En esta campaña se enfrentan dos visiones opuestas sobre cómo combatir la inseguridad. Doce de los 16 candidatos presidenciales adoptan una postura de mano dura, proponiendo reforzar las penas carcelarias, aumentar el control militar en las calles e incluso reformar las leyes para endurecer las sanciones contra consumidores de drogas. Dos de ellos han llegado incluso a proponer la introducción de la pena de muerte para ciertos crímenes, aunque afortunadamente muestran bajo apoyo en las encuestas.

Solo cuatro candidatos, mayormente de izquierda, presentan una visión más holística centrada en los derechos humanos, proponiendo procesos de rehabilitación social, inclusión y programas de asistencia para contrarrestar la penetración del narcotráfico en poblaciones vulnerables.

Desde la sociedad civil hemos advertido sobre los riesgos de los enfoques punitivistas y securitistas, especialmente respecto a la militarización de las calles, ya que las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento distinto al policial, y la experiencia demuestra que con frecuencia resulta en violaciones de derechos humanos.

La violencia política ha escalado significativamente desde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, lo que ha llevado a que las campañas y eventos políticos requieran un fuerte despliegue de seguridad. Nuestro Observatorio de Seguridad, Defensa y Lucha contra el Crimen Organizado documentó múltiples ataques y amenazas hacia figuras políticas durante 2024, especialmente a nivel local. Este fenómeno está relacionado con el fortalecimiento del crimen organizado, la expansión del narcotráfico y la débil respuesta institucional.

En lo que va de la campaña se han registrado cuatro ataques graves contra figuras políticas destacadas: el asesinato del alcalde de Arenillas, en el sur de Ecuador; un ataque al vehículo familiar del candidato presidencial Jimmy Jairala en Guayaquil, donde resultaron heridos el chofer y el custodio; un atentado con armas de fuego contra el candidato del Partido Socialista Joselito Argüello y su padre en Santa Elena; y el secuestro de la asambleísta oficialista Yadira Bayas.

Sin embargo, es importante destacar que esta violencia no se ha manifestado durante las jornadas electorales, que en los últimos años se han desarrollado en un ambiente relativamente pacífico. Los incidentes más comunes se limitan a intentos de partidarios por ingresar a recintos electorales con material de campaña, lo cual está prohibido porque, desde el jueves anterior a la elección, entra en vigor la veda electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con un sistema transparente de transmisión de datos que permite visualizar los resultados en tiempo real. Cada junta receptora del voto registra los resultados que se transmiten inmediatamente mediante un escáner a un centro de procesamiento de datos. Una novedad importante de estas elecciones es la posibilidad de acceder a las actas escaneadas en tiempo real a través de la página web del CNE, permitiendo a los observadores electorales y a la ciudadanía verificar la legitimidad de los resultados.

Pero la elección no está completamente en manos del CNE, sino también en las de la ciudadanía, el gran escudo que defiende la democracia. La observación electoral internacional también juega un papel crucial, destacándose la presencia de una misión de la Unión Europea que supervisará los centros de procesamiento de datos en cada provincia. Lamentablemente, debido a la crisis en la cooperación con Estados Unidos, en esta oportunidad la sociedad civil verá limitada su capacidad de observación electoral por la falta de fondos estadounidenses, lo que hará aún más importante la colaboración de la ciudadanía y de la Unión Europea.

Las elecciones podrían resultar en dos escenarios con distintas repercusiones internacionales. Una victoria de la corriente de extrema derecha, vinculada a figuras como Donald Trump, el presidente de Argentina Javier Milei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, podría representar una amenaza para la sociedad civil, dada su tendencia a limitar los frenos y contrapesos institucionales y el Estado de Derecho. Por otro lado, un triunfo de la izquierda identificada con el “socialismo del siglo XXI” podría aislar a Ecuador, ya que esta corriente se alinea más con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela que con las administraciones progresistas democráticas de Brasil y Chile.

En el ámbito internacional, Ecuador está en una situación complicada debido a su “guerra comercial” con México, iniciada por el presidente Noboa con la imposición de un arancel del 27% a las importaciones mexicanas en el contexto del ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas entre ambos países están interrumpidas desde abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas allanaron la embajada mexicana en Quito para extraer a un político ecuatoriano condenado por corrupción que se encontraba allí asilado. La radicalización del gobierno ecuatoriano podría afectar sus acuerdos comerciales con socios como Canadá y la Unión Europea, que mantienen un estrecho seguimiento de la situación política ecuatoriana.

Para la sociedad civil ecuatoriana, resulta fundamental que los candidatos demuestren su compromiso con el Estado de Derecho y los preceptos constitucionales. El comportamiento durante la campaña electoral suele ser un indicador confiable de cómo actuarán los candidatos una vez en el poder, por lo que es crucial que los ciudadanos consideren este factor al momento de emitir su voto. No podemos quejarnos posteriormente de malas prácticas gubernamentales si elegimos a candidatos que ya mostraban comportamientos cuestionables durante su campaña.