La justicia tardó en imponerse en el caso de Vicky Hernández. El 26 de marzo de 2021, doce años después de que Vicky –una mujer transgénero, activista y trabajadora sexual de 26 años de edad- fuera asesinada por las fuerzas de seguridad hondureñas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que responsabiliza al Estado de Honduras por la violación de sus derechos fundamentales.

En la noche del 28 de junio de 2009 se producía un golpe militar y acababa de imponerse un toque de queda. Vicky Hernández y otras dos mujeres trans se encontraban en las calles desiertas de la ciudad de San Pedro Sula cuando vieron acercarse un coche de policía. Familiarizadas con el acoso y los abusos de las fuerzas de seguridad, huyeron corriendo en distintas direcciones. Mientras que sus dos amigas llegaron a casa sanas y salvas, Vicky nunca lo hizo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con un agujero de bala en la cabeza.

El asesinato de Vicky se parecía demasiado a una ejecución extrajudicial, pero no fue investigado como tal; de hecho, no fue investigado en absoluto. Las dos amigas que, de haberse seguido los procedimientos estipulados, podrían haber testificado ante el tribunal, fueron asesinadas poco después. Vicky fue velada en la sede de su organización, el Colectivo Unidad Color Rosa, y la compañera que preparó su cuerpo para el funeral cayó en la cuenta de que no se le había realizado ninguna autopsia. Temiendo por su vida, luego huyó al exilio.

La muerte de Vicky habría sido apenas una más, indistinguible de innumerables otras, de no ser por la determinación de una organización hondureña LGBTQI+, la Red Lésbica Cattrachas. En diciembre de 2012, Cattrachas presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pronto fue copatrocinada por la organización estadounidense Robert Kennedy Human Rights.

Seis años más tarde, la CIDH emitió un informe de fondo que identificaba la responsabilidad del Estado y hacía varias recomendaciones. Como el Estado de Honduras no respondió, en abril de 2019 la CIDH remitió el caso a la Corte, subrayando la necesidad de obtener justicia y reparación. La Corte actuó en consecuencia.

¿Cambio de rumbo? La importancia de la sentencia de la Corte IDH

Honduras ostenta la dudosa distinción de ser el país con la mayor tasa de asesinatos de personas trans en todo el mundo. Según la institución nacional de derechos humanos hondureña, al menos 325 personas LGBTQI+ fueron asesinadas en el país en la década siguiente al asesinato de Vicky. Como era de esperarse, más del 90% de esos asesinatos quedaron impunes. Las personas LGBTQI+ han continuado siendo victimizadas regularmente de muchas otras maneras, mediante abusos de autoridad, lesiones corporales, detenciones ilegales, robos, acoso, violaciones, amenazas de muerte, y agresiones y violencia doméstica. La esperanza de vida de una mujer trans en Honduras es de entre 30 y 35 años. No es de extrañar que muchas se vean obligadas a emigrar con rumbo norte solo para sobrevivir.

El caso de Vicky fue apenas el sexto caso en materia de derechos LGBTQI+ analizado por la Corte IDH, y el primero centrado en la violencia contra una persona trans. La sentencia, hecha pública el 28 de junio de 2021, concluyó que el Estado de Honduras había violado los derechos de Vicky a la vida, la integridad personal, la igualdad y la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el nombre, la libertad personal, la intimidad y la libertad de expresión. También determinó que el Estado no había investigado la muerte de Vicky con la debida diligencia y, por tanto, había incumplido sus deberes relativos al debido proceso, la protección judicial y otras obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La invocación de esta convención, también conocida como Convención de Belém Do Pará, envió un mensaje contundente: las mujeres trans son mujeres y, por consiguiente, están protegidas por todos los instrumentos jurídicos relativos a los derechos de las mujeres.

¿Y ahora qué?

La sentencia de la Corte IDH es un paso adelante sin precedentes, pero es apenas un paso, al que deben seguir muchos más. Al fin y al cabo, las estructuras sociales que desvalorizan la vida de las personas LGBTQI+, y de las personas trans en particular, continúan en pie, habilitando la violencia contra ellas, garantizando la impunidad y perpetuando el ciclo del abuso.

Algunas de esas estructuras pueden empezar a ceder si se implementan plenamente las medidas de reparación y no repetición ordenadas por la Corte IDH, y no cabe duda de que la sociedad civil hondureña se esforzará por conseguir que así sea. Pero para que se produzca un cambio profundo y duradero, la sociedad civil -en Honduras y más allá- tendrá que seguir creando conciencia en temas LGBTQI+ en todos los sectores de la sociedad, desde las fuerzas de seguridad hasta los medios de comunicación, y desde el poder legislativo hasta la población en general.

La sociedad civil deberá seguir trabajando para normalizar la presencia de las personas LGBTQI+, y de las personas trans en particular, en todos los ámbitos de la vida social. Una fuente de inspiración y una idea posiblemente replicable es la iniciativa, aprobada en Argentina en junio, de establecer un cupo para personas trans en el empleo público. Esta fue una demanda promovida con éxito por las organizaciones argentinas de derechos LGBTQI+.

La aceptación del maltrato de los grupos excluidos suele ser el resultado del éxito de los esfuerzos por deshumanizar a quienes son percibidos como diferentes. Para contrarrestar esta narrativa, la sociedad civil tendrá que redoblar sus esfuerzos para generar comprensión y empatía hacia las personas LGBTQI+, en particular hacia las personas trans, creando así un mundo en el que las vidas de las personas LGBTQI+ realmente importen.