Hubo dos elementos que las distinguieron de oleadas represivas anteriores. El primero fue el uso abusivo de la figura de la “erradicación”, prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, para trasladar todos los casos a tribunales en Caracas. Personas detenidas en estados como Bolívar, a cientos de kilómetros de la capital, debían comparecer allí. Fue una violación sin precedentes de los principios procesales de la propia legislación venezolana. Ni siquiera en los años 60, frente a los movimientos guerrilleros, hubo esa concentración de expedientes en un solo tribunal.

El segundo fue la criminalización de actos cotidianos. El Estado utilizó denuncias anónimas a través de aplicaciones móviles para identificar y detener personas, y un simple estado de WhatsApp podía ser tratado como un acto de “terrorismo”. La presunción de inocencia dejó de existir en la práctica y se invirtió la carga de la prueba: era el detenido quien debía demostrar que no era culpable.

La ley contempla el cierre de expedientes vinculados a hechos políticos de distintas etapas de la historia del país. No es un hecho menor: después de años de detenciones masivas y restricciones a la libertad, el Estado reconoce implícitamente que esas personas no debían estar presas. El mérito lo tienen, sobre todo, los familiares de los detenidos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

Pero la ley se queda corta. No contempla ningún mecanismo de resarcimiento para quienes fueron detenidos injustamente. Tampoco prevé la restitución de bienes: a muchos presos políticos les confiscaron viviendas, vehículos y negocios, que no recuperan al salir. Además, no ofrece garantías claras para los exiliados. El 16 de abril, el exdiputado Alexis Paparone regresó al país y fue detenido por varias horas antes de ser presentado ante un tribunal, lo que demuestra que volver sigue siendo un riesgo.

La ley prácticamente excluye a los militares disidentes y no contempla los miles de despidos que se han producido por razones políticas, en violación del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ni las inhabilitaciones políticas. Mientras dirigentes como María Corina Machado no puedan ejercer sus derechos políticos, no se puede hablar de una verdadera transición.

No puede haber reconciliación sin justicia. Lo que vivió Venezuela es uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Sudamérica. Sentar a víctimas con victimarios sin un proceso previo de rendición de cuentas no es reconciliación, es impunidad. Donde no hay justicia hay venganza, y eso genera ciclos interminables de violencia. Las sociedades que no procesaron sus crímenes cargaron con esa herida durante generaciones.

Para que haya justicia hace falta una reforma institucional profunda: en el poder judicial, en la fiscalía, en el poder electoral y en las fuerzas armadas. Los cambios cosméticos no alcanzan. Es un proceso de largo plazo, pero hay que dar los primeros pasos: convocar elecciones generales y avanzar hacia una recuperación económica real.

Lo que sí es posible, y necesario, es un pacto de convivencia: un acuerdo para respetar la Constitución y vivir sin persecución mutua. Pero ese pacto exige que el chavismo reconozca sus errores y crímenes. Sin eso, cualquier transición quedará a medias.

Aun así, soy optimista. La sociedad civil venezolana, con todo lo que ha perdido, sigue en pie. Hay indicios de que algo está cambiando, y debemos aprovechar esta oportunidad. Confío en que seremos capaces de sentar las bases de una democracia que le diga “nunca más” al autoritarismo.