En un caso de esta gravedad, la sociedad espera una investigación independiente, imparcial, diligente y transparente, sin importar quiénes resulten involucrados. Pero en Ecuador hay desafíos importantes en materia de independencia judicial. Muchas organizaciones hemos subrayado los problemas de estabilidad institucional, presiones y limitada autonomía de fiscales y jueces. Por eso, los casos de alto perfil que podrían involucrar intereses políticos, económicos o estructuras criminales son una prueba para las instituciones.

La mejor forma de generar confianza es con una investigación de calidad. Es indispensable agotar todas las líneas investigativas, proteger las pruebas y a los testigos, evitar interferencias indebidas y garantizar información oportuna para la ciudadanía, dentro de los límites del debido proceso.

Este caso es una oportunidad para demostrar que nadie está por encima de la ley. Si la investigación avanza con independencia y logra establecer la verdad, enviará el mensaje de que las instituciones pueden responder incluso ante los casos más complejos. Si, en cambio, prevalecen la opacidad o la impunidad, el daño irá mucho más allá de este caso: profundizará la desconfianza ciudadana y aumentará la sensación de vulnerabilidad entre periodistas y personas defensoras.

Sí, las defensoras enfrentan los mismos riesgos que cualquier persona que denuncia abusos de poder, corrupción o violaciones de derechos, pero el género suele agravarlos. La violencia contra las mujeres defensoras no solo busca silenciar su voz pública: también castiga que ocupen espacios tradicionalmente controlados por hombres, como la denuncia, la fiscalización o el liderazgo comunitario. Por eso, además de amenazas directas, muchas enfrentan campañas de desprestigio, discurso estigmatizante, ataques a su vida privada, violencia simbólica, comentarios sexistas, vigilancia y acoso, y cuestionamientos sobre su legitimidad como lideresas.

Cuando una defensora además trabaja sola y lejos de los centros de poder político, mediático o institucional, como era el caso de Silva, su vulnerabilidad aumenta: no siempre cuenta con redes de protección, acceso rápido a la justicia, acompañamiento institucional o visibilidad pública suficiente para activar alertas a tiempo. Esto se agrava en territorios donde confluyen corrupción, intereses económicos, crimen organizado o conflictos socioambientales.

Para proteger a las defensoras no basta con reaccionar ante la agresión; hay que crear condiciones para que trabajen sin miedo. Eso incluye reconocer públicamente su labor, investigar las amenazas, ofrecer protección con enfoque de género y territorio, y fortalecer las redes comunitarias, institucionales e internacionales de apoyo. Defender derechos no debería ser una actividad de alto riesgo.

El problema de fondo es que Ecuador aún no cuenta con un sistema de protección integral y efectivo. Cuando alguien denuncia amenazas, la respuesta estatal suele ser reactiva y fragmentada: las instituciones actúan después de la agresión, en lugar de prevenirla con evaluaciones de riesgo y medidas de protección y seguimiento.

Las primeras reacciones oficiales ante las amenazas contra periodistas y personas defensoras importan, porque envían mensajes a la sociedad. Cuando una autoridad desestima una denuncia antes de investigarla, formula hipótesis sin evidencia concluyente o sugiere que la víctima es responsable de lo ocurrido, genera desconfianza en las instituciones y desalienta a otras personas de denunciar amenazas o buscar protección.

La relación entre el Estado y quienes lo interpelan no debería ser de confrontación. En una democracia, quienes documentan abusos, visibilizan problemas ocultos y contribuyen a la rendición de cuentas no deberían ser percibidos como amenazas sino como piezas clave para fortalecer el Estado de derecho y mejorar las instituciones. Cuando enfrentan amenazas o violencia, el Estado debería investigar, sancionar a los responsables y proveer protección y garantías de no repetición.

La lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una demanda ciudadana legítima. Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y el Estado tiene la obligación de responder con firmeza. Pero esa respuesta no puede construirse a costa de los derechos y las libertades fundamentales.

Seguridad y derechos humanos no son objetivos incompatibles; de hecho, son mutuamente dependientes. Cuando los controles institucionales se debilitan, cuando se reduce el espacio para el escrutinio público o cuando quienes denuncian irregularidades enfrentan más riesgos, también aumentan las posibilidades de que prosperen la corrupción, los abusos de poder y la impunidad. Combatir el crimen organizado exige instituciones fuertes, transparentes, independientes y sujetas al control ciudadano.

Las dos cosas a la vez. Por un lado, existe un efecto de silenciamiento que no siempre se ve. Muchas organizaciones, periodistas y personas defensoras hemos cambiado la forma en que trabajamos: limitamos nuestros desplazamientos, evitamos ciertos temas, reducimos nuestra presencia en territorio e implementamos protocolos de seguridad que antes no eran necesarios. La autocensura no necesariamente refleja falta de compromiso, sino una evaluación real de los riesgos de continuar con la labor.

Pero, al mismo tiempo, la sociedad civil ecuatoriana ha demostrado una gran resiliencia. Las organizaciones siguen documentando violaciones de derechos humanos, acompañando a víctimas, promoviendo transparencia, litigando casos de interés público, defendiendo el ambiente y fortaleciendo redes de solidaridad. También hay más articulación entre organizaciones nacionales e internacionales, porque hay conciencia de que los desafíos actuales no se pueden enfrentar de forma aislada.

La sociedad civil necesita garantías para ejercer derechos reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales: un entorno donde se respeten plenamente la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica; donde las amenazas contra periodistas y personas defensoras se investiguen con seriedad; donde existan mecanismos efectivos de protección con enfoque territorial y de género; y donde las organizaciones puedan acceder a información pública, participar en los asuntos de interés colectivo y fiscalizar la gestión estatal sin estigmatización ni represalias.

La comunidad internacional también tiene un papel que jugar. El acompañamiento, la observación independiente y la cooperación con las organizaciones locales fortalecen su capacidad de respuesta y envían el mensaje de que los ataques contra quienes defienden derechos humanos no pasan inadvertidos.

Proteger a la sociedad civil no es proteger solo a las organizaciones. Es proteger el derecho de toda la ciudadanía a informarse, participar y exigir rendición de cuentas. Cuando las personas defensoras pueden trabajar con libertad y seguridad, toda la sociedad se beneficia. Cuando las silencian, pierde la democracia.