La ayuda que finalmente llegó no siempre se destinó a rescatar personas. Supimos de un caso en que llegó una máquina pesada con funcionarios de ambos cuerpos: levantaron los escombros y sacaron una caja fuerte. Cuando los civiles les pidieron ayuda para seguir buscando a sus familiares, respondieron que estaban ocupados y se fueron a sacar otra caja fuerte, sabiendo que había personas vivas debajo.

Tampoco se guiaron por la urgencia. Los edificios que recibieron más atención fueron aquellos donde vivía gente con algún vínculo con el poder: funcionarios públicos, familiares de policías, gente cercana al gobierno.

En emergencias como esta, Protección Civil debe dar instrucciones y planes de acción a los equipos voluntarios de rescate. Eso no ocurrió. El Grupo Andino de Rescate, una organización de voluntarios de Mérida, estaba listo para salir el mismo día del terremoto. Cuando contactaron a Protección Civil, les respondieron que se reunirían dos días después para determinar qué hacer.

La gente se estaba muriendo y las primeras horas eran vitales, así que el grupo actuó por su cuenta y pidió donaciones para conseguir las herramientas y el transporte que necesitaba. Cuando finalmente llegó a Caracas y empezó a buscar personas, todavía no había recibido respuesta de Protección Civil.

Con los equipos internacionales pasó algo similar. Encontramos al equipo de rescate brasileño; estaban perdidos porque en La Guaira no había conexión y no podían acceder a un mapa. Así nos enteramos de que tampoco tenían un plan asignado: iban a los edificios donde la gente pedía ayuda por redes sociales. Ni siquiera la policía, que estaba cerca y tenía una antena Starlink, los ayudó a orientarse; lo hicimos nosotros.

El principal es la propia Guardia Nacional, que muchas veces nos impide llevar medicamentos y comida a la gente, y tampoco nos deja armar centros de acopio. Sabemos de casos en los que la Guardia Nacional llegó y se quedó con todos los insumos, alegando que quienes los habían reunido no tenían los permisos necesarios.

Después están los cierres de caminos. La Guardia Nacional cerró la vía principal entre Caracas y La Guaira, a sabiendas de la cantidad de gente que circulaba. Cuando preguntamos por qué, nos respondieron simplemente que eran “órdenes de arriba”, y no habilitaron ni un carril ni una vía alternativa. Esto pasa seguido: bajamos, queremos llegar a un lugar, y hay funcionarios que obstaculizan el camino y nos obligan a desviarnos, con lo que cada viaje se hace más lento.

El caso más claro fue el de una comunidad costera que quedó incomunicada porque los derrumbes bloquearon la vía de acceso. La gente allí no había perdido sus viviendas ni familiares, pero no le llegaban ni alimentos ni medicamentos. Coordinamos que salieran en lanchas hasta un punto accesible de La Guaira donde les entregaríamos la mercadería, pero ni siquiera eso nos dejaron hacer. La Guardia Nacional no permitió la entrega en el punto acordado y tuvimos que movernos a otro, más lejos, lo que demoró aún más la ayuda.

Si hablas en contra del gobierno, hay consecuencias. Aunque se hayan llevado a Maduro, los que quedaron en el poder son los mismos, y el terror psicológico sigue intacto: si estás en su contra, harán lo que sea para mantenerte en silencio.

El caso de Wilmer Antonio Cruz, conocido como El Topo de La Guaira, lo dejó claro. El Topo es un civil que ayudó a sacar con vida a decenas de personas atrapadas en edificios, pero cuando publicó un video en redes denunciando que la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no estaban ayudando, se lo llevaron detenido. Salió a los dos días, gracias a la repercusión en redes, que generó presión por su liberación.

Lo mismo pasa con la prensa: buena parte de lo que se supo de esta emergencia lo documentaron periodistas extranjeros, porque los venezolanos que la cubren corren riesgo. Los desastres naturales no deberían politizarse, pero con una respuesta tan mala y una infraestructura tan débil, era inevitable que ocurriera.