La causa de los presos políticos es transversal. Hay personas detenidas de distintas clases sociales, edades y trayectorias políticas. En una sociedad tan polarizada como la nuestra, esta es una de las pocas causas que producen consenso amplio.

Tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que claramente se impuso la oposición, quienes salieron a protestar fueron principalmente sectores populares. Muchos jóvenes, incluidos adolescentes, fueron detenidos, encarcelados. Esta situación profundizó  significativamente la dimensión social del problema, evidenció la ruptura del chavismo con su base tradicional y consolidó el talante brutalmente autoritario y la ilegitimidad del gobierno de Maduro.

También existe una importante dimensión de género. Mientras muchos jóvenes varones están presos, son las mujeres, madres, hermanas y otras familiares, las que han organizado comités, vigilias y acciones públicas reclamando su liberación. Simbólicamente, la figura de la madre doliente que demanda la liberación de sus hijos es particularmente fuerte. Es un símbolo que apela al imaginario latinoamericano sobre las mujeres y sus clamores de justicia, reparación y democratización en el marco de regímenes autoritarios que se resquebrajan.

Recientemente, la exigencia de liberación de los presos políticos también ha sido elevada por el movimiento estudiantil en la convocatoria a una concentración en la Universidad Central de Venezuela. Después de año y medio de vaciamiento de la calle por la represión brutal después de las elecciones de 2024, es decir, un contexto de miedo generalizado, toda manifestación pública es una señal relevante que puede marcar esta cadena de reclamos progresivos y reivindicación de derechos políticos, civiles y sociales.

Es evidente la fijación del gobierno de Trump con el petróleo y las oportunidades de inversión y su desinterés por la democracia y los derechos humanos. El sector de la oposición que representa María Corina Machado se ha desconcertado ante su exclusión de la toma de decisiones clave, a pesar de todas sus apuestas por obtener la atención de Donald Trump. Esta exclusión ha alterado los equilibrios políticos internos.

Históricamente ha existido en la oposición venezolana una tensión entre quienes apuestan por recurrir a la presión externa y quienes priorizan estrategias internas de negociación. Desde 2014 han coexistido dos grandes estrategias: una más confrontativa que exige la salida inmediata del gobierno y otra que apuesta por la negociación o ir a elecciones. La sociedad civil replica esas mismas divisiones. Una de las dificultades del proceso venezolano es esta constante fragmentación y desavenencias internas en la oposición y a medida que el gobierno se fue haciendo más autoritario, estas divisiones han impedido una acción política coordinada más potente. Es importante que la oposición coordine estrategias y en lugar de desgastarse en esas desavenencias, articule esfuerzos para moverse estratégicamente entre la confrontación y la negociación.

Cada vez que el sector opositor logró coordinarse, como frente a las elecciones legislativas de 2015 o las presidenciales de 2024, la oposición obtuvo avances significativos. Durante la campaña de 2024, liderada por Machado, logró una coordinación inédita que generó enorme esperanza colectiva, especialmente alrededor de la promesa del reencuentro familiar en un país con más de ocho millones de migrantes, situación que afecta además transversalmente a todas las personas de distintas clases sociales e ideologías políticas. La respuesta del gobierno fue redoblar la represión, consolidando la dictadura. Esto generó frustración, desmovilización y nueva fragmentación. La oposición no tuvo una estrategia sostenida en el largo plazo para sostener los avances y resistir los retrocesos. Este es uno de los grandes desafíos actuales.

La comunidad internacional, y los países latinoamericanos en particular, pudieron haber tenido una postura más firme tras el fraude electoral de 2024. El silencio y la tibieza debilitaron la defensa de la democracia. Ahora no debería repetir ese error. Más allá de la profunda deslegitimación de Maduro, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela es un anuncio de lo que puede pasarle a cualquier país latinoamericano bajo la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.

Con Estados Unidos como poder imperial preocupado centralmente por sus intereses geoestratégicos y los recursos petroleros, las demandas de democratización pueden pasar a un segundo plano. Podría consolidarse un modelo autoritario estabilizado económicamente pero sin democratización real.

En este contexto, la priorización de intereses energéticos por parte de Estados Unidos es preocupante. Es un escenario inédito en el que coexisten la intervención externa y la permanencia del chavismo en el poder. La situación es muy volátil y apenas comienza el juego. Podría abrirse un período de inestabilidad y violencia política si se produce una ruptura de la coalición civil-militar en el poder, lo cual podría ocurrir en vistas de la tradición discursiva antimperialista arraigada en las fuerzas armadas durante las dos décadas y media del chavismo en el poder.

Irónicamente, el foco de la agenda estadounidense en los intereses energéticos podría abrir la posibilidad de que la defensa de la soberanía acabe siendo una nueva causa aglutinadora de la oposición venezolana e incluso de auspiciar pactos mínimos entre este chavismo sin Maduro y la oposición para defender los intereses venezolanos sobre su petróleo. Se trata de recuperar la política como ejercicio que implica conflicto y lucha, pero también reconocimiento e intercambio para la convivencia democrática, lo cual hemos perdido, sobre todo en esta última década.