CIVICUS conversa sobre los recientes retrocesos en la legislación laboral argentina con Facundo Merlán Rey, militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una organización que defiende los derechos de los trabajadores y lucha contra la represión estatal.

Argentina acaba de aprobar los cambios en la legislación laboral más significativos en medio siglo. Impulsada por el presidente Javier Milei tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre de 2025, la ley modifica profundamente las condiciones de contratación y despido, extiende la jornada laboral, restringe el derecho a huelga y elimina protecciones para trabajadores de sectores específicos. El gobierno sostiene que las medidas impulsarán el empleo formal y la inversión, pero sindicatos y organizaciones sociales advierten que erosionan décadas de derechos conquistados. La aprobación de la ley desencadenó cuatro huelgas generales y numerosas protestas.

¿Qué cambia con la nueva ley, y por qué el gobierno decidió impulsarla?

Aprovechando la victoria electoral de las elecciones legislativas del año pasado, que le concedieron mayoría en ambas cámaras, el gobierno impulsó una reforma laboral que introduce cambios en varios frentes al mismo tiempo.

En cuanto a la jornada laboral, aumenta el máximo de horas de ocho a 12, con un tope de 48 horas semanales. Las horas trabajadas por encima de ese límite ya no tienen que pagarse obligatoriamente, sino que pueden acumularse y canjearse por días libres en otro momento.

También se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que habilita que una parte de la remuneración se defina según el mérito o la productividad individual del trabajador. Esto puede ser decidido de manera unilateral por el empleador y sin necesidad de acuerdo colectivo. Permitiría que dos personas cobraran distinto por el mismo trabajo.

La ley crea el Fondo de Asistencia Laboral, una cuenta a la que el empleador aporta un 3% del salario del trabajador, del cual entre uno y 2,5 puntos porcentuales provienen del propio sueldo del trabajador. Si es despedido, el trabajador cobra lo acumulado en ese fondo. Esto es profundamente humillante: obliga al trabajador a contribuir al financiamiento de su propio despido. Además, dado que estos aportes antes iban al sistema previsional, el efecto será debilitar las jubilaciones.

La ley también restringe el derecho a huelga porque amplía la lista de sectores considerados “esenciales”, es decir, obligados a mantener al menos el 75% de su actividad durante un paro. Antes, esa categoría incluía agua, control aéreo, electricidad, gas y salud. Ahora se suman aduanas, educación (en todos los niveles con excepción del universitario), migración, puertos y telecomunicaciones. En la práctica, esto significa que en esos sectores una huelga tiene un impacto mucho más limitado.

Finalmente, se derogan las leyes especiales que regulaban las condiciones de trabajo en ciertos oficios y profesiones. En los próximos seis meses perderán esas protecciones choferes particulares, operadores de radio y telegrafía, peluqueros y viajantes de comercio. El Estatuto del Periodista también se eliminará a partir de 2027.

Desde CORREPI, entendemos que todas estas medidas son inconstitucionales, ya que afectan directamente el artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho al trabajo y a condiciones de vida digna. La reforma pone al empleador en una posición de hegemonía casi absoluta en la relación laboral, dejando al trabajador sin margen real para defender sus derechos.

¿Cómo han reaccionado sindicatos y organizaciones sociales?

Los sectores más combativos señalaron con claridad los problemas de la nueva ley, pero la respuesta del movimiento obrero organizado fue insuficiente.

La conducción sindical respondió con un plan de lucha tardío y de bajo perfil. Hace tiempo que se la cuestiona por preferir el acuerdo discreto antes que la confrontación abierta, y esta vez no fue distinto: negoció en las sombras y obtuvo concesiones puntuales para proteger su propia estructura. La nueva ley mantiene los aportes patronales a las obras sociales sindicales y la cuota sindical que pagan los trabajadores por dos años. Los derechos del conjunto de los trabajadores quedaron en segundo plano.

¿Qué impactos están teniendo los cambios?

Aunque la nueva ley ya está vigente, su implementación plena enfrenta obstáculos, en parte porque tiene problemas de articulación interna que dificultan su aplicación práctica. Cuando el gobierno intente aplicarla en sectores que aún conservan derechos, es probable que enfrente impugnaciones judiciales, lo que aumentará la conflictividad social.

Aun así, algunos de sus efectos ya se sienten. El desempleo crece de manera lenta pero sostenida. El cierre de fábricas, impulsado por la apertura de importaciones y la mayor facilidad para el despido, está empujando a más trabajadores hacia el empleo informal y el pluriempleo. El resultado es una caída del consumo y un nivel de desgaste cuya canalización es difícil de prever.

Las consecuencias van más allá de lo económico. Las condiciones de trabajo cada vez más exigentes, combinadas con la inflación alta y el endeudamiento familiar creciente, están deteriorando la salud mental de los trabajadores. Lamentablemente, ya se registra un aumento preocupante en la tasa de suicidios.

Existe también una consecuencia más difícil de medir: esta reforma erosiona la identidad colectiva de los trabajadores. Cuando el trabajo es informal, cada persona tiende a resolver sus problemas de manera individual, lo que hace mucho más difícil organizarse para reclamar mejores condiciones. En los barrios populares, el narcotráfico se consolida como alternativa laboral, generando situaciones de violencia que pasan en gran medida desapercibidas. Todo apunta, lamentablemente, a una disgregación social cada vez más profunda.

¿Qué lecciones deja esta experiencia para el resto de la región?

La experiencia regional muestra que revertir este tipo de reformas es muy difícil. En Brasil, el presidente Lula da Silva llegó al poder en 2022 prometiendo derogar la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Michel Temer, una ley igualmente resistida por sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, no lo logró, y el marco que dejó Temer sigue vigente. Una vez aprobadas, estas reformas tienden a permanecer independientemente de quién gobierne después.

Por eso lo que ocurre en Argentina no debería leerse como un fenómeno aislado. La reforma parece funcionar como parte de una orientación más amplia que viene tomando la política de la región bajo la influencia de Estados Unidos, uno de los grandes impulsores de estos cambios y sostén de los gobiernos que los implementan.

El debilitamiento de los derechos laborales y de la organización colectiva no es un efecto secundario, es el objetivo. Desarmar la capacidad de los trabajadores de organizarse colectivamente facilita el avance de intereses extractivistas y financieros, y garantiza el acceso a mano de obra a bajo costo. En ese sentido, Argentina deja una advertencia para el resto de la región.

CIVICUS entrevista a un amplio espectro de activistas, personas expertas y líderes de la sociedad civil para recabar diversas perspectivas sobre la acción de la sociedad civil y otros temas de actualidad, con el fin de publicarlas en su plataforma CIVICUS Lens. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan las posiciones de CIVICUS. Su publicación no es una expresión de apoyo a los entrevistados ni a las organizaciones que representan.