 y 2025, y se espera que siga disminuyendo. Esto ha tenido repercusiones inmediatas en los derechos de las mujeres. En la CSW70, Action Against Hunger dejó claro que el hambre y la negación de esos derechos son problemas interconectados: sin respaldo legal, las mujeres no pueden reclamar sus derechos sobre la tierra, acceder a recursos productivos ni recurrir a redes de protección social en momentos de crisis.

En lugar de respetar las normas internacionales de derechos humanos, Estados Unidos está negociando acuerdos bilaterales con 71 países en el marco de su estrategia sanitaria global “América Primero”, con condiciones que extienden la ley mordaza más allá de las organizaciones de la sociedad civil y hasta los propios gobiernos. Cualquier entidad que reciba fondos estadounidenses para la salud debe certificar que ni ella ni ninguna organización con la que trabaje promueve o presta servicios de aborto. Es probable que ese dinero se canalice a través de grupos religiosos.

Organizaciones cristianas ultraconservadoras como Alliance Defending Freedom, C-Fam y Family Watch International están listas para llenar el vacío. Llevan años construyendo redes en África, Asia y América Latina, como parte de un esquema alternativo de ayuda que ya crecía antes de que el gobierno de Trump le diera un impulso decisivo. Entre 2019 y 2023, 80 de estos grupos recibieron 131,7 millones de dólares solo en Europa. Con el respaldo del gobierno y cientos de millones de dólares, financian actividades de promoción, litigios, lobby y campañas mediáticas. Su objetivo es consolidar la influencia conservadora sobre las leyes que afectan a las mujeres, las personas LGBTQI+ y los jóvenes, usando el discurso de los valores familiares, los derechos parentales y la soberanía nacional para llegar a los políticos.

En muchos países, los grupos antiderechos han logrado acceder directamente a los gobiernos, mientras las organizaciones progresistas quedan cada vez más excluidas. Algunos operan bajo la apariencia de ser proveedores de salud, sobre todo donde se están retirando los fondos a las alternativas reales. Es el caso de Teen Star, que opera en 30 países con lo que denomina un “plan de estudios de fertilidad natural”, el cual omite toda información sobre anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual. También el de Femm, una aplicación de fertilidad financiada por activistas católicos antiaborto que desincentiva el uso de la píldora anticonceptiva mientras oculta sus vínculos ideológicos.

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, entre el 12% y el 24% de las mujeres que usan métodos de conocimiento de la fertilidad quedan embarazadas en un año, una tasa muy superior a la de los anticonceptivos modernos.

La austeridad como excusa

Mientras las amenazas a los derechos de las mujeres se intensifican, la ONU da señales de retroceso. En el marco de la iniciativa de recorte de gastos “UN80”, se ha propuesto fusionar ONU Mujeres y el UNFPA. Esto ha alarmado a la sociedad civil en todo el mundo. La justificación oficial es la eficiencia, pero el solapamiento entre ambas agencias es mínimo y sus presupuestos combinados, de menos de 2.000 millones de dólares, representan una pequeña fracción del gasto total de la ONU. El ahorro, por tanto, sería modesto. Es difícil no concluir que estas organizaciones fueron elegidas como blanco no por razones de eficiencia, sino para impugnar sus mandatos de derechos humanos.

Cualquier fusión requeriría una votación de la Asamblea General, lo que daría a los Estados regresivos la oportunidad de definir el mandato de la nueva agencia de manera de minimizar el reconocimiento de los derechos humanos. El gobierno de Trump y sus aliados seguramente no dejarán pasar esa oportunidad.

La ONU no ha consultado a la sociedad civil. Pero la sociedad civil no se ha quedado callada. Más de 500 organizaciones firmaron una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiendo que, cuando los derechos de salud sexual y reproductiva son subsumidos en mandatos más amplios, corren el riesgo de quedar “relegados, desfinanciados o políticamente invisibles”. En una reciente reunión de la junta directiva del UNFPA, países como Alemania, Brasil, el Reino Unido y Suecia instaron a proteger esos derechos. Sin embargo, ninguno se ha comprometido por ahora a bloquear la fusión.

Hay otro problema. En 80 años, la ONU nunca ha tenido una mujer como secretaria general, cargo que se cubrirá con un nuevo nombramiento este año. Mientras en la CSW70 Estados regresivos intentaban renegociar las condiciones de acceso de las mujeres a los derechos humanos, esa ausencia seguía siendo ignorada y relegada a un segundo plano.

La sociedad civil se mantiene firme

Más de 4.600 delegados de la sociedad civil llegaron a la CSW70 desde todos los rincones del mundo e hicieron valer su presencia tomando la palabra para denunciar barreras estructurales y exigir rendición de cuentas.

Representantes de la juventud cuestionaron la normalización de la violencia en línea. Una joven delegada finlandesa contó que recibió su primera imagen explícita no solicitada a los 13 años y que no la reconoció como violencia hasta los 17. Pidió que las plataformas tecnológicas asuman responsabilidad legal por estos contenidos. Una abogada georgiana describió un caso de acoso sexual en el que el tribunal dedicó más tiempo a cuestionar si una mujer descrita como ambiciosa podía ser realmente una víctima que a examinar las pruebas contra su agresor.

Un joven activista marroquí identificó tres fuerzas que socavan los movimientos por la justicia de género en todo el mundo: las crecientes restricciones al espacio cívico, el retroceso político y la falta crónica de financiación. Una delegada de las Islas Salomón describió cómo la geografía agrava la injusticia en las comunidades del Pacífico, donde las sobrevivientes deben viajar en barco o a pie para llegar a una comisaría o para recibir asistencia jurídica. Una activista haitiana que trabaja con mujeres migrantes en Chile denunció la explotación laboral que enfrentan quienes trabajan en el servicio doméstico y la economía informal, y reclamó que los derechos laborales se desvinculen del estatus migratorio.

Un mismo argumento atravesó todos estos testimonios: cuando se restringe o se recorta el financiamiento a las organizaciones de derechos de las mujeres, las sobrevivientes pierden tanto los servicios de apoyo como su principal vía de acceso a la justicia.

El papel de la sociedad civil fue mucho más allá de los testimonios. Meses antes de la CSW70, organizaciones y activistas feministas siguieron de cerca las negociaciones y coordinaron campañas de incidencia en distintas capitales, trabajando junto a Estados aliados para defender un lenguaje más progresista, incluso en materia de salud sexual y reproductiva. El Foro de ONG de la CSW, celebrado en paralelo a la sesión oficial, albergó más de 750 eventos. Aun así, no todos pudieron participar: las restricciones de visado de Estados Unidos impidieron que varios activistas y organizaciones feministas participaran, sobre todo del Sur Global. Es un problema cada vez más grave que reduce la capacidad de la sociedad civil para incidir.

La sociedad civil intenta resistir, pero las instituciones creadas para proteger los derechos de las mujeres están bajo un ataque sostenido y coordinado: les recortan el financiamiento, ponen sus mandatos en el punto de mira y reabren a debate los valores de derechos humanos que las sostienen. Las conclusiones acordadas de la CSW70, pese a lo disputadas que fueron, ofrecen cierta esperanza, ya que comprometen a los Estados a actuar en materia de gobernanza de la inteligencia artificial, leyes discriminatorias, justicia digital, derechos laborales, asistencia jurídica y reconocimiento formal de los trabajos de cuidados. Pero la voluntad política se está agotando y las fuerzas antiderechos avanzan con paso firme. La batalla que pelea hoy la sociedad civil se enfoca en no seguir perdiendo terreno, más que en lograr nuevos avances.

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