CIVICUS conversa sobre gobernanza de datos abiertos e inteligencia artificial con Natalia Carfi, directora ejecutiva de la Open Data Charter, una organización global de la sociedad civil que promueve políticas de datos abiertos.

Los datos que generan los gobiernos son públicos, pero no siempre están disponibles en formatos utilizables. Con el auge de la inteligencia artificial, su calidad y accesibilidad importan más que nunca. Sin embargo, los foros internacionales donde se definen las reglas sobre quién accede a esos datos y con qué fines se multiplican, mientras los recursos de la sociedad civil para participar en ellos se reducen.

¿Qué significa que los datos gubernamentales sean abiertos y por qué importa?

Los datos que genera el Estado pertenecen a la ciudadanía; el Estado simplemente los genera, estandariza y publica. Muchas leyes de acceso a la información le dan al Estado un rol pasivo y se espera que sea el ciudadano el que le solicite la información. Las políticas de datos abiertos buscan cambiar eso, de modo que el Estado publique proactivamente datos de alto valor en portales de acceso público sin que nadie tenga que solicitarlos.

El acceso a esa información importa por varias razones. La más fundamental es que es un derecho humano y una herramienta de rendición de cuentas. Si los datos del presupuesto, el gasto público o las compras del Estado están disponibles, la ciudadanía puede auditar cómo se usa el dinero público. Y habilita procesos participativos informados, nuevos negocios e investigaciones académicas y periodísticas.

En principio, cualquier dato que no comprometa la seguridad nacional o la privacidad de las personas puede y debe ser abierto. Ahora bien, no alcanza con publicar cualquier cosa. Cuando los gobiernos publican datos que a nadie le importan solo para decir que tienen una política de datos abiertos, eso es lo que llamamos “open washing”. Además, el formato importa. Un archivo PDF con tablas puede ser transparente, pero no es abierto, porque no permite cruzar datos con otras bases ni reutilizarlos. Para que un dato sea verdaderamente abierto, debe publicarse en formatos abiertos estandarizados y con licencias que permitan su reutilización legal.

¿Cómo afecta el auge de la inteligencia artificial a la gobernanza de datos?

La inteligencia artificial (IA) y la gobernanza de datos son inseparables: sin datos no hay IA y, sin datos de calidad y representativos, no hay IA de calidad ni representativa.

La IA puede mejorar la gestión de los datos públicos: permite estandarizar y analizar grandes bases de datos con una velocidad antes imposible, lo que puede fortalecer políticas públicas, mejorar servicios del Estado o detectar irregularidades en las compras públicas.

Pero también amplifica los riesgos. Ante la enorme capacidad de procesamiento de datos de algunas empresas privadas, el desafío es de gobernanza: qué se puede hacer con esos datos, qué no, y cuánta capacidad tiene la ciudadanía para decidir sobre el uso de su propia información.

¿Qué marcos internacionales existen para regular la gobernanza de datos y la IA?

El Pacto Global Digital, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, es uno de los instrumentos de mayor alcance que existen hoy sobre políticas digitales: abarca desde infraestructura y conectividad hasta gobernanza de datos e IA. En ese marco se crearon dos instancias: un grupo de trabajo sobre gobernanza de datos, del que formo parte como representante de sociedad civil, y un panel de expertos en IA con mandato para hacer recomendaciones a las Naciones Unidas. Ambos incluyen academia, gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil.

Uno de los debates centrales que encontramos tanto en esos espacios como en nuestro trabajo de investigación sobre marcos regulatorios gira en torno a cómo las regulaciones ya existentes —sobre acceso a la información, privacidad de datos personales y derechos de autor— establecen una base para entender qué se puede y qué no se puede hacer en materia de desarrollo de IA. A partir de eso, la pregunta es qué regulaciones específicas de IA deben desarrollarse, o qué actualizaciones deben hacerse a las existentes.

La respuesta varía según el país. En un informe reciente analizamos cómo seis países de distintas regiones —Chile, Filipinas, Kenia, Mauricio, México y Taiwán— están abordando esta pregunta. Encontramos que muchos ya cuentan con marcos que, bien aplicados, pueden encuadrar el desarrollo de la IA; en muchos casos, ajustar lo existente puede ser más efectivo que construir una regulación nueva desde cero.

Desde Open Data Charter impulsamos que, sea cual sea el camino que cada país elija, los derechos humanos estén en el centro. Ese es el principio que llevamos a los foros internacionales, donde gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil no siempre acuerdan sobre qué debe priorizarse, pero se sientan a debatir de manera colaborativa.

¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil para participar en estos debates?

Uno de los principales desafíos es el financiamiento. No alcanza con pagar un pasaje a una cumbre; participar de manera sustantiva requiere trabajo previo: revisar documentos, investigar, consultar con otras organizaciones, construir posicionamientos sólidos. Ese trabajo lleva tiempo y recursos, y los fondos disponibles para la sociedad civil se están reduciendo, lo que impacta directamente en la calidad de la participación.

El segundo desafío es la fragmentación de espacios. Hoy hay múltiples foros tomando decisiones sobre gobernanza de datos e IA al mismo tiempo. Para organizaciones pequeñas —incluso para aquellas con mucho conocimiento técnico— hacer un seguimiento significativo de todos ellos es muy difícil.

Mientras los recursos se achican y los espacios se multiplican, el riesgo es que las voces de las organizaciones que trabajan hace años en derechos digitales y derechos humanos en el entorno digital no lleguen a estar presentes justo cuando más se las necesita.

¿Cómo logra la Open Data Charter incidir en este contexto?

Sabemos que solos no podemos incidir en la política internacional. Por eso, trabajamos en conjunto con otras organizaciones de derechos digitales para alinear posiciones en foros internacionales y directamente con gobiernos en la implementación de políticas. También entendemos que no existe una solución única para todos: el contexto legal, institucional y cultural de cada país importa, y cualquier proceso tiene que partir de una escucha activa.

Los resultados a veces llegan por caminos inesperados. En Chile, trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente en la apertura de datos ambientales. Tiempo después supimos que la nueva ley de transparencia ambiental incorporó los formatos abiertos como requisito legal, cosa que quienes participaron en su redacción atribuyeron a ese trabajo conjunto. Fue el resultado no de una campaña deliberada, sino del trabajo cotidiano con funcionarios que luego llevaron esas ideas a la ley.

Algo similar ocurrió con la Guía de apertura de datos para combatir la corrupción, que desarrollamos junto con el capítulo mexicano de Transparencia Internacional. La Guía identifica 30 conjuntos de datos de alto valor para la política anticorrupción. La Organización de los Estados Americanos (OEA) la tomó como base para su Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción, aprobado en 2018, con más de diez implementaciones en la región. No fuimos nosotros quienes la llevamos a la OEA: fue una propuesta institucional que la organización simplemente adoptó.

CIVICUS entrevista a un amplio espectro de activistas, personas expertas y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y otros temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan las posiciones de CIVICUS. Su publicación no es una expresión de apoyo a los entrevistados ni a las organizaciones que representan.