Mi caso no es una anomalía. Es la aplicación previsible de una norma diseñada para eso. El artículo 396.1 del código penal castiga con cárcel expresiones “en descrédito o deshonra”, conceptos sujetos a discrecionalidad judicial. El problema fundamental es que convierte a la expresión en materia penal. 

Otros casos confirman el patrón. En mayo, cuatro acciones de hábeas data –una vía legal para exigir la rectificación o eliminación de información– derivaron en sentencias que ordenaron a distintos medios eliminar contenidos de interés público y emitir disculpas públicas, la misma sanción que se me impuso a mí. En junio, un periodista de investigación anunció que dejaría de cubrir uno de los mayores casos de corrupción del país después de que despidieran a su esposa de un cargo público y su hijo perdiera su residencia médica en un hospital estatal. 

El panorama más amplio es todavía más preocupante. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH documentó al menos seis asesinatos de periodistas y comunicadores en 2025, así como el uso de medidas legales, tributarias y administrativas como represalia. 

La criminalización no se limita a la prensa. Personas defensoras y liderazgos sociales también enfrentan investigaciones y procesos penales por su trabajo. 

El castigo no es solo la sentencia: es el proceso. Aun si gano en apelación, ya perdí meses, recursos y tranquilidad, y quedé expuesta a una campaña de linchamiento digital. No hace falta condenar a muchos: basta condenar a uno rápido y a la vista de todos. A eso se suma la naturaleza de la pena. Las disculpas públicas obligadas no reparan a nadie: obligan a una persona a decir en voz alta lo contrario de lo que piensa. Su función es ejemplarizante: busca disciplinar a terceros. 

El efecto de la persecución judicial es desigual. Yo he podido sostener una defensa técnica y llegar a organismos internacionales, pero la mayoría de quienes denuncian no tiene estos recursos, y una contravención de cuarta clase es el fin de su participación pública. También las categorías de personas cubiertas por los mecanismos internacionales dejan desprotegidas a muchas personas. Quienes hacemos veeduría ciudadana desde nuestras propias plataformas no somos prensa ni organizaciones de la sociedad civil, pero enfrentamos muchos de los mismos riesgos y tenemos menos respaldo. 

Lo más preocupante es que la discusión pública se ha desplazado de “¿quién mató a Monika Silva?” a “¿qué escribió Gabriela Panchana?”. El sistema judicial actuó en cuestión de semanas contra una opinión, mientras que la investigación de un homicidio lleva meses sin avanzar. Esa asimetría muestra cuáles son las prioridades del sistema.  

La respuesta ha sido más rápida y articulada de lo que esperaba. Fundamedios, una organización que monitorea los ataques contra la libertad de expresión, ha emitido tres alertas sucesivas sobre mi caso, y otras organizaciones han acompañado con pronunciamientos, monitoreo y asesoría. Hay una red que documenta, litiga y difunde estas agresiones, y que entiende cómo la amenaza física, el acoso digital coordinado, los procesos judiciales, las restricciones administrativas y la estigmatización se combinan para silenciar a quienes denunciamos. 

Las autoridades deben derogar el numeral 1 del artículo 396 del código penal y garantizar una justicia independiente, con procesos transparentes y audiencias accesibles a observadores nacionales e internacionales. También deben crear un mecanismo nacional de protección para personas defensoras y comunicadoras, e investigar con diligencia el asesinato de Monika Silva y las amenazas contra quienes denuncian corrupción y crimen organizado. 

La estigmatización oficial debe cesar. Cuando desde el poder se presenta a periodistas y personas defensoras como enemigos, se abre la puerta a todas las demás formas de violencia.

Lo primero y más concreto es la observación de los casos en curso. La presencia de observadores internacionales en las audiencias, las solicitudes de información al Estado y el seguimiento público de los expedientes pueden cambiar el comportamiento de los tribunales. 

También necesitamos que se activen y mantengan los mecanismos internacionales que ya existen, como la CIDH y los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Pero esto requiere seguimiento constante. 

El apoyo tiene que ser también material. Las personas defensoras necesitamos recursos para la defensa legal, apoyo psicosocial y seguridad digital. Los procesos penales se enfrentan con abogados, peritajes y tiempo, y todo eso cuesta. 

También es importante dar visibilidad a estos casos. Cuando un caso recibe atención pública, quienes impulsan las represalias pagan un costo político. Un caso que nadie conoce no tiene costo. 

Finalmente, los países y organizaciones que trabajan con Ecuador en temas de seguridad y justicia pueden ejercer presión para que se respete la independencia judicial y no se criminalice la expresión. La solidaridad internacional tiene que traducirse en incidencia, observación, recursos y seguimiento.