En un escenario con el telón de fondo del palacio presidencial, en la ciudad de Guatemala, un hombre pronunciaba un exaltado discurso que culminó con una súplica: “Que Dios bendiga a Guatemala”. Era un acto religioso, pero el orador no era el típico predicador evangélico sino el mismísimo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Era el 9 de marzo, un día especial al que el Congreso guatemalteco había declarado “Día Nacional por la Vida y la Familia”, y el presidente conservador era el invitado de honor en una ceremonia pública religiosa celebrada junto con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, organizado en la capital de Guatemala por un grupo cristiano con sede en México. La ciudad acababa de ser declarada “capital pro-vida de Iberoamérica”.

Ante este selecto público, el presidente Giammattei subrayó la dedicación de su país a la protección de “la vida desde la concepción”, tanto por disposición constitucional como porque “lo manda nuestra fe”. También declaró que “mientras que en otros países se están tirando bombas, como Rusia atacando a Ucrania, nosotros le decimos aquí: sí a la vida”. El presidente inauguró un nuevo monumento en el Palacio Nacional y rebautizó a uno de sus espacios como “Patio de la Vida”.

En las cercanías, grupos de mujeres realizaron una performance de protesta en torno a una hilera de ataúdes negros, expresión de duelo por los derechos pisoteados y las vidas perdidas en consecuencia. Denunciaron la penetración de fuerzas antiderechos en las más altas esferas del poder político, la cual se reflejó no solamente en el discurso del presidente, sino también en la audaz medida antiderechos adoptada por el Congreso de Guatemala el día anterior.

El lado oscuro del 8 de marzo

En la tarde del 8 de marzo, cuando aún no se había acallado el bullicio de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (DIM), el Congreso guatemalteco aprobó la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que aumenta las penas por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y restringe la capacidad de las escuelas para enseñar sobre diversidad sexual. En lugar de volver a casa, los grupos de mujeres que acababan de participar en eventos del Día Internacional de la Mujer cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia el Congreso para protestar.

El proyecto de ley, presentado originalmente en 2017 por el partido conservador Visión con Valores, abarcaba todo el territorio de disputa de los grupos antiderechos: apuntaba simultáneamente contra los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+, presentados como demandas de “grupos minoritarios” cuyos comportamientos van en contra del “orden natural” y amenazan el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca.

Aprobada con una amplia mayoría, la nueva ley consagraba “la protección del derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia y expresión, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, además del derecho de los padres a orientar a sus hijos en su sexualidad”. Aumentaba las penas de prisión para mujeres que abortan a entre cinco y diez años y modificaba el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ley fue rechazada unánimemente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y provocó una fuerte reacción callejera por parte de activistas feministas y LGBTQI+. La reacción tomó al presidente Giammattei desprevenido. Dos días más tarde, y apenas un día después de haberse parado orgulloso en su tarima de predicador, anunció a través de Twitter que “como representante de la unidad nacional” había decidido vetar la ley porque “viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido signataria”. Luego argumentó que la ley tenía defectos técnicos que podrían habilitar inadvertidamente la criminalización de las mujeres que sufren abortos espontáneos. Exactamente una semana después de aprobar la ley, los legisladores siguieron la instrucción del presidente y votaron por archivarla.

La actividad antiderechos en Guatemala

Para lograr llegar a este punto, los grupos antiderechos habían estado trabajando pacientemente durante años para cambiar el discurso público y aumentar su influencia. En época de elecciones, los candidatos presidenciales habían movilizado cada vez más el sentimiento antiderechos para sacar rédito político. En la contienda presidencial de 2019, la mayoría de los partidos y candidatos, incluidos algunos que anteriormente habían expresado cierto apoyo a las personas LGBTQI+, abrazaron el discurso antiderechos. En mayo de 2019, 15 fórmulas de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia firmaron la “declaración vida y familia” redactada por una organización antiderechos, en la que se comprometían a bloquear toda legislación progresista sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+.

Jimmy Morales, presidente de 2016 a 2020, era un evangélico conservador que se oponía abiertamente al derecho al aborto y al matrimonio igualitario y alimentó el discurso de odio. De hecho, el proyecto de ley antiderechos fue presentado durante su mandato. En 2018, el Congreso rechazó dos iniciativas progresistas: una que buscaba dar una respuesta efectiva a las menores víctimas de violencia sexual y despenalizar el aborto para las víctimas de violación menores de 14 años, y otra sobre el reconocimiento de la identidad de género. El rechazo del proyecto de ley del aborto fue acompañado por una masiva manifestación antiderechos.

