La respuesta ha sido lamentable. En lugar de responder a nuestra demanda, el Estado criminaliza y estigmatiza a las víctimas. En la Ciudad de México hubo un fuerte despliegue policial para contener las marchas. La secretaria de Gobernación sembró dudas sobre el financiamiento del traslado de las familias de Jalisco a la capital y anunció que investigaría el origen de los fondos. Es una insinuación absurda: siempre nos hemos organizado con nuestros propios recursos, justamente porque el Estado nunca nos ha apoyado.

La presidenta Claudia Sheinbaum también restó importancia a las movilizaciones. Llegó a decir, entre risas, que había más personal de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas que manifestantes. Para nosotros no se trata de números, sino de nuestros 133.000 seres queridos que hoy no están con nosotros. Son personas con familias, hogares y una vida que les fue arrebatada.

Teníamos esperanza de que este gobierno, que se jacta de ser progresista, fuera diferente. No sucedió. La primera señal fue clara: en su discurso de toma de posesión, la presidenta Sheinbaum no mencionó a las personas desaparecidas ni a sus familias. Ella misma ha dicho que lo que no se nombra no existe. Nunca ha recibido a las familias. Al igual que gobiernos anteriores, pareciera que prefiere ignorar esta crisis humanitaria.

El empeño por ocultar esta realidad es evidente. Aquí en Nuevo León, el gobernador colocó lonas en las colonias populares para tapar la pobreza. También puso macetas gigantes frente a la Plaza de las y los Desaparecidos —que tomamos en 2014— para que desde la calle no se vieran los rostros de nuestros seres queridos. Fuimos a protestar y a pegar sus fotografías en esas mismas macetas, y al día siguiente logramos que el gobierno las retirara.

En esa plaza habíamos escrito en la acera un letrero que decía “130.000 personas desaparecidas”. En el contexto del Mundial, fuimos a remarcarlo y a actualizar la cifra para sumar 3.000 desaparecidos más. El efecto fue inmediato: unas personas de Suecia que visitaban la ciudad se acercaron a preguntarnos para informarse.

Para que una desaparición sea forzada tiene que haber participación del Estado, directa o indirecta. Y esa participación existe, aunque la presidenta quiera negarlo.

No siempre hay un video que pruebe que un agente público se llevó a la persona, pero hay omisiones que lo demuestran. Un funcionario que no solicita a tiempo los reportes de llamadas, por ejemplo, se vuelve cómplice: esa información es clave para la búsqueda, pero solo se conserva dos años, y si no se pide antes de ese plazo se pierde para siempre.

En muchos casos la participación es directa. Ha habido casos en que hombres con chalecos de policías municipales se llevaron gente, y casos donde agentes de tránsito intervinieron en un percance vial y las personas fueron desaparecidas. La constante es que las pruebas que los implican desaparecen.

A eso se suma la negativa del Estado a reconocer la crisis. Es como con las enfermedades: si no reconoces que las tienes, no puedes enfrentarlas. Eso también los hace responsables.

No somos los únicos que lo decimos. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha reconocido la seriedad de la situación y remitido el caso a la Asamblea General.

Cualquiera puede ser desaparecido, en circunstancias cotidianas. Algunas personas desaparecieron al salir por un refresco, al volver a casa o tras un choque.

Nuevo León es el quinto estado con más personas desaparecidas en México, con más de 7.000. Entre enero y mayo de este año desaparecieron 433 personas más, un promedio de tres por día, y cerca del 70% sigue sin ser localizado.

Si nos desaparecen es porque existen las condiciones para que ello ocurra. La principal de ellas es la impunidad. De las más de 133.000 personas desaparecidas, solo 3.869 cuentan con una carpeta de investigación, según cifras del gobierno. Eso es impunidad casi absoluta.

Tampoco hay consecuencias para los funcionarios que no investigan: solo cambian de silla. La funcionaria que hoy lidera la Comisión Local de Búsqueda pasó tres décadas en la fiscalía y repite las mismas prácticas en su nuevo puesto. El actual alcalde de Monterrey fue procurador estatal en los años más violentos. En lugar de recibir sanciones por sus omisiones, parecen haber sido premiados. Lo mismo pasa con los delincuentes: nos hemos encontrado con responsables de casos de 2010 y 2011 libres y cometiendo los mismos delitos años después.

Como el Estado no se hace cargo, hemos salido nosotros mismos a buscar a nuestros desaparecidos, y lo que hemos encontrado es atroz. En Nuevo León hemos denunciado la existencia de diez campos de exterminio. En uno de ellos, Las Abejas, encontramos más de 250.000 fragmentos de restos humanos y más de 100 perfiles genéticos, es decir, por lo menos 100 personas que no han vuelto a casa. Hay además más de 3.000 cuerpos y restos sin identificar en fosas comunes en Nuevo León, y más de 70.000 en todo el país. Cifras así no se alcanzan sin un aparato montado para desaparecer personas y sin la complicidad de las autoridades.

Le pedimos a la comunidad internacional que hoy nos visita que voltee a ver esta crisis, conozca a nuestros desaparecidos, se solidarice y nos ayude a buscarlos, porque no sabemos si alguno fue llevado a otra parte del mundo. También les pedimos que lleven esta exigencia a sus propios gobiernos, para que sumen presión sobre las autoridades mexicanas.

Esa presión importa. Por eso valoramos la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Cuando se dio a conocer, el Estado mexicano la rechazó y la tomó como un ataque, en vez de estudiarla.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Cuando desaparecen a una persona, se la arrebatan a su familia, pero también a su comunidad entera. Por eso le hablamos a la humanidad: ninguna persona, en ninguna parte del mundo, debería ser desaparecida. Mientras continúen las desapariciones, no viviremos del todo en paz ni en democracia.