José Rubén Zamora Marroquín, fundador y presidente del hoy extinto elPeriódico, otrora el principal medio de investigación independiente de Guatemala, se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber pasado casi tres años y medio detenido.

Su calvario comenzó en julio de 2022, cuando la policía lo detuvo acusado de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero. La denuncia la presentó un exbanquero, Ronald García Navarijo, quien estaba siendo investigado por delitos financieros. La detención se produjo tras meses de reportajes de Zamora sobre negocios corruptos que involucraban a las élites económicas y políticas durante el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Durante casi tres décadas, elPeriódico expuso la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad en Guatemala, pero se vio obligado a cerrar pocos meses después de la detención de Zamora por la intimidación a sus anunciantes y la criminalización de su personal. En junio de 2023, un tribunal declaró a Zamora culpable de lavado de dinero y lo condenó a seis años de prisión.

En octubre de 2023, un tribunal de apelación anuló la condena y ordenó un nuevo juicio pero, para ese entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ya había presentado una segunda acusación. La FECI sostenía que Zamora había conspirado para obstruir la justicia y usado documentos falsificados, por lo que permaneció en prisión. Un tribunal le concedió la libertad condicional en mayo de 2024, pero una sala de apelación la revocó a las pocas semanas. Para entonces llevaba más de 20 meses encarcelado de forma arbitraria, buena parte del tiempo en régimen de aislamiento en una cárcel militar, en una oscuridad casi constante, privado de sueño, obligado a permanecer desnudo y sometido a registros arbitrarios de su celda, y sin recibir ningún tratamiento para la infestación de ácaros que afectó su salud física y mental.

En mayo de 2024, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención de Zamora era arbitraria, al considerar que se trataba de una represalia por su labor como periodista que investigaba la corrupción, y recomendó su puesta en libertad inmediata y una indemnización. En agosto, seis expertos de la ONU advirtieron que el trato que había recibido podía considerarse tortura.

En octubre de 2024, un juez le concedió a Zamora el arresto domiciliario, pero un tribunal de apelación lo devolvió a prisión en marzo de 2025. La Corte Suprema de Justicia trasladó al juez que lo había puesto en libertad a un tribunal de otra parte del país. La Corte de Constitucionalidad bloqueó una nueva solicitud de liberación en septiembre de ese año. Al mes siguiente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la anulación de la condena por lavado de dinero y ordenó un nuevo juicio, al considerar que la sala de apelación no había resuelto el caso como correspondía.

El 12 de febrero de 2026, tras pasar 1.295 días detenido, Zamora obtuvo por fin el arresto domiciliario, en el que permanece actualmente. Un mes más tarde, la Corte Suprema de Justicia anuló las resoluciones de 2025 dictadas en su contra, incluida la que lo había devuelto a prisión, al concluir que violaban el debido proceso y carecían de fundamento jurídico. La Fiscalía sigue intentando revocar el arresto domiciliario y devolverlo a prisión. La Corte de Constitucionalidad celebró la más reciente audiencia de apelación en junio, pero aún no se ha pronunciado.

Ahora su defensa también está siendo perseguida. Al menos diez abogados que asumieron el caso tuvieron que abandonarlo bajo presión, y algunos fueron procesados y encarcelados tras representarlo.

Tendencia generalizada

El caso de Zamora ilustra cómo funciona el sistema en Guatemala con quienes hacen frente a la corrupción, las violaciones de derechos humanos, la violencia y la impunidad. Entre ellos hay periodistas que investigan la corrupción, jueces y fiscales que la persiguen, y colectivos que se movilizan en reclamo de derechos o documentan violaciones de derechos, en particular activistas indígenas, defensores del territorio y activistas climáticos, además de cualquier persona que alce la voz por quienes son procesados. Para muchos, el exilio es la única alternativa a la cárcel. Más de 100 personas, entre ellas unos 50 jueces y fiscales, han huido del país para evitar enfrentarse a acusaciones falsas.

Todo empieza con denuncias penales por asociación ilícita, lavado de dinero o terrorismo. A partir de ahí, el proceso judicial avanza rápido y la persona es detenida durante largos períodos. La criminalización se refuerza con campañas coordinadas de desprestigio en redes sociales.

La maquinaria de la represión

El Estado lleva mucho tiempo en manos de lo que los guatemaltecos llaman “pacto de corruptos”: una coalición de empresarios, narcotraficantes, militares y políticos. El sistema judicial ha sido instrumentalizado para servir a sus intereses, lo que implica que cualquier intento serio de desmantelar las redes arraigadas de corrupción e impunidad exige apoyo externo. Por eso, en 2006, la ONU y el gobierno guatemalteco acordaron crear un organismo independiente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para investigar la corrupción junto al Ministerio Público.