En su campaña, el presidente Giammattei se comprometió a cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer. Similares promesas han sido vertidas por candidatos vencedores en otras latitudes, como ocurrió recientemente en Corea del Sur. Desde que asumió el cargo, Giammattei ha sido fiel a sus promesas antiderechos. En julio de 2021 presentó su “Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia”, que consagra el supuesto deber del Estado de proteger la “vida desde la concepción”.

Tanto el presidente como la mayoría legislativa han colaborado estrechamente con organizaciones religiosas antiderechos y fundamentalistas, como se reflejó  en la iniciativa legislativa que declaró al 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia e impuso a los tres poderes del Estado la obligación de celebrar actos conmemorativos, compromiso que los representantes de todos ellos cumplieron gustosamente en la escena pública a principios de este mes, dando por tierra con todo resabio de laicismo y efectivamente cooptando la esfera pública.

Una amenaza transnacional

Los grupos antiderechos guatemaltecos no son ni mucho menos excepcionales: forman parte de un movimiento transnacional bien organizado y financiado que está abriéndose camino en todo el continente.

Sus avances se observaron recientemente en Ecuador y en Estados Unidos. Al día siguiente de que fuera archivada la ley antiderechos de Guatemala, el presidente conservador de Ecuador vetó parcialmente un proyecto de ley que legalizaba el aborto en casos de violación, aprobado por la Asamblea Nacional en febrero. El presidente Guillermo Lasso, que se ha posicionado repetidamente “a favor de la vida desde la concepción”, pidió que se unificaran los plazos para todos los casos de aborto, tanto en el ámbito urbano como en el rural, y exigió la inclusión de artículos para garantizar a los profesionales de la salud el derecho a la objeción de conciencia.

En Estados Unidos, una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos antiderechos de todo el mundo, se ha introducido en los últimos años una avalancha de restricciones a nivel estadual sobre el derecho al aborto y los derechos de las personas LGBTQI+, y especialmente de las personas trans. También el 8 de marzo, la asamblea legislativa de Florida aprobó un proyecto de ley sobre los derechos de los padres en la educación -más conocido como proyecto “no digas gay”-, cuyo objetivo es impedir que los maestros y profesores hablen con sus alumnos sobre cuestiones de orientación sexual e identidad de género, amenazándolos con potenciales demandas judiciales en caso de que lo hagan.

En toda la región, los movimientos antiderechos están muy bien conectados y llevan a cabo campañas nacionales coordinadas utilizando el mismo discurso, centrado en la oposición a lo que llaman “ideología de género”. Utilizan los mismos eslóganes e incluso los mismos símbolos y la misma estética. Y trabajan juntos en el ámbito internacional, cooptando espacios destinados a la participación de la sociedad civil e intentando ocupar el principal organismo regional multilateral, la Organización de Estados Americanos (OEA).

En las Américas y más allá, los movimientos antiderechos utilizan el mismo conjunto de tácticas. Éstas incluyen el uso de canales aparentemente legítimos, como acciones judiciales, campañas electorales, la convocatoria a referendos y la participación en consultas; la movilización de personas en el espacio público, incluso con la intención de interrumpir o impedir las movilizaciones de la sociedad civil; el uso y la manipulación de las redes sociales para promover sus narrativas, reclutar apoyos, difundir desinformación y teorías conspirativas, promover discursos de odio y desprestigiar y acosar a la sociedad civil progresista; y habilitar e incluso directamente desplegar la violencia física. Como base para estos ataques, pueden ya sea tomar prestado y distorsionar el lenguaje secular de los derechos humanos, ya sea movilizar versiones fundamentalistas de la religión.

Peligro latente

Los grupos antiderechos están en esta lucha con la vista puesta en el largo plazo. En Guatemala probaron el agua, la encontraron demasiado fría y se retiraron estratégicamente para continuar trabajando para crear condiciones más favorables para su próximo intento. Pero en términos generales, los grupos antiderechos están ganando confianza, visibilidad y recursos. En diversos contextos, sus narrativas encuentran una audiencia y obtienen apoyo en segmentos considerables de la ciudadanía. Dan forma a las narrativas públicas, inclusive mediante la desinformación y la manipulación, y siembran el odio. Contribuyen a y se benefician de los cambios políticos regresivos y se aprovechan de las inseguridades de la gente en tiempos de gran incertidumbre.

Por ahora, los grupos de mujeres y personas LGBTQI+ de Guatemala pueden respirar tranquilos. Pero no deben bajar la guardia. No hay duda de que los grupos antiderechos volverán a atacar en cuanto se les presente la oportunidad, y la sociedad civil progresista deberá estar preparada para el contraataque.