Se necesita un alto el fuego inmediato para poner fin a la matanza de civiles en Gaza y permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria de modo de proveer a la población asediada los bienes básicos que necesita, el acceso a los cuales le está siendo denegado. La crisis en curso se agravó profundamente con los ataques de Hamás del 7 de octubre, pero no empezó ahí. Para poner fin a décadas de prácticas de exclusión sistémica y negación de derechos se necesitan soluciones a largo plazo que contemplen los aportes de la sociedad civil. Mientras tanto, en otros países, la gente debe ser libre de manifestarse en solidaridad, exigir rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y reclamar el fin de la matanza.

Nos encontramos frente a una catástrofe humana de proporciones inimaginables.

El 7 de octubre, las fuerzas de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel. En una despiadada embestida contra la población civil en zonas cercanas a la Franja de Gaza, provocó la muerte de unas 1.400 personas y tomó como rehenes a más de 200. La reacción de Israel contra Gaza está causando víctimas civiles masivas: hasta la fecha los muertos suman más de 5.000. Más del 62% de las víctimas fatales en Gaza son mujeres y niños.

Estas muertes no son daños colaterales: son el resultado esperable del empleo de bombardeos aéreos intensos en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Tanto el ataque inicial de Hamás como la venganza de Israel son muestras de una crueldad extrema y de un flagrante desprecio por los principios humanitarios básicos.

Más de un millón de personas que viven en el norte de Gaza han recibido un ultimátum inaceptable: huir o enfrentarse a la muerte. Pero con las fronteras cerradas, no hay ningún lugar seguro al que puedan ir. Hubo personas que fueron bombardeadas cuando intentaban cumplir la orden de dirigirse hacia el sur. Los ataques aéreos en el sur de Gaza desmienten la hipótesis de que quienes se trasladen allí estarán a salvo. La ofensiva terrestre que parece ser inminente no hará más que prolongar la matanza.

El asedio total de Gaza ha privado a su gente de los elementos más básicos para la vida: agua, alimentos, combustible y medicamentos. La crisis del agua es especialmente grave. Tras intensas negociaciones, las autoridades israelíes han permitido la entrada de algunos pequeños convoyes de ayuda a través de la frontera con Egipto, pero se trata apenas de una gota en el océano en comparación con lo que se necesita. Los trabajadores humanitarios corren peligro y no cuentan con las condiciones básicas de seguridad para hacer su trabajo. Varios han muerto.

Los trabajadores humanitarios deben poder acceder libremente a Gaza sin arriesgar sus vidas. Debe respetarse el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

El objetivo de conseguir la liberación de los rehenes parece haber quedado relegado frente a la misión del Estado de Israel de acabar con Hamás. Las autoridades israelíes afirman que su objetivo no es causar víctimas civiles. Pero al proseguir su campaña, están castigando a toda una población por los crímenes atroces cometidos por algunos de sus miembros. Se trata de un castigo colectivo, un crimen de guerra prohibido por las Convenciones de Ginebra. La reciente declaración del gobierno israelí de que cualquiera que permanezca en el norte de Gaza podrá ser considerado “cómplice de una organización terrorista” culpabiliza a las personas sin mayor fundamento que la contigüidad geográfica.

Se está culpabilizando y castigando a civiles que no desempeñaron ningún rol en los atentados del 7 de octubre ni tienen conexión alguna con sus perpetradores, esgrimiendo incluso el argumento absurdo de que deberían haberse rebelado para derrocar a su gobierno, pese a que viven en condiciones de espacio cívico represivo y de que casi la mitad de ellos son niños.

Lo que está ocurriendo podría ser calificado de “limpieza étnica”, definida como un intento de vaciar de población un determinado territorio, en este caso la parte norte de Gaza. A ello se suma el lenguaje deshumanizante empleado por altos funcionarios del gobierno israelí, quienes se han referido a los palestinos como “animales”, una actitud que ha sido identificada como una de las fases preliminares del genocidio.

Foco sobre el espacio cívico

Estos hechos han acaparado los titulares de todo el mundo y han suscitado respuestas globales. En muchos países la gente se ha movilizado para protestar por los asesinatos y otras atrocidades y en solidaridad con las víctimas.

Pero las manifestaciones que reclaman una solución pacífica a la crisis y expresan solidaridad con Palestina y con la población civil que corre el riesgo de perder la vida han sido con frecuencia injustamente calificadas de antisemitas o acusadas de apoyar al terrorismo, lo cual ha menudo ha conllevado restricciones.

En Francia, el gobierno trató de imponer una prohibición general de todas las manifestaciones pro-Palestina; sin embargo, un tribunal dictaminó que sólo pueden prohibirse protestas puntuales tras evaluar cada caso. En París, una protesta que había sido prohibida fue disuelta con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. En Alemania se han permitido algunas protestas, pero otras han sido prohibidas. En Berlín, una vigilia pro-Palestina que había sido prohibida, a la que asistieron unas mil personas, fue disuelta con fuerza policial.

En el Reino Unido, el ministro del Interior declaró que ondear la bandera palestina o corear lemas a favor de Palestina podría constituir un delito. En Australia, la policía de Sídney anunció que haría uso de “poderes extraordinarios” para registrar y exigir documentos de identidad a los asistentes a una manifestación a favor de Palestina.

Las restricciones no se limitan a las protestas. Grupos pro-Palestina en Estados Unidos han denunciado acoso e intimidación, se han cancelado en los medios de comunicación intervenciones críticas del Estado israelí y se ha retirado de la programación a locutores musulmanes. La libertad académica está en peligro, ya que algunos donantes millonarios amenazan con dejar de financiar a universidades cuyo personal y estudiantes apoyan la causa palestina.