El acuerdo lo firmó el presidente Óscar Berger, cuyo gobierno estuvo marcado por escándalos de corrupción y a quien la CICIG acusaría más tarde de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales. Es probable que la decisión de Berger respondiera menos a un afán reformista que a incentivos diplomáticos, entre ellos el respaldo de Estados Unidos, y a que el mandato inicial de la CICIG era deliberadamente acotado y se limitaba a un papel de apoyo junto al Ministerio Público. Hizo falta la intervención de los comisionados que la ONU nombró más adelante para convertir a la CICIG en el organismo mucho más enérgico que terminó persiguiendo a presidentes en ejercicio.

A lo largo de 12 años, la CICIG y el Ministerio Público investigaron más de 70 estructuras delictivas complejas, llevaron a los tribunales más de 120 casos de gran repercusión y respaldaron alrededor de 100 solicitudes para levantar la inmunidad de funcionarios. Las investigaciones dieron lugar a la imputación de más de 1.540 personas. Más de 660 fueron procesadas y más de 400, condenadas. Entre los implicados figuraban expresidentes, exministros, diputados, altos cargos del Estado, alcaldes, figuras del mundo empresarial y narcotraficantes. Los casos revelaron cómo la corrupción atravesaba todos los partidos y cómo se habían amasado fortunas gracias a monopolios protegidos mediante financiamiento electoral oculto y conexiones políticas. Los procesos judiciales ayudaron a contrarrestar la percepción generalizada de que los poderosos eran intocables.

Más allá de los casos individuales, la CICIG trabajó para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones estatales guatemaltecas, en particular el Ministerio Público, el Poder Judicial, la unidad de inteligencia financiera y el Tribunal Supremo Electoral, y elaboró propuestas de reforma legal y recomendaciones de política pública para combatir la impunidad y prevenir el resurgimiento de estructuras de seguridad ilegales. Colaboró con la sociedad civil y los medios, y sus procedimientos respetaron el debido proceso conforme a los estándares internacionales.

El éxito de la CICIG la convirtió en un blanco de ataques. Tras conseguir la renuncia y el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina en 2015 y contribuir a las acusaciones contra tres expresidentes, en 2017 investigó las finanzas del presidente en ejercicio, Jimmy Morales, un exhumorista que había basado su campaña en un programa anticorrupción. En respuesta, Morales buscó acabar con la CICIG. En agosto de 2017 ordenó expulsar del país a su director, Iván Velásquez, una decisión que la Corte de Constitucionalidad bloqueó. Al fracasar esa vía, Morales reemplazó a la fiscal general por una más dócil, Consuelo Porras, y anunció que no renovaría el mandato de la CICIG más allá de su vencimiento en septiembre de 2019. Hizo el anuncio flanqueado por oficiales del ejército, días después de que se hubieran estacionado jeeps frente a las oficinas de la CICIG.

El presidente Giammattei, que asumió en 2020, desmanteló lo que quedaba. Volvió a nombrar a Porras, quien destituyó al director de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y lo forzó al exilio. Porras procesó u obligó a dimitir a otras decenas de jueces y fiscales que habían colaborado con la CICIG.

Porras convirtió el Ministerio Público en una herramienta de persecución: se apoyó en jueces afines y en la Fundación contra el Terrorismo, de extrema derecha, para criminalizar a activistas, periodistas y funcionarios de la justicia, mientras desestimaba sin investigar el 74% de las denuncias que llegaban a su oficina. Para cuando su mandato terminó en mayo, más de 40 Estados, entre ellos Estados Unidos, habían sancionado a Porras y a funcionarios afines por corrupción y conducta antidemocrática.

El improbable ascenso de un outsider

La victoria electoral de Bernardo Arévalo en 2023 desafió al sistema. Este diputado poco conocido y cofundador del partido progresista Movimiento Semilla –que surgió del movimiento ciudadano nacido de las protestas anticorrupción de 2015– no figuraba en las encuestas antes de la primera vuelta. Varios candidatos que podrían haber supuesto un desafío mayor para el establishment habían sido inhabilitados. Arévalo, sin embargo, se coló en el segundo lugar con un 11,8%, en buena medida porque el establishment no lo había considerado una amenaza lo bastante seria como para bloquearlo.

Ese error de cálculo desató lo que la sociedad civil guatemalteca calificó de intento de golpe electoral. Nueve partidos presentaron denuncias infundadas de irregularidades, y la Corte de Constitucionalidad suspendió la certificación de los resultados y ordenó un recuento de votos. Cuando el Tribunal Supremo Electoral los ratificó el 12 de julio, el Ministerio Público anunció la suspensión de Semilla por supuestos problemas de registro. En las semanas siguientes, la fiscalía allanó en dos ocasiones la sede del partido y las oficinas del Tribunal Supremo Electoral.

