El proyecto se aprobó gracias a la mayoría del oficialista Partido Colorado. El trámite avanzó en un clima de estigmatización de OSC, periodistas y personas defensoras, y coincidió con el funcionamiento de una comisión bicameral que enmarcó el financiamiento de las OSC en una narrativa sobre lavado de activos.

La ley también reflejó la convergencia entre sectores del oficialismo y redes religiosas conservadoras. Entre los principales impulsores estuvieron legisladores como Gustavo Leite y Lizarella Valiente, quienes también participaron en iniciativas y actividades vinculadas con organizaciones evangélicas. Esto no prueba que dichas organizaciones hayan redactado o financiado la ley, pero sí muestra una asimetría de acceso y escrutinio entre actores que inciden en las políticas públicas.

La ley trata en forma muy diferente a distintos actores que inciden en las mismas políticas. Impone amplios controles a las OSC, pero deja expresamente fuera a las iglesias y grupos religiosos.

El impacto comenzó antes de las primeras sanciones. Desde que el Ministerio de Economía y Finanzas habilitó el portal de registro, las OSC hemos tenido que destinar tiempo, dinero y personal a cumplir las nuevas exigencias legales, contables y administrativas. Para los colectivos pequeños o sostenidos por personas voluntarias, eso significa que una gran proporción de los recursos ya no se destina al acompañamiento, la cultura, la investigación o la asistencia.

La incertidumbre también pesa. Aunque aún no se aplican sanciones de forma masiva, la ley ya está teniendo efectos disuasivos: donantes, colaboradores y organizaciones temen las consecuencias de participar o hacer incidencia.

Además, la obligación de entregar información detallada sobre los beneficiarios y colaboradores plantea riesgos para la privacidad, especialmente en comunidades pequeñas y grupos vulnerables. La seguridad de estas personas depende de quién accede a la información, con qué finalidad y con qué salvaguardas efectivas.

En Paraguay, las organizaciones de género y diversidad trabajan en un contexto de discriminación estructural, marcado por discursos de odio, exclusión laboral y educativa, barreras en el acceso a la salud y dificultades para denunciar la violencia. A esto se suma la falta de una ley integral contra la discriminación, de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo y de procedimientos administrativos accesibles para el reconocimiento de la identidad de género. Todo ello mantiene a las personas LGBTQI+ en una situación de particular vulnerabilidad.

La Ley 7363 agrava estas dificultades, ya que impone requisitos amplios y poco claros a las OSC que defienden estos derechos. Las actividades artísticas de REPAR+ pueden ser consideradas a la vez como cultura, acompañamiento e incidencia. La vaguedad de la norma, sumada a la discrecionalidad y a la amenaza de suspensión, impide anticipar cómo se clasificarán esas actividades y podría disciplinar la voz crítica antes incluso de que llegue una sanción.

La respuesta combinó análisis técnico, diálogo, alertas internacionales y litigio. Desde diciembre, OSC de derechos humanos, ambiente, cultura y desarrollo comunitario y sectores campesinos han presentado acciones de inconstitucionalidad contra la ley y su decreto reglamentario. REPAR+ se ha sumado porque consideramos que las libertades de asociación y expresión son esenciales para organizaciones que acompañan a personas LGBTQI+, denuncian la discriminación y participan en las políticas públicas.

Esperamos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema examine estas acciones de forma independiente y urgente, a la luz de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Una decisión favorable protegería directamente a las organizaciones accionantes y fijaría un criterio relevante. No buscamos quedar exentos de rendir cuentas: buscamos impedir que un trámite se convierta en vigilancia política, en exposición de personas vulnerables o en castigo por disentir.

Dentro de Paraguay, la Corte debe resolver con urgencia y evitar daños irreparables mientras estudia el fondo. Pero una solución duradera exige que el Congreso y el Ejecutivo deroguen o reformen la ley por completo, mediante una consulta plural. Cualquier regulación debería ser precisa, evitar registros duplicados y proteger a beneficiarios, donantes, víctimas y trabajadores. Los pedidos intrusivos deberían pasar por controles independientes, y las sanciones limitarse a lo estrictamente necesario y proporcional. Esos criterios deberían aplicarse por igual a cualquiera que maneje recursos públicos o incida en políticas, incluidas las organizaciones religiosas.

La comunidad internacional podría mantener el seguimiento en las Naciones Unidas, sobre todo a través del Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También puede actuar mediante embajadas y organismos de cooperación. Los financiadores deberían ofrecer apoyo flexible para costos jurídicos, contables, tecnológicos y de seguridad, en lugar de retirarse por temor al nuevo régimen.

Paraguay necesita, además, una ley integral contra la discriminación, el reconocimiento efectivo de la identidad de género y protección para periodistas y personas defensoras.

No pedimos tutela externa ni privilegios. Pedimos solidaridad democrática para preservar un espacio donde la ciudadanía pueda organizarse, cuestionar y proponer. La transparencia debe fortalecer la democracia, no exponer a personas vulnerables ni convertir la crítica al poder en un factor de sospecha.