Las protestas no fueron convocadas por una sola organización o liderazgo. De hecho, a nivel nacional el movimiento nunca tuvo un liderazgo definido. Se trató de la confluencia de varios líderes de distintos sectores que intentaban acordar, al menos, el día, la hora y el lugar de la protesta.

En Lima hubo mucha discusión sobre quién sería el portavoz, porque los medios querían hablar con un líder y no había ninguno. En mi ciudad, Tacna, en el sur del país, éramos un grupo de amigos en una reunión social cuando nos enteramos de lo que estaba pasando en Lima, y ahí decidimos actuar: vimos el llamado en redes sociales, lo compartimos, convocamos a personas de distintas organizaciones juveniles y organizamos la protesta. Al ser una ciudad más pequeña, la mayoría se conoce y la coordinación horizontal es más fácil.

Las redes sociales fueron el hilo que conectó todo esto. Las convocatorias se difundieron exclusivamente a través de las redes: a veces una protesta nacía de un video en TikTok con un llamado a la acción que se convertía en una convocatoria con fecha, hora y lugar. La posibilidad de llegar al público joven directamente y a un costo casi nulo fue fundamental, sobre todo para organizaciones juveniles que se autosostienen sin estructura ni presupuesto.

Pero esto también expuso al movimiento a la desinformación y al rastreo por parte de las autoridades. Además, los medios de comunicación entrevistaban a personas que decían ser portavoces de la Generación Z sin haber participado en ninguna manifestación, y que buscaban vincular los reclamos a partidos políticos o desacreditar el movimiento.

En las redes sociales también se construyó la identidad de Generación Z. Se usaron símbolos globales como la bandera de la serie de manga y anime japonesa One Piece, que ya se había visto en protestas de Filipinas, Indonesia y Nepal. Nos inspiramos abiertamente en lo que había pasado en esos países, con la esperanza de replicar en Perú el cambio que los jóvenes habían logrado allí. Estos símbolos generaron legitimidad y convocaron a más jóvenes.

Sin embargo, la etiqueta generacional también trajo una connotación negativa. El público adulto y la prensa tradicional ridiculizaron nuestras movilizaciones, alegando que teníamos estudios incompletos y carecíamos de conocimientos suficientes. Las protestas de 2021, que no habían tenido una denominación generacional, tuvieron una aceptación ciudadana mucho más amplia.

El principal riesgo es siempre la represión policial, que en Perú ha sido letal. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, presidenta entre diciembre de 2022 y octubre de 2025, 50 personas fueron asesinadas en protestas y sus casos permanecen impunes.

En Tacna, la relación con la policía fue más tranquila, pero enfrentamos otros riesgos igualmente reales, particularmente acoso y daño reputacional. Al ser una ciudad pequeña, tu nombre e imagen se recuerdan. En mi caso, tras dar entrevistas a medios locales llamando a participar en las protestas, vi mi nombre en publicaciones en redes sociales con comentarios muy negativos cuestionando mi formación, mi edad e incluso mi derecho a hablar. En otras ocasiones similares me he enfrentado a amenazas de muerte sin recibir medidas de protección judicial pese a haberlas solicitado. Hay un riesgo real detrás de las más pequeñas acciones.

Algunos amigos decían apoyar lo que hacíamos, pero no querían que los fotografiaran ni que los relacionaran con nosotros, porque nos llamaban provocadores e incluso nos vinculaban con el terrorismo. Su miedo era comprensible. Pero protestar no debería ser motivo de vergüenza.

Entre los logros concretos, el movimiento consiguió que se presentara una moción de cambio de la Mesa Directiva del Congreso, el órgano que preside las sesiones legislativas, aunque no obtuvo los votos necesarios. También logró una modificación de la ley de pensiones que, aunque no fue la derogación que pedimos, permitió el retiro voluntario de los fondos a quienes así lo desearan. En cambio, las “leyes pro-crimen” siguen en pie: este es el reclamo pendiente más importante.

Pero el logro más destacable es el cambio interno: muchos jóvenes que participaron en las manifestaciones se involucraron después en política de manera más directa, ya sea militando en algún partido o presentándose como candidatos en la reciente elección. Una de las voceras jóvenes de las protestas en Tacna fue candidata al Congreso, y aun contando con un considerable respaldo ciudadano, no consiguió un escaño debido a la baja cantidad de votos recibidos por su organización política y a las limitaciones impuestas por la fórmula electoral, que sobrerrepresenta a los partidos mayoritarios. Por otro lado, una segunda joven participante activa en las movilizaciones locales cuenta con altas probabilidades de resultar electa, ya que su partido lidera la votación para diputados en la región.

De cara a la segunda vuelta de la elección presidencial, el panorama es crítico. Por una parte, está Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, vinculada históricamente a violaciones de derechos humanos y a la corrupción. Su campaña se ha centrado en resaltar el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad perpetrados por grupos militares bajo su mando. Por otro lado, la posición de Roberto Sánchez en el segundo lugar ha desencadenado una preocupante narrativa de invalidación social del voto rural. Este fenómeno, impregnado de matices racistas y un evidente menosprecio hacia las poblaciones del sur del país —donde obtuvo su mayor respaldo—, intenta deslegitimar la voluntad popular de las zonas históricamente postergadas.

Es un momento para mantenernos vigilantes. Las elecciones son una oportunidad de cambiar las cosas, aunque es difícil que esa oportunidad se concrete porque el sistema de partidos en Perú es un desastre y los partidos son personalistas y no tienen realmente un programa. Pero tengo la convicción de que sí es posible construir el país que queremos. Solo necesitamos que más personas crean que sí se puede.