El pacto de corruptos es una coalición de intereses que incluye a empresarios, militares, narcos y políticos corruptos. En distintos momentos se lo identificó con un gobierno específico —Otto Pérez Molina, presidente entre 2012 y 2015, quien renunció y fue detenido por corrupción, y los dos siguientes, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei—, pero en el fondo es una red que trasciende a cualquier gobierno individual.

La Fundación Contra el Terrorismo es uno de los tentáculos de esa red. Su fundador y presidente, Ricardo Méndez Ruiz, antes vivía modestamente y ahora es millonario. La Fundación recibe financiamiento ilegal de numerosas empresas y, además, extorsiona: les dice a empresarios y exmilitares que sabe que se prepara algo en su contra y les exige dinero bajo amenaza de arresto.

Durante los gobiernos de Pérez Molina, Morales y Giammattei, el pacto de corruptos buscó controlar todas las instituciones de contralor: la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelación, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La única que no cayó en sus manos fue el Tribunal Supremo Electoral, gracias a la integridad de quien fue su presidenta, Blanca Alfaro, que resistió pese a los juicios que le abrieron y los intentos de capturarla. Eso fue lo que permitió que se celebraran las elecciones de 2023 y que el actual presidente, Bernardo Arévalo, ajeno al pacto de corruptos, pudiera asumir.

La persecución se extiende a dirigentes campesinos, abogados, operadores de justicia, líderes sociales y activistas de derechos humanos. La lógica es generar miedo para que nadie se atreva a cuestionar nada.

Para que tengas una idea: Edmond Mulet, diplomático guatemalteco y exfuncionario de Naciones Unidas que fue candidato presidencial en 2023, solo pidió garantías de elecciones limpias y lo sometieron a juicio por esa declaración. En su momento yo opté por bajar mi perfil: dejé de ir a programas de entrevistas y de opinar públicamente. Pensaba: si a Mulet le abrieron un juicio por eso, ¿qué garantías tengo yo de que no me abran diez?

De hecho, tengo diez denuncias en mi contra. Una es por conspiración, porque dicen que GAM es una entidad de crimen organizado. Otra es por denegación de justicia, algo absurdo porque no soy juez; lo que en realidad insinúan es que yo fabriqué los miles de documentos que tenemos como prueba de violaciones de derechos humanos. Los demás cargos son violación a la Constitución, incumplimiento de deberes y varias cosas más, todo en represalia por el trabajo de nuestra organización.

Gustavo Meoño, exdirector del Archivo Histórico de la Policía Nacional —que contiene pruebas documentales de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno—, vive en Rosario, Argentina. Algunos de los crímenes de los cuales lo acusan se cometieron cuando él tenía unos cinco años. Nunca quiso tramitar su refugio porque pensaba que podría regresar a Guatemala, pero cuando asumió el presidente Javier Milei en Argentina aceleró el proceso, por temor a que lo extraditaran. Ya lo consiguió: está bien, pero tiene 77 años y 76 órdenes de captura en su contra.

Ha servido más en el plano político que en el jurídico. Más de 40 países, liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y los 27 Estados de la Unión Europea, sancionaron a Porras: le congelaron los activos y le prohibieron la entrada a sus territorios. Eso la dejó totalmente desprestigiada a nivel internacional. Rafael Curruchiche, uno de los fiscales más agresivos de su equipo, también figura en listas de sanciones de varios países.

Ante tanta presión, pensábamos que acabarían dejando sus cargos y yéndose del país, aunque solo pudieran irse a Nicaragua o Panamá. Pero Porras no se fue: aguantó hasta el último minuto de su mandato de ocho años y ahora está gestionando su jubilación.

El gobierno actual es muy temeroso. El presidente Arévalo no quiere tomar decisiones porque teme que, al terminar su mandato, busquen una excusa para emitir una orden de captura en su contra. Podría haber cambiado el Ministerio Público, pero no se atrevió: esperó a que Porras terminara su periodo, dos años y medio después de su llegada a la presidencia. Además, le resultaba cómodo tenerla allí para echarle la culpa de todo. Arévalo no forma parte del pacto de corruptos, pero tampoco se ha atrevido a enfrentarlo.

El gobierno está muy desprestigiado. La popularidad de Arévalo ya está por debajo del 30% y sigue cayendo. Además, entra en la recta final de su mandato: el último año es electoral y todo gira en torno a quién será el próximo presidente. En la práctica, los presidentes gobiernan solo tres años. Por eso a Arévalo, en términos reales, le quedan apenas seis meses de peso.

Lo primero que hizo el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, fue destituir a varios fiscales corruptos. Pero lleva menos de dos meses en el cargo: es pronto para evaluarlo.

Lo que sí esperamos es que se vayan cerrando las causas fabricadas contra tanta gente. Como es difícil que los querellantes desistan de sus acusaciones, el nuevo fiscal tendrá que archivar él mismo los casos.

Lo que no será tan fácil es el retorno de los exiliados. Cuando Arévalo viajó a Estados Unidos, donde vive la mayor parte de los exiliados guatemaltecos, no quiso reunirse con ellos; y cuando lo hizo, impidió que les tomaran fotos, porque no quiere ser visto con ellos. Esa cautela no ayuda a que haya cambios.

El gran riesgo es que, tras esta oportunidad perdida, volvamos a gobiernos como los que tuvimos antes. El partido de Arévalo, Semilla, ya se dividió. La mayoría de los diputados elegidos con él se separaron y formaron un nuevo partido, Raíces. Y fueron los primeros en promover un aumento sideral del salario de los diputados. El poder les gustó muy rápido.

El pacto de corruptos controla la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelación, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso. Si llega un presidente afín a sus intereses, solo le quedaría neutralizar al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público. Es poco probable que saquen a García Luna, porque lo protege la misma ley que protegió a Porras, y el Tribunal Supremo Electoral debe cumplir su mandato hasta 2031. Esos son los dos pilares que todavía resisten. Pero el riesgo es real.

Con mucha dificultad. Primero, no hay recursos. La cooperación internacional ya no mira a América Latina. Por otro lado, está la amenaza permanente y el silenciamiento que produce. El miedo funciona.

Para recuperar terreno, la sociedad civil necesita recursos, necesita que se archiven los casos y que los exiliados puedan regresar. Y necesita un gobierno que no la trate como una carga política sino como un interlocutor legítimo. Eso, de momento, no existe.