La Corte de Constitucionalidad anuló la orden de suspensión y la segunda vuelta siguió adelante, aunque la suspensión se restableció semanas más tarde. Tras la elección llegaron amenazas de muerte y, a mediados de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había documentado al menos dos complots creíbles para asesinar a Arévalo: uno, según se informó, involucraba a funcionarios públicos, y el otro, a redes criminales. El 20 de agosto, Arévalo ganó la segunda vuelta. Cuatro días después, la Comisión otorgó medidas cautelares para protegerlo a él y a su vicepresidente electo.

Después vinieron los intentos de impedir la investidura de Arévalo, entre ellos nuevas maniobras de la fiscalía de Porras para suspender a Semilla, que se prolongaron hasta el mismo día de la toma de posesión. El 2 de octubre, las autoridades indígenas convocaron un paro nacional que se transformó en 106 días de resistencia pacífica, con bloqueos y acampadas en todo el país. Arévalo asumió finalmente el 14 de enero de 2024, pese a los esfuerzos de ese mismo día por frustrar el acto, que buscaban que los diputados de Semilla fueran declarados independientes y no parte de un bloque.

Nuevo presidente, mismo sistema

Arévalo asumió sin mayoría legislativa. Su partido solo contaba con 23 de los 160 escaños; el resto estaba en manos de políticos alineados con el establishment. En mayo de 2026, el bloque de Semilla se dividió cuando varios legisladores, entre ellos el expresidente del Congreso, formaron un nuevo partido.

Al no contar con el apoyo necesario para aprobar leyes, Arévalo se ha visto obligado a negociar. En 2024, eso incluyó un acuerdo presupuestario que destinó un importante aumento de fondos a los consejos de desarrollo departamentales, organismos regionales que distribuyen dinero público para proyectos locales de educación, salud e infraestructura. Los alcaldes y los poderes locales llevan mucho tiempo usando esos recursos para premiar a sus aliados políticos en lugar de atender necesidades reales. Esto le valió críticas por seguir recurriendo a las herramientas clientelistas que alimentan la corrupción para sobrevivir en un Congreso que no controla.

Arévalo tampoco pudo destituir a la principal funcionaria responsable de convertir el sistema judicial en un arma. No prosperó la reforma legislativa que le habría permitido destituir a Porras. El gobierno presentó dos solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia para retirarle la inmunidad legal propia de su cargo, pero, tras meses de retrasos, la Corte rechazó la primera y nunca resolvió la segunda, que seguía pendiente cuando venció el mandato de Porras. En octubre de 2024, la mayoría del Congreso eligió a 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a 156 magistrados de apelación mediante un proceso muy cuestionado por su opacidad y por estar plagado de candidatos vinculados a redes de corrupción.

Como demuestra el caso de Zamora, el Ministerio Público siguió criminalizando la disidencia durante la presidencia de Arévalo. También presionó al propio Arévalo, intentando repetidas veces quitarle la inmunidad, y a su partido. La personería jurídica del Movimiento Semilla, suspendida desde 2023, fue cancelada por orden judicial en noviembre de 2024. El partido apeló, pero el Tribunal Supremo Electoral confirmó la decisión en marzo de este año.

Frente a un Congreso y una Corte Suprema de Justicia hostiles, Arévalo ha optado por adoptar reformas moderadas en lugar de confrontar. Abrió investigaciones sobre 1.400 contratos públicos y creó una red de integridad dentro del Poder Ejecutivo. Quienes sostuvieron la resistencia que hizo posible su investidura creen que su mandato popular le hubiera permitido llegar más lejos.

Un momento decisivo

El sucesor de Porras, Gabriel García Luna, es un juez de carrera sin vínculos con las redes de corrupción. Y está actuando rápido. En cuestión de semanas destituyó a fiscales vinculados a Porras y anunció el cierre de la FECI. Sin embargo, la institución que heredó no está en condiciones de cumplir su cometido. Porras despidió o forzó la renuncia de cientos de fiscales y empleados. También queda por ver si se retirarán los casos fabricados contra Zamora y otras decenas de personas.

La llegada de García Luna abre una oportunidad real, la primera en ocho años, pero es una oportunidad limitada. El Congreso sigue en manos de la oposición, y la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General y el Tribunal Supremo Electoral deben renovarse este año, un proceso que, según advierte la sociedad civil, los intereses corruptos aprovecharán para afianzar su control.

Mucho dependerá de si Arévalo respalda los esfuerzos de García Luna por reconstruir la institución que Porras convirtió en un arma, y de si los órganos que deben renovarse logran quedar al margen de las redes de corrupción arraigadas. La señal más clara de cambio llegará cuando Zamora y las decenas de personas criminalizadas por denunciar la corrupción y defender derechos dejen de ser objeto de persecución judicial y sean, en cambio, sus perseguidores quienes tengan que responder ante la justicia.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org