Se trata de una brecha entre las estructuras formales de gobernanza y las dinámicas reales de poder dentro del sistema. Por un lado, hay autoridad sin recursos. Los consejos directivos de las agencias, fondos y programas controlan apenas entre el 10% y el 20% de lo que se ejecuta, lo que significa que el 80% restante opera sin supervisión ni evaluación formal.

También hay recursos sin supervisión. Sólo diez donantes aportan el 70% de los recursos del sistema. Estados Unidos sigue siendo el principal donante, seguido por China, Alemania, Francia y el Reino Unido, mientras que los países del Golfo están ganando peso y buscando mayor reconocimiento. En su mayoría, estos países hacen contribuciones destinadas a proyectos o temáticas específicas. Estos fondos quedan fuera del alcance de las estructuras formales de gobernanza.

Y, finalmente, hay actores sin voz. Los países que más necesitan de la cooperación y asistencia técnica son los que menos influencia tienen sobre el sistema, tanto en la asignación de recursos y la definición de prioridades como en las decisiones operativas.

La financiación es, al mismo tiempo, el principal motor y una de las principales limitaciones del sistema. La influencia está fuertemente concentrada en unos pocos donantes que imponen sus prioridades al sistema, condicionando en qué países o temáticas se invierten los recursos que ellos aportan. Esto reduce el margen de decisión del sistema y, en muchos casos, lo convierte en ejecutor de agendas bilaterales.

Este modelo también tiene efectos concretos en cómo funciona el sistema. El 60% de las contribuciones son de bajo monto, es decir, menores a un millón de dólares, lo que multiplica los costos de transacción y aumenta la burocracia. En algunos casos, el costo de gestionar los fondos termina siendo mayor que los beneficios que llegan a las personas, al medio ambiente o a la protección de derechos.

El impacto no es solo financiero, sino también político. En los últimos años se ha visto un cambio claro en las prioridades del sistema. Temas como la igualdad de género o el cambio climático, que hasta hace poco ocupaban un lugar central, están perdiendo espacio. Cuando cambian los gobiernos y ascienden al poder figuras antiderechos, estas agendas se revisan o incluso se desmantelan, lo que afecta la continuidad de políticas que requieren tiempo y coherencia.

Este desplazamiento también se refleja en el lenguaje y en cómo se discuten estas agendas. El sistema multilateral está cada vez más cuestionado, con discursos que ponen en duda el valor de los ODS e incluso el papel mismo de la ONU, lo que termina debilitando su legitimidad.

El impacto es concreto: un sistema que llevó años construir puede erosionarse rápidamente cuando se lo deslegitima de forma sostenida. Y, aunque dista de ser perfecto, desmantelarlo no es la solución, ya que volver a construirlo sería muy difícil.

La sociedad civil tiene poca influencia sobre el sistema. Por un lado, están las barreras financieras: los presupuestos son limitados y sólo asistir a las reuniones representa un gasto significativo para muchas organizaciones. Además, el sistema de acreditación tiende a favorecer a las organizaciones del Norte Global.

Y, aunque más de 6.000 organizaciones tienen estatus consultivo ante la ONU, ese número no se traduce en una participación real. El problema no es solo de cantidad sino de calidad: los mecanismos habilitados son demasiado limitados para que la sociedad civil incida de manera significativa. A eso se suma otro obstáculo estructural: el Comité de ONG de la ONU, integrado por países como China, Cuba y Nicaragua, restringe activamente el acceso al estatus consultivo, bloqueando el ingreso de nuevas organizaciones. No es un descuido; es una forma deliberada de mantener acotada la voz de la sociedad civil en los espacios multilaterales.

También hace falta algo de autocrítica. La sociedad civil no siempre ha sabido mostrar el valor que puede aportar a estos procesos. Seguimos enfocados en conversaciones demasiado amplias que no generan aportes específicos y, en algunos casos, estamos librando batallas que no podemos ganar. La ONU es un cuerpo de Estados. Podemos influir en los procesos, y lo hemos hecho con éxito, pero reclamar un voto además de voz no solo es poco realista, sino que también abre preguntas difíciles sobre representación y legitimidad.

El desafío pasa por otro lado: debemos aprovechar mejor nuestras capacidades técnicas, construir alianzas más sólidas y trabajar de forma más coordinada. No es fácil, sobre todo porque implica convencernos de que vale la pena incidir desde el sur global en procesos globales cuyos resultados se verán en el largo plazo. Pero sin ese equilibrio, el riesgo es que las decisiones se vuelvan todavía menos representativas. Debemos construir alianzas regionales más sólidas que nos permitan crear bienes públicos compartidos y agendas comunes que luego se conecten en el nivel global. África ya lo hace, es hora de que la región de América Latina y el Caribe también empiece a actuar como un bloque.

Hay distintos caminos posibles. En el corto plazo, la opción es centrarse en mejorar la eficacia del sistema, trabajando con las reglas que ya existen en lugar de invertir energía en reformas que pueden tardar años en concretarse. También se pueden impulsar cambios más graduales, revisando mandatos y reduciendo duplicaciones. La construcción de coaliciones para avanzar en transformaciones más profundas depende de la voluntad política de los Estados.

Los problemas están bastante claros. Hay una desconexión entre la financiación y la gobernanza: quienes toman decisiones no siempre controlan los recursos, y eso limita la capacidad del sistema para actuar de forma coherente. A la vez, la toma de decisiones sigue siendo poco inclusiva, y muchos de los compromisos que se adoptan no se siguen de manera sostenida.

En ese contexto, toda reforma pasa por cerrar esas brechas: alinear mejor los recursos con las estructuras de decisión, abrir los espacios de gobernanza y asegurar que haya mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que realmente funcionen.