Durante demasiado tiempo, los activistas jamaiquinos por los derechos de las personas LGBTQI+ han enfrentado una disyuntiva inaceptable: convivir con la violencia y el acoso y guardar silencio, o huir.

Gareth Henry, un destacado activista LGBTQI+ jamaiquino, conoce de primera mano este dilema. A causa de su sexualidad y su activismo, fue objeto constante de discriminación y violencia física. No podía esperar protección alguna del Estado, ya que en ocasiones quienes le atacaban eran personas que trabajaban para el Estado: en 2007 sufrió una golpiza a manos de cuatro policías rodeados de una multitud enfurecida. Temiendo por su vida, Henry abandonó Jamaica en enero de 2008 y recibió asilo en Canadá.

Simone Edwards, por su parte, enfrentó discriminación y abusos sistemáticos por ser lesbiana. En 2008 recibió dos disparos en la puerta de su casa, junto con dos de sus hermanos, uno de los cuales es homosexual. Perdió uno de sus riñones y parte de su hígado. Los autores de la agresión, identificados y conocidos en la comunidad, nunca fueron siquiera procesados. Temiendo por su vida y por la de su pequeña hija, Simone también huyó de Jamaica; ella y su hija obtuvieron asilo en los Países Bajos.

Ahora, finalmente Henry y Edwards han obtenido reparación. En un hecho sin precedentes, el último día de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo sobre la demanda que ambos presentaron contra el Estado de Jamaica. La CIDH consideró a Jamaica responsable de la violación de los derechos fundamentales de Henry y Edwards, e instó al Estado a derogar inmediatamente sus leyes homófobas. Fue la primera vez que una decisión de la CIDH estableció que la legislación que criminaliza a las personas LGBTQI+ viola el derecho internacional.

Una decisión histórica

La CIDH tomó una decisión preliminar en septiembre de 2019, pero en un principio la mantuvo confidencial para dar tiempo a las partes involucradas a hacer presentaciones adicionales. Sin embargo, durante los meses siguientes, los peticionarios informaron a la CIDH de que el gobierno no había reaccionado a ninguna de las recomendaciones del informe; el gobierno jamaiquino, por su parte, se negó a responder a todas las solicitudes de comentarios. El informe se hizo público en diciembre de 2020 y fue comunicado a las partes peticionarias en febrero de 2021.

El caso había sido iniciado casi diez años antes por Human Dignity Trust, una organización de la sociedad civil que utiliza el litigio estratégico en todo el mundo para desafiar las leyes que persiguen a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. La petición impugnaba las leyes de Jamaica que criminalizan las relaciones sexuales privadas consentidas entre hombres, alegando que fueron estas leyes las que habilitaron la discriminación y la violencia que obligaron a Henry y a Edwards a huir de Jamaica y buscar protección en el extranjero.

En julio de 2018 la CIDH decidió que la petición era admisible, y un año más tarde emitió su decisión confidencial sobre el tema de fondo, en la cual declaraba que el Estado de Jamaica había violado la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe enumeraba un aluvión de violaciones de derechos: según el dictamen, se habían vulnerado los derechos a la intimidad, a la igualdad de protección y a la no discriminación, al trato humano, a la protección judicial y a la libertad de circulación, además del principio de legalidad, dado que la legislación jamaiquina tipifica como delito conductas relacionadas con derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Para subsanar estas violaciones, la CIDH instó al Estado de Jamaica a derogar su legislación anti-LGBTQI+ y a tomar medidas para proteger a las personas LGBTQI+, entre otras cosas mediante la adopción de un marco legal antidiscriminatorio que prohibiera la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal. También pidió al gobierno jamaiquino que recopilara y analizara datos sobre la violencia y la discriminación contra las personas LGBTQI+, que actuara para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las personas LGBTQI+ y que ofreciera reparación en casos de violencia. Asimismo, recomendó al gobierno capacitar a los funcionarios públicos en temas de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, y sensibilizarlos en relación con los desafíos que enfrentan las personas LGBTQI+, además de diseñar programas educativos con perspectiva de género e incluir la educación sexual integral en el currículo escolar.

