Se ha dado un paso importante para que el gobierno israelí rinda cuentas por sus evidentes violaciones de derechos humanos en Gaza. El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder militar de Hamás, Mohamed Deif. Sin embargo, algunos Estados poderosos han rechazado la decisión, poniendo en entredicho su compromiso con el derecho internacional.

Impunidad

La CPI emitió estas órdenes porque considera que existen motivos razonables para creer que Gallant y Netanyahu son responsables del “crimen de guerra de inanición como método de guerra” y de “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”. Asimismo, la Corte encontró motivos razonables para creer que Deif, a quien Israel afirma haber matado, es responsable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en relación con los ataques del 7 de octubre de 2023.

Con esta decisión, la CPI cumple su función única en el ámbito internacional: enjuiciar a quienes son considerados responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La CPI se creó en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, tras una amplia campaña de la sociedad civil, con el objetivo de hacer frente a la impunidad: los crímenes más atroces suelen quedar impunes porque quienes los cometen o los ordenan son figuras poderosas que utilizan su poder para eludir la justicia.

La Corte se fundó a raíz del genocidio de Ruanda y tras el éxito de los tribunales internacionales para juzgar los crímenes de guerra en la ex-Yugoslavia, que dejaron en evidencia la necesidad de nuevas estructuras de justicia internacional. La CPI actúa como un tribunal mundial de última instancia, habilitado para procesar a quienes escapan de los sistemas judiciales nacionales y regionales.

En la actualidad, 124 Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte mediante la ratificación del Estatuto de Roma. Esto indica un grado significativo de consenso sobre la necesidad de limitar la soberanía nacional en aras de acabar con la impunidad, ya que los dirigentes nacionales no gozan de inmunidad judicial. Sin embargo, persisten grandes reticencias, como las de tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China, Estados Unidos y Rusia, además de Israel.

La CPI tiene la facultad de investigar crímenes aún si estos ocurren en o son cometidos por un Estado no miembro. El Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirle casos, aunque en la práctica esto ocurre rara vez debido al poder de veto de los cinco miembros permanentes. El principal funcionario de la CPI, el fiscal, también puede iniciar investigaciones por iniciativa propia, como lo hizo con Ucrania en marzo de 2022, después de que 39 Estados miembros de la CPI remitieran la situación al tribunal. No obstante, en la práctica, la falta de cooperación de algunos Estados dificulta la obtención de las pruebas necesarias o la detención de los sospechosos.

Israel, la prueba de fuego

La entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, inició una investigación preliminar sobre la situación en Palestina en 2019. Esto fue posible tras la adhesión de Palestina a la CPI en 2015, que se produjo después de que la Asamblea General de la ONU de 2012 la reconociera como Estado observador no miembro. La investigación abarca crímenes cometidos tanto en territorio palestino como por palestinos en territorio israelí. Cuando comenzó la fase actual del conflicto, con los atentados del 7 de octubre de 2023, estos sucesos pasaron a ser parte de la investigación en curso. El actual fiscal de la CPI, Karim Khan, investigado por acusaciones de conducta sexual inapropiada, solicitó las órdenes de detención en mayo.

Israel nunca ha reconocido la validez de la investigación, alegando que Palestina no es un Estado soberano y que, por tanto, la CPI no tiene jurisdicción. Pero sus tácticas no se limitan a los argumentos legales. En 2021, afirmó que seis grupos palestinos de derechos humanos que participaban activamente en la investigación de la CPI eran grupos terroristas. En 2024, se informó que, durante nueve años, los servicios de seguridad israelíes habían desarrollado una campaña para sabotear a la CPI. Esta campaña incluyó operaciones de piratería informática, vigilancia, difamación y amenazas contra el personal de la Corte. Se informó que el jefe del Mossad, una de las principales agencias de inteligencia israelíes, se reunió en secreto con Bensouda para intentar persuadirla de que abandonara la investigación. Se alega además que Israel buscó información comprometedora sobre ella.

