La respuesta del Ejecutivo fue política y confrontativa. La Presidencia calificó la decisión de la Sala de posible golpe de Estado y promovió una querella contra cuatro magistrados por presunto prevaricato, es decir, por el delito de dictar resoluciones a sabiendas de que son contrarias a derecho. 

Si bien el Ejecutivo puede discrepar de una sentencia y tiene derecho a recurrir a los mecanismos legales disponibles, en este caso muchos sectores interpretaron que sus acciones formaban parte de una narrativa más amplia de deslegitimación del Poder Judicial, consistente en presentar a los jueces como enemigos políticos, y advirtieron sobre el uso de recursos institucionales como instrumentos de presión. 

Para amplios sectores sociales, jurídicos y académicos, el conflicto dejó de ser una discusión técnica sobre nombramientos: pasó a centrarse en la preservación de la independencia judicial y la institucionalidad democrática.

La convocatoria por redes sociales y otros mecanismos de integración logró reunir sectores muy diversos porque se articuló alrededor de principios comunes, no de una plataforma partidaria. Los sindicatos del Poder Judicial se sumaron al plantón y, posteriormente, se unieron las universidades públicas, estudiantes, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, profesionales, personas jubiladas, familias y ciudadanos sin afiliación organizativa.  

Cada sector tenía sus propias motivaciones: los sindicatos se concentraban en temas laborales; las universidades, en la defensa de la educación superior; y los trabajadores judiciales, en la autonomía institucional. 

La convocatoria se difundió por redes sociales y otros canales, y trascendió las diferencias ideológicas y sectoriales. La movilización se construyó alrededor de principios comunes: la defensa de la democracia, la Constitución, el Estado de derecho, la independencia judicial y la separación de poderes.

La demanda fundamental es que se respeten las reglas del juego democrático. 

En primer lugar, la sociedad civil demanda que la Asamblea Legislativa cumpla con su responsabilidad constitucional y resuelva los nombramientos pendientes. 

Segundo, exige que se respete la separación de poderes y, consecuentemente, la independencia judicial. Los poderes del Estado deben controlarse mutuamente, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para el gobierno de turno. Recortar el presupuesto del Poder Judicial afecta su capacidad de decisión. 

Finalmente, reclama canales efectivos de diálogo. Los conflictos y cambios institucionales deben procesarse mediante los mecanismos constitucionales, el debate público y la búsqueda de acuerdos, no mediante la descalificación o la presión política.

El principal riesgo para la democracia es la normalización de una retórica que presente al Poder Judicial, la Contraloría General de la República, las universidades, la prensa u otras instituciones como enemigas cuando ejercen sus funciones de control. Las democracias no solo se deterioran mediante rupturas abruptas: la deslegitimación también erosiona uno de sus pilares fundamentales, la confianza ciudadana en las instituciones. 

Por eso, Costa Rica necesita más diálogo, más respeto y una ciudadanía dispuesta a defender, independientemente de quién gobierne, los principios que sostienen el Estado de derecho. La defensa de la democracia debe ser una causa común.