La CIDH también instó al Estado de Jamaica a dar reparación completa a Henry y Edwards por las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos.

El informe de la CIDH ofrece al gobierno de Jamaica la oportunidad de indicar su voluntad de tomarse en serio los derechos de las personas LGBTQI+, intensificar su diálogo con los grupos de defensa de los derechos de las personas LGBTQI+ y garantizar la protección no solamente de Henry y Edwards, sino también de las muchas personas LGBTQI+ desconocidas que continúan sufriendo los mismos tipos de discriminación y violencia que llevaron a los peticionarios a buscar refugio en el extranjero.

Una demanda regional por derechos

Las leyes anti-LGBTQI+, herencia colonial británica, no solamente persisten en Jamaica. Otros ocho países del Caribe anglófono continúan criminalizando las relaciones sexuales entre hombres: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Lo mismo ocurre en numerosos países africanos pertenecientes a la Commonwealth – véase nuestro artículo.

Los activistas LGBTQI+ del Caribe anglófono escuchan a menudo el argumento de que están introduciendo comportamientos importados que contradicen las culturas tradicionales de sus sociedades. Cuando hace tanto ruido, la homofobia ahoga la expresión de la observación obvia: que es el odio lo que fue importado por los antiguos gobernantes coloniales, que lo impusieron por encima de las costumbres más libres que existían anteriormente.

Pero la sociedad civil está ganando la pulseada. En cada uno de estos países hay organizaciones y activistas por los derechos de las personas LGBTQI+ con arraigo local que utilizan una serie de tácticas para cambiar las percepciones, modificar las narrativas y fomentar la empatía y la solidaridad, al tiempo que promueven cambios legales y políticos.

En toda la región hay grupos de la sociedad civil que utilizan una doble estrategia para cambiar la opinión pública y desafiar las leyes discriminatorias. Llevan a cabo campañas en los medios de comunicación para sensibilizar y educar a la gente, monitorean el estado de la opinión pública a través de encuestas e investigaciones y aumentan la visibilidad del colectivo celebrando eventos públicos del Orgullo en formatos compatibles con la cultura y con resonancia en la ciudadanía. Al mismo tiempo, desarrollan alianzas con organismos públicos, capacitan a funcionarios públicos y presionan para lograr cambios legales.

Organizaciones como J-FLAG han observado que, tras décadas de trabajo de incidencia, están viendo cierto grado de cambio social: las actitudes públicas están evolucionando y el tema LGBTQI+ está dejando de ser tabú, por lo que se ha generado una creciente conversación pública sobre la cuestión. Algunos grupos han conseguido vincularse con funcionarios públicos a nivel local o incluso nacional, desempeñando un rol en áreas tales como la prestación de servicios de salud a personas LGBTQI+.

Los avances en un terreno contribuyen a impulsar cambios en el otro: por ejemplo, la evolución de las percepciones públicas facilita el cabildeo con los legisladores, puesto que éstos ya no temen ponerse del lado del cambio progresista si ven que una mayor cantidad de sus votantes lo apoya.

No obstante, las estructuras legales pueden oponer resistencia al cambio, y es aquí donde la decisión de la CIDH podría marcar la diferencia. Dado que no es un tribunal, la CIDH no emite sentencias, sino decisiones no vinculantes que incluyen recomendaciones enérgicas como las emitidas en este caso. Los gobiernos no están obligados a actuar en función de sus recomendaciones, pero se espera que respondan a ellas. Esto significa que las decisiones de la CIDH pueden arrojar luz sobre los problemas y hacer un aporte a la labor de incidencia.

Al poner de relieve que Jamaica está violando derechos consagrados internacionalmente y contraviniendo el principal tratado de derechos humanos de la región, las recomendaciones de la CIDH ofrecen al activismo LGBTQI+ de Jamaica, al igual que al de los otros países de la Commonwealth, una nueva oportunidad para ejercer presión. Momentos como este alimentan la esperanza de que algún día las personas LGBQTI+ de la región puedan vivir sus vidas respetadas y protegidas por sus gobiernos en vez de ser criminalizadas.