Los primeros en manifestarse fueron los campesinos del norte amazónico. Pedían que se derogara la norma de reforma agraria y, cuando el gobierno cedió, se desmovilizaron. Después, otras tres organizaciones sostuvieron la protesta.

Una fue la Federación Túpac Katari, que agrupa al campesinado del departamento de La Paz y tiene una larga tradición de lucha que se remonta al famoso cerco de 1781, cuando las comunidades aymaras sitiaron la ciudad de La Paz durante meses. Es un sector combativo, con cierto control territorial y capacidad de radicalizar la protesta, y que, pese a las promesas de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el liderazgo de Evo Morales, no logró salir de la pobreza.

Otro actor fue la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país. Reúne a los trabajadores formales, que representan apenas alrededor del 15% de la fuerza laboral, ya que la gran mayoría del empleo en Bolivia es informal, sin derechos ni beneficios laborales. La COB estuvo muy cerca del MAS durante 20 años; hoy perdió esa influencia sobre el Estado y busca recuperarla con la movilización.

También se movilizaron los sectores campesinos y cocaleros del centro del país, sobre todo de Cochabamba, que buscan el regreso de Morales al poder. Morales gobernó 14 años, aunque la Constitución permite una sola reelección. En 2016 se intentó modificar ese límite, pero un referéndum lo impidió. En 2017, un Tribunal Constitucional afín a Morales reabrió esa puerta al declarar que la reelección indefinida era un “derecho” amparado por los tratados internacionales suscritos por Bolivia, algo que el sistema interamericano ya había descartado con claridad. El intento forzado de reelección terminó en la crisis política de 2019, con elecciones anuladas y la renuncia y huida de Morales del país. Hoy vive refugiado en el Chapare, en el departamento de Cochabamba, resguardado por los sindicatos cocaleros que impiden que enfrente los procesos judiciales por trata agravada de personas, un cargo que niega y que atribuye a la persecución política. Aun así, sigue siendo un referente para cerca de una quinta parte del electorado.

Cuando la protesta se radicalizó, los tres grandes bloques dejaron de lado sus demandas propias y se quedaron con una sola consigna: la renuncia de Paz.

Al contrario de lo que mostró buena parte de la prensa internacional, la respuesta fue tímida. El gobierno apostó por contener el conflicto sin reprimir, en lugar de abrir las rutas por la fuerza. Muchos bolivianos, sobre todo en las ciudades y en la derecha, esperaban mano dura y consideraron la respuesta estatal débil y hasta complaciente.

No está claro si el gobierno estaba en condiciones de implementar una respuesta más represiva. Paz llegó debilitado a este conflicto: no tiene una coalición parlamentaria que le dé gobernabilidad y arrastra una legitimidad de origen frágil, pues ganó la segunda vuelta después de recibir apenas un tercio de los votos en la primera. A eso se suma que el Estado tiene poca capacidad económica y logística para movilizar recursos o efectivos policiales.

La apuesta por la contención pacífica tuvo un alto costo político, económico y humano. Todas las muertes del conflicto vinieron de los bloqueos, no de la intervención estatal: personas que murieron en ambulancias detenidas en los piquetes, insumos médicos que no llegaron a tiempo a los hospitales, transportistas que pasaron semanas dentro de la cabina y sufrieron un paro cardíaco.

Aun así, la contención pacífica terminó imponiéndose. El 19 de junio el gobierno firmó un acuerdo con la COB y esta abandonó el pedido de renuncia. Recién entonces el gobierno dictó el estado de excepción, que le permite suspender ciertas garantías para restablecer el orden. Hubo operativos de desbloqueo, pero como el acuerdo ya estaba firmado, casi no hizo falta usar la fuerza: los bloqueos se disolvieron más por el cansancio de los movilizados y la amenaza del uso de la fuerza que por una intervención militar efectiva.

Hay tres factores que se repiten en buena parte de América Latina. El primero es la debilidad institucional. Gobiernos con vocación autoritaria, tanto de derecha como de izquierda, erosionan la división de poderes y concentran las decisiones en la figura de un caudillo. Las instituciones quedan sometidas al Ejecutivo y, con el tiempo, pierden legitimidad. Eso pasó en Bolivia: los datos de Ciudadanía muestran ese desgaste durante los últimos 20 años.

A eso se suman la desigualdad y las expectativas insatisfechas. Mientras los Estados no den respuesta a la pobreza y la exclusión, seguirá habiendo gente descontenta y dispuesta a movilizarse.

Finalmente, está la acción de grupos desleales a la democracia, dispuestos a usar cualquier vía para llevar a sus dirigentes al poder. Los hay en la izquierda y en la derecha; para todos ellos, su visión del país está por encima de las reglas mínimas del juego democrático. Estos grupos capitalizan las frustraciones y tensiones sociales y aprovechan la debilidad institucional. Su accionar tuvo un peso particular en el conflicto reciente, pero la sensatez y la convicción democrática de la mayoría de los bolivianos los derrotó.

En momentos de crisis como el que vivió Bolivia, las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar una serenidad que la política y la calle perdieron. Sostener una posición serena al mismo tiempo que atenta a los derechos es fundamental cuando desde ambos lados se llama a la violencia y se exacerba la polarización.

En el mediano y largo plazo, el mayor aporte que puede hacer la sociedad civil es fortalecer las oportunidades de encuentro, diálogo y debate entre quienes tienen posiciones e intereses distintos, pero adscriben a principios mínimos de respeto mutuo y cumplimiento de las normas. No se trata de que la gente deje de interesarse por la política o de manifestarse, sino de que lo haga dentro de los límites de la convivencia democrática.