Colombia acaba de marcar un hito histórico en la campaña mundial contra el matrimonio infantil, con la aprobación en el Senado de una de las prohibiciones más integrales del matrimonio infantil y las uniones tempranas de América Latina y el Caribe. En un país donde una de cada cinco niñas menores de 18 años y una de cada diez menores de 14 años están casadas o viven en condiciones similares al matrimonio, la nueva ley eleva la edad mínima para casarse a 18 años, sin excepciones, eliminando una disposición del Código Civil de 137 años de antigüedad que permitía a niños y niñas mayores de 14 años contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Este logro se alinea con el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta es eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil para 2030. La nueva ley ahora espera la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor.

El gran avance de Colombia

El matrimonio infantil afecta de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables de Colombia, con tasas que oscilan entre 40% y 65% entre las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas. En algunas comunidades, niñas de tan sólo 10 años son casadas. Estas uniones tempranas exponen a las niñas a relaciones de poder desiguales, les niegan el acceso a la educación, limitan su autonomía física y económica y conducen a mayores índices de violencia de género y problemas de salud relacionados con embarazos precoces.

La aprobación del proyecto de ley #SonNiñasNoEsposas reflejó el poder de la persistente defensa de la sociedad civil. Tras varios intentos fallidos desde 2007, el proyecto de ley, del que son autoras dos congresistas, fue aprobado con apoyo unánime. Este éxito fue impulsado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana que forman parte de la red mundial Girls Not Brides (“niñas, no novias”), que incluye la Fundación para el desarrollo en Género y Familia, la Fundación Plan y Profamilia, trabajando junto a socios internacionales como Equality Now y Plan International, con el apoyo directo de Girls Not Brides para la incidencia legislativa y las campañas en medios de comunicación.

Además de elevar la edad mínima para contraer matrimonio, la nueva ley establece el Programa Nacional Integral de Proyectos de Vida para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta iniciativa preventiva apunta a las causas estructurales de las uniones tempranas, y en particular a la pobreza y la falta de educación, especialmente en zonas rurales remotas. El programa incluye la participación de las comunidades indígenas a través de sus propias estructuras de gobernanza, reconociendo la importancia de la sensibilidad cultural en su implementación.

El panorama mundial

Colombia no es el único país con problemas de matrimonio infantil. En todo el mundo, unos 12 millones de niñas se casan cada año, dos millones de ellas antes de los 15 años. Aunque el matrimonio infantil también puede afectar a los niños, las niñas tienen seis veces más probabilidades de casarse siendo menores que los niños.

Según el Mecanismo de Monitoreo del Matrimonio Infantil, una iniciativa colaborativa para generar pruebas que respalden los esfuerzos por acabar con el matrimonio infantil, una de cada cinco mujeres jóvenes de todo el mundo se casa antes de cumplir los 18 años, y las tasas más altas se registran en África subsahariana.

Para hacer frente a este problema, The Elders, un grupo de destacadas personalidades públicas, puso en marcha en 2011 la alianza global Girls Not Brides. Con más de 1.400 organizaciones miembros en más de 100 países, Girls Not Brides trabaja para prevenir el matrimonio infantil, reconociéndolo como una violación de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo. Identifica cuatro causas principales del matrimonio infantil: la pobreza, las oportunidades educativas y económicas limitadas, la desigualdad de género y la inseguridad en situaciones de conflicto o catástrofe. Aborda el problema mediante campañas de concienciación, promoción de políticas nacionales e internacionales y compromiso de la comunidad para desafiar las normas sociales que perpetúan el matrimonio infantil.

Desde entonces, los esfuerzos se han multiplicado. En 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzaron el Programa Mundial para poner fin al matrimonio infantil. Actualmente en su tercera fase, prevista hasta 2030, el programa opera en 12 países de alta prevalencia de matrimonio infantil en África, Oriente Medio y Asia Meridional. Trabajando directamente con los gobiernos, ha llegado a millones de adolescentes, centrándose en la educación, la atención sanitaria y las oportunidades económicas.

Las iniciativas a nivel regional incluyen la Iniciativa de Asia Meridional para Acabar con la Violencia contra los Niños y las Niñas, que trabaja en Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, y la Campaña de la Unión Africana para Poner Fin al Matrimonio Infantil, lanzado en diez países en 2014 y posteriormente ampliado a 20 más.

Son muchas las iniciativas que trabajan a nivel nacional y local. Estas combinan múltiples respuestas, como el trabajo con líderes religiosos y comunitarios para cambiar las normas sociales, el apoyo a la educación y al empoderamiento económico de las niñas, el compromiso con los hombres y los niños sobre la igualdad de género, la defensa de leyes más estrictas y su aplicación, la prestación de servicios de apoyo a las niñas en riesgo de matrimonio infantil, el uso de los medios de comunicación y la tecnología para sensibilizar y cambiar actitudes y la creación de redes de jóvenes defensores y agentes del cambio.

Progresos y desafíos

Estos esfuerzos han contribuido a un descenso mundial de las tasas de matrimonio infantil. Según UNICEF, la proporción de mujeres jóvenes que se casaron siendo niñas ha disminuido de 25% a 21% en la última década, lo que significa que se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles. Sin embargo, aun así se estima que el número de niñas casadas a nivel mundial es de 650 millones, incluyendo a niñas menores de 18 años casadas y las mujeres adultas que se casaron siendo niñas.

La tasa media anual de reducción ha sido de 0,7% en los últimos 25 años y de 1,9% en la última década, lo que refleja el impacto de las iniciativas recientes. Pero, a este ritmo, no se alcanzará la meta de los ODS de eliminar esta práctica para 2030.

La pandemia COVID-19, el cambio climático, los conflictos y la inestabilidad económica han provocado retrocesos. Allí donde aumenta la inseguridad, también lo hace el matrimonio infantil, ya que los padres ven en el matrimonio precoz de sus hijas una solución económica y de seguridad. Durante el conflicto en Siria, por ejemplo, la tasa de matrimonios infantiles se disparó entre la población refugiada en países como Jordania y Líbano.

De cara al futuro

La nueva ley colombiana supone un avance significativo, pero es sólo el principio, como demuestra el hecho de que muchos de los matrimonios precoces que se celebran en Colombia ya habrían sido ilegales con la ley anterior.

El verdadero trabajo de implementación comienza ahora. Los esfuerzos de Colombia en los próximos años serán cruciales para demostrar cómo el cambio legislativo puede traducirse en una protección real para las niñas vulnerables. Para América Latina y el Caribe, debería abrir oportunidades para una mayor cooperación transfronteriza y reformas legislativas similares.

El enfoque integral de Colombia podría servir de modelo para el cambio en una región en la que muchos países siguen teniendo excepciones legales que permiten el matrimonio infantil en algunas circunstancias, mientras que otros tienen leyes sólidas que no se aplican adecuadamente.

Aunque la tendencia a la baja de las tasas mundiales de matrimonio infantil ofrece esperanza, el ritmo actual de cambio sigue siendo demasiado lento. El ejemplo de Colombia demuestra que es posible lograr avances significativos mediante un compromiso sostenido de múltiples actores y enfoques integrales que modifiquen las leyes, pero también aborden las dinámicas sociales subyacentes. La comunidad internacional debe aprovechar este impulso. Esto significa ampliar las iniciativas que han tenido éxito, aumentar la financiación de las organizaciones de la sociedad civil y mantener la presión política.

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