Recientemente, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, afirmó que “medidas coercitivas, amenazas, presiones y actos de sabotaje” por parte de Estados poderosos estaban poniendo en peligro la existencia misma de la CPI. Bensouda denunció haber sufrido amenazas e intimidaciones durante su mandato como fiscal. Bajo la primera administración Trump, Estados Unidos -el aliado más firme de Israel- impuso sanciones a Bensouda y a otros funcionarios de la CPI como represalia por el escrutinio de la Corte sobre las acciones de Israel y también sobre las de Estados Unidos en Afganistán. Aunque la administración Biden levantó estas sanciones, es probable que la segunda administración Trump las restablezca. Es revelador que Bensouda no iniciara una investigación completa sobre Israel hasta poco antes de concluir su mandato.

Netanyahu reaccionó ante la emisión de las órdenes de detención de forma predecible: las tachó de antisemitas, una respuesta habitual de su gobierno ante las críticas. Calificó a Khan como “uno de los grandes antisemitas de los tiempos modernos” y lo comparó con un juez de la época nazi. Israel también declaró que recurrirá la decisión de la Corte. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos se apresuró a rechazar “fundamentalmente” la decisión, mientras que Mike Waltz, el elegido de Trump para ocupar el cargo de Asesor de Seguridad Nacional, acusó a la CPI y a la ONU de “sesgo antisemita”, y prometió una “respuesta contundente”.

Estas reacciones eran de esperar. Pero en todo el mundo, la orden de detención contra Netanyahu está poniendo a prueba la disposición de los Estados a respetar el derecho internacional. Netanyahu no es, ni mucho menos, el primer líder nacional objeto de una orden de detención de la CPI. El tribunal emitió una en marzo de 2023 contra Vladimir Putin y uno de sus asociados por el crimen de guerra de traslado forzoso de niños desde Ucrania. También se dictó una orden de arresto contra Omar al-Bashir, el dictador de Sudán durante mucho tiempo y finalmente derrocado, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo novedoso en el caso de Netanyahu es que es la primera vez que la CPI dicta una orden de detención contra el dirigente de un Estado con numerosos aliados en el Norte global.

Gran parte del debate se centra en si los Estados estarían dispuestos a cumplir la orden si Netanyahu visitara su territorio. El Estatuto de Roma claramente obliga a hacerlo a todos los Estados que lo han ratificado. Resulta alentador que el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, haya afirmado que todos los Estados del bloque están obligados a cumplir las órdenes. Algunos países, como Bélgica, España, Irlanda y los Países Bajos, han confirmado que están dispuestos a ejecutarlas.

Sin embargo, no todos los Estados han mostrado el mismo compromiso. Italia, aunque reconoció su obligación de ejecutar la orden, expresó reservas sobre la decisión del tribunal. Austria también admitió que debía respetar las órdenes de detención de la CPI, pero calificó la decisión de “incomprensible y ridícula”. Estados como Estonia y Suecia han eludido la cuestión de saber si detendrían a Netanyahu, mientras que Alemania se ha limitado a decir lo menos posible.

El caso de Francia ha sido particularmente confuso. Primero dijo que cumpliría sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, pero luego intentó alegar que Netanyahu tiene inmunidad porque Israel no es miembro de la CPI. Esta posición ha sido desmentida por la propia Corte, que ha dejado claro que ningún líder nacional, independientemente de que su Estado haya adherido o no a la Corte, puede alegar inmunidad. Por eso, cuando Putin realizó una visita oficial a Mongolia, miembro de la CPI, en septiembre, el tribunal criticó a Mongolia por no ejecutar la orden de detención contra el presidente ruso.

El líder autoritario húngaro Viktor Orbán ha ido aún más lejos. Se presenta como el líder de una red internacional cada vez más influyente de políticos populistas y nacionalistas de derechas, conocida por su oposición a las leyes y normas internacionales. No se limitó a rechazar la orden de la Corte: también invitó a Netanyahu a visitar Hungría, dejando claro que estaría a salvo de ser detenido.

Doble rasero

La reacción ante la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu contrasta notablemente con la respuesta a la emitida contra Putin. Entonces, la mayoría de los Estados del Norte se alinearon para exigir justicia. Francia acogió con satisfacción la decisión, afirmando que nadie debería escapar de la justicia, independientemente de su estatus. No importaba entonces que el acusado proviniera de un Estado no perteneciente a la CPI.

Otro dirigente con sangre en las manos está ahora en el punto de mira de la CPI: Min Aung Hlaing, jefe de la junta asesina de Myanmar. No ha habido críticas por parte de los Estados del Norte en respuesta a la petición del fiscal Khan de emitir una orden de detención contra Hlaing por crímenes contra la humanidad contra el pueblo rohingya.

Demasiados Estados eligen cuándo respetar las decisiones de la Corte en función de sus intereses. La actual ofensiva israelí contra Gaza ha puesto de manifiesto un flagrante doble rasero.

Muchos de los Estados del Norte que lideraron la legítima condena internacional de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania hacen la vista gorda con Israel. Esto se evidencia en el repetido uso del veto por parte de Estados Unidos para bloquear la acción del Consejo de Seguridad, en la negativa de Estados como Alemania, Italia y Reino Unido a respaldar las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre Gaza y en la suspensión por parte de muchos Estados de sus contribuciones a la vital labor de la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos, bajo la influencia de la campaña de desprestigio israelí contra la entidad.

Con una cifra estimada de 44.532 muertos en Gaza, está claro que el actual sistema internacional no está cumpliendo su función. Las instituciones de gobernanza mundial están sesgadas en favor de los intereses de los Estados poderosos, especialmente los del Norte, y en particular de aquellos que inscribieron sus privilegios en las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora la CPI ha afirmado que sus alianzas con el Norte global no necesariamente protegen a los líderes nacionales de la justicia internacional. Ello ha provocado una reacción violenta.

Apoyo se necesita

La CPI ha enfrentado reiteradas acusaciones de parcialidad a lo largo de su historia. En el pasado, fue criticada por centrarse desproporcionadamente en África, ya que muchas de sus primeras investigaciones se referían a conflictos ocurridos en el continente africano. Este enfoque llevó a Burundi a retirarse del tribunal en 2017, tras la apertura de una investigación sobre crímenes contra la humanidad. Pero aunque otros Estados africanos amenazaron con retirarse, no se produjo un efecto dominó.

El único otro Estado que se retiró fue Filipinas, en 2019, cuando se investigó la letal campaña antidroga impulsada por su entonces presidente. En ninguno de los dos casos significó el fin de la investigación, pero tampoco hubo avances, ya que una de las principales debilidades del tribunal es que depende de la cooperación de los Estados.

La falta de apoyo por parte de algunos Estados, incluidos los más poderosos, ha obligado a la CPI a administrar justicia a retazos y a sopesar cuidadosamente sus opciones, lo que inevitablemente implica cierto grado de cálculo estratégico. Su decisión inicial de centrarse en casos africanos probablemente se debió a que los Estados africanos habían adherido a la Corte masivamente, mientras que los de otras partes del mundo mostraron una menor disposición a hacerlo.

Si bien la Corte carece de alcance universal, los crímenes que juzga son crímenes universales. Muchos de los fundamentos del derecho internacional se establecieron tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar que la barbarie de aquella época no volviera a ocurrir. El derecho internacional humanitario y de los derechos humanos afirma que toda persona, sin importar su origen, es sujeto de derechos.

SI bien es indudable que el actual conjunto de instituciones internacionales debe ser reformado, siempre será imprescindible contar con órganos mundiales para enfrentar problemas que los Estados no pueden o no quieren abordar y desafíos que trascienden las fronteras nacionales. En un sistema que es sin duda inadecuado, la CPI, aunque imperfecta, ofrece un correctivo vital frente a las limitaciones de los Estados. Cada vez que la CPI lleva a cabo una investigación, juzga a un sospechoso, lo declara culpable y lo condena, se reafirman los derechos humanos y nuestra humanidad compartida. Los ataques contra la Corte tienen el efecto contrario.

Los Estados que no aceptan las decisiones de la CPI sobre Israel están dejando en claro que no creen realmente en un orden internacional basado en normas; sólo lo invocan cuando les resulta conveniente. Cuando argumentan que ni siquiera las imperfectas normas existentes se aplican en todos los casos, pierden legitimidad para exigir rendición de cuentas en materia de derechos humanos en Ucrania, Myanmar y todos los demás lugares donde se están incumpliendo las normas. Esto debe cambiar. Todos los Estados deben permitir que la CPI realice su importantísimo trabajo.

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