Los gobiernos han justificado las restricciones aludiendo a la necesidad de evitar tensiones internas entre distintas comunidades y proteger el orden público. Pero la armonía social no puede imponerse por decreto; sólo puede surgir del diálogo. Y toda vez que se ha permitido la organización de protestas en apoyo de Israel y la libre expresión de voces proisraelíes en los medios de comunicación, el doble rasero se vuelve imposible de ignorar.

Las restricciones más recientes vienen a sumarse a los esfuerzos de larga data para dificultar los llamados al boicot de Israel. El movimiento mundial de boicot, desinversión y sanciones (BDS) insta a utilizar estas tácticas para presionar al Estado de Israel para que actúe conforme al derecho internacional en materia de derechos humanos.

La mayoría de los estados de Estados Unidos han adoptado leyes anti-BDS, en muchos casos basadas en una ley modelo promovida por grupos de presión pro-Israel, y se busca aprobar una ley similar a nivel federal. En Francia se ha utilizado la legislación antidiscriminación para limitar la campaña de BDS, y en el Reino Unido el gobierno ha presentado un proyecto de ley antiboicot que impediría a todo organismo público tomar decisiones de inversión en función de su desacuerdo con la política de un Estado extranjero.

Estas leyes suelen ir acompañadas de acusaciones de antisemitismo contra personas y organizaciones que exigen el cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos e igualdad de trato para los pueblos de Israel y Palestina. Su objetivo es privar a las organizaciones de la sociedad civil y a otros organismos, tales como instituciones académicas, empresas y gobiernos locales, de un movimiento legítimo que ha demostrado su eficacia en otros ámbitos, como el de la acción por el clima, y en luchas del pasado, como la campaña contra el apartheid en Sudáfrica.

Alto el fuego urgente

No hay salida para esta terrible situación que no incluya un alto el fuego inmediato y una apertura total del acceso para la ayuda humanitaria. El primer objetivo debe ser poner fin a la escalada de muerte y garantizar que la población de Gaza pueda acceder a los bienes básicos para la vida -agua, alimentos, energía y medicamentos- que le están siendo negados.

El asedio debe terminar. Todos los rehenes deben ser liberados. Debe imponerse un embargo de armas para impedir la matanza indiscriminada de civiles. Los trabajadores humanitarios deben poder acceder libremente a Gaza sin arriesgar sus vidas. Debe respetarse el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

La alternativa a ello es la continuidad de la matanza y la violencia, las cuales dejarán marcas indelebles y alimentarán un ciclo en el que cada tragedia será utilizada para justificar ulteriores actos de violencia, en la región y en el mundo. Una escalada del conflicto podría atraer a los aliados de Hamás, incluidos Irán y Hezbolá, localizado en el Líbano. En muchos países ya han estallado tanto el antisemitismo como la islamofobia, y lo harán en muchos más si las matanzas no cesan.

La crisis se agravó el 7 de octubre, pero no empezó ahí. Si el asedio a Gaza ha producido tanta devastación en tan poco tiempo es porque Gaza lleva 16 años sometida a un bloqueo que ha sumido a la mayoría de su población en la pobreza. El prolongado conflicto ha sido profundamente desigual: con anterioridad a su reciente recrudecimiento, las cifras de las Naciones Unidas (ONU) mostraban que desde 2008 hubo 6.407 víctimas mortales palestinas, frente a 308 israelíes.

Desde hace mucho tiempo que no se produce ningún intento serio por desarrollar una solución de largo plazo que se base en el reconocimiento de dos Estados y respete por igual los derechos de israelíes y palestinos. Durante demasiado tiempo se ha incumplido el derecho internacional en materia de derechos humanos y se ha permitido al gobierno israelí seguir tratando a los palestinos, incluidos los que son ciudadanos de Israel, como ciudadanos de segunda clase.

Hay que poner fin a los asentamientos ilegales en territorios ocupados, diseñados para expulsar y cercar a los palestinos, para así hacer físicamente imposible un Estado palestino. Hay que poner fin a la humillación, porque la desesperación no puede sino alimentar el extremismo.

Lamentablemente, en los últimos años la perspectiva de una solución no ha hecho más que disminuir. La influencia de la extrema derecha ha crecido en Israel, impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, al frente del gobierno más extremista de la historia de su país. Sus aliados internacionales han optado por hacer la vista gorda ante abusos del Estado de Israel tales como la expansión de los asentamientos ilegales en territorios ocupados y el prolongado bloqueo de Gaza. Los Estados de la región que recientemente han normalizado sus relaciones con Israel -Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos- se han mostrado dispuestos a restar importancia a la represión de Palestina por razones estratégicas.

Los gobiernos que han condenado los ataques contra civiles e infraestructuras críticas en Ucrania deben hacer lo mismo en el caso de Gaza, o quedarán en evidencia por su hipocresía, reforzando así las reiteradas afirmaciones de Rusia de que las críticas a sus atrocidades contra los derechos humanos son parciales y políticamente motivadas.

Se necesita justicia internacional. El gobierno estadounidense utilizó su derecho de veto para impedir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reclamaba una pausa en los combates para permitir el acceso de ayuda humanitaria. A lo largo de los años ha usado su veto sistemáticamente para bloquear toda resolución relativa a Israel, proporcionando evidencia flagrante de la disfuncionalidad de ese órgano. Es necesario explorar