CIVICUS conversa sobre la construcción de economías de bienestar con Simon Ticehurst, responsable de incidencia y conexión con movimientos de la Wellbeing Economy Alliance (WEAll), una alianza global fundada en 2018 para impulsar la transformación de las economías en función del bienestar.

La democracia está bajo presión en todo el mundo: ganan terreno líderes autoritarios, se profundiza la polarización y el espacio cívico enfrenta restricciones crecientes. Para WEAll, estas tendencias están directamente ligadas al sistema económico dominante, y revertirlas exige transformar las bases sobre las que éste se organiza.

¿Qué rol tiene la economía en las crisis actuales?

El sistema capitalista neoliberal genera una creciente concentración de riqueza y poder en pocas manos y, al mismo tiempo, una sensación generalizada de exclusión entre la gran mayoría. Esa contradicción está en el centro de la crisis política, económica y social que vivimos hoy.

Cada año, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam Internacional publica datos sobre la concentración de la riqueza. El informe más reciente revela que en 2025 la riqueza conjunta de los más de 3.000 milmillonarios del mundo creció más de 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores. Desde 2020, esa riqueza combinada ha crecido un 81%.

Esa acumulación no es solo económica, es también política. Quienes concentran riqueza moldean las reglas que rigen la economía y la sociedad en su propio beneficio y en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía. Y a más riqueza, más poder. El informe de Oxfam señala que un milmillonario tiene 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona común, es decir, el mismo sistema se refuerza a sí mismo. También controlan buena parte de los medios de comunicación, lo que les permite influir en las narrativas públicas y distorsionar el debate democrático.

Esto se ve con claridad en los sistemas fiscales. Un buen sistema fiscal debería redistribuir la riqueza pero, en muchos países de América Latina, después de aplicar los impuestos, la desigualdad empeora. Las élites reciben incentivos fiscales y manipulan las reglas para exentarse de impuestos. Es lo que Oxfam llama “democracias capturadas”: la democracia sigue formalmente en pie, pero el menú de opciones ya viene preconfigurado para beneficiar a unos pocos.

Frente a todo esto, el 99% de la población experimenta inseguridad material y una brecha cada vez más grande entre el modelo de vida que el propio sistema vende –a través del marketing, las redes sociales y los medios de comunicación– y las posibilidades reales de alcanzarlo, por los altos costos de vida, la inflación y el estancamiento de los salarios. La frustración que genera esa gran desigualdad alimenta sentimientos profundos de injusticia y desconfianza en las instituciones y prácticas democráticas.

Ese círculo vicioso –concentración económica, captura política, desconfianza ciudadana– abre el camino a narrativas simples y autoritarias que prometen orden frente a la incertidumbre, la injusticia y la exclusión.

¿Qué modelos alternativos existen y en qué se diferencian del actual?

Hay varios marcos conceptuales –como la economía de la donut, las economías regenerativas y la economía del bien común– que apuntan a un mismo cambio fundamental: redefinir el propósito de la economía. Hoy ese propósito es el crecimiento infinito, la maximización de las ganancias, la producción y la acumulación, ignorando sus impactos negativos sociales y ambientales. Las alternativas proponen que el éxito se mida por otros factores: erradicación de la pobreza, equidad, cohesión social, participación democrática, salud planetaria y humana. La pregunta ya no es cuánto crecemos sino qué tan bien vivimos, y dentro de qué límites ecológicos.

Estos modelos también incorporan una lógica preventiva: en lugar de gastar recursos en reparar los daños que el crecimiento genera en salud mental, destrucción ambiental o desastres climáticos, el objetivo pasa a ser diseñar sistemas que eviten esos daños desde el principio. Es actuar río arriba, no solo atender síntomas río abajo.

Y frente a la lógica de “primero crecer y después redistribuir”, que no ha funcionado ni en su versión neoliberal ni en la desarrollista, las alternativas apuestan por la predistribución: intervenir antes de que la desigualdad ocurra, no solo paliarla después. Esto incluye diversificar las formas de propiedad y fortalecer las lógicas cooperativas y comunitarias de bienes comunes. No es que la redistribución deje de ser necesaria, pero no puede ser el único mecanismo.

También hay una diferencia política de fondo. El sistema actual trata a la ciudadanía como consumidores cuyo valor es su poder adquisitivo, y no como sujetos políticos con derechos y capacidad de participar en la toma de decisiones. Los modelos alternativos requieren y promueven una participación más activa, cualificada y deliberativa.

¿Hay experiencias de gobiernos que hayan avanzado en esta dirección?

En ningún lugar se ha aplicado una economía de bienestar de forma completa, pero existen algunos avances parciales. Por ejemplo, la alianza Wellbeing Economy Governments, que incluye a Escocia, Finlandia, Gales, Islandia y Nueva Zelanda, entre otros, ha comenzado a incorporar marcos de bienestar en sus visiones, políticas públicas y presupuestos. Esto ha permitido mayor inversión en servicios públicos, salud, educación, sistemas de cuidado y conservación ambiental.

El caso más citado es el de Gales, que en 2015 aprobó la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras. Esta ley orienta al gobierno hacia siete objetivos de bienestar, ninguno de los cuales es el crecimiento económico. También establece el mandato de la Comisionada de Generaciones Futuras, inicialmente desempeñado por Sophie Howe, consistente en revisar las políticas públicas para garantizar su impacto positivo en las futuras generaciones.

A veces los avances son más visibles a nivel subnacional. La descentralización que vivió América Latina en las últimas tres décadas les dio a los municipios más recursos y autonomía, y algunas ciudades han aprovechado ese espacio. Bogotá y Ciudad de México, por ejemplo, han implementado políticas esperanzadoras en materia de sistemas de cuidado, salud y educación, con mayor consideración de los impactos ambientales.

Sin embargo, todas estas experiencias se implementan dentro de estructuras económicas más amplias que no han cambiado, y eso tiene un costo: quienes intentan moverse en otra dirección pueden perder competitividad frente a quienes no asumen esos mismos compromisos. Por eso los cambios institucionales, por sí solos, no son suficientes: lo que se necesita es una transformación sistémica.

¿Quiénes se oponen a esta transición?

Quienes más se resisten son, en gran medida, quienes más se benefician del statu quo. Las grandes corporaciones de petróleo y gas, cuyas ganancias dependen de los combustibles fósiles, obstaculizan activamente la transición energética. También lo hacen las empresas farmacéuticas, que se benefician de un sistema de salud centrado en el tratamiento y no en la prevención, y las grandes empresas de producción y consumo de alimentos, que priorizan maximizar la producción y minimizar los costos, aunque esto tenga un alto impacto ambiental. Las corporaciones responden a sus accionistas, no al bien común. El sistema financiero refuerza todo esto, buscando maximizar el retorno financiero, no el retorno social y ambiental.

Incluso gobiernos que han intentado cambiar estas lógicas han enfrentado presiones poderosas al introducir regulaciones ambientales o laborales: retirada de inversiones, campañas de desestabilización y demandas legales por posibles pérdidas futuras de ganancias.

Esta resistencia revela algo importante: la economía no es neutral. No es un campo de juego plano. Es un campo desnivelado, en disputa y diseñado históricamente en favor de quienes concentran el poder. El sistema no está roto; está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo.

¿Qué cambios se necesitan y cómo puede impulsarlos la sociedad civil?

Necesitamos reformas fiscales para reducir la desigualdad, nuevos indicadores de bienestar que reemplacen al crecimiento como única métrica del éxito, mayor inversión en bienes públicos y reglas financieras y comerciales globales que no penalicen a los países del sur global.

Pero esos cambios institucionales no bastan si no cambian también las creencias sobre la economía. Hay mucha inercia cultural y falta de imaginación sobre las alternativas. La idea de que “no hay otra manera” ha sido repetida hasta naturalizarse. Por eso el cambio de narrativa es tan importante como el cambio de política.

Y ahí es donde la sociedad civil tiene un papel crucial: por un lado, como fuerza de presión para ampliar la voz ciudadana, resistir los peores impactos del sistema actual y alertar sobre la irresponsabilidad empresarial. Pero quizás su rol más importante es el de constructora de una nueva narrativa: hacer visible lo que el sistema invisibiliza, mostrar que las alternativas ya existen y conectar luchas que hoy están fragmentadas. Compartir casos de legislación innovadora o formas comunitarias de organizar la economía alimenta la idea de que otro modelo es posible y viable.

No es casual que los gobiernos que defienden el statu quo económico también busquen cerrar y censurar el espacio de la sociedad civil. Entender la restricción del espacio cívico como parte de la misma lógica que sostiene el sistema económico dominante es fundamental para enfrentarla con eficacia.

CIVICUS entrevista a un amplio espectro de activistas, personas expertas y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y otros temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan las posiciones de CIVICUS. Su publicación no es una expresión de apoyo a los entrevistados ni a las organizaciones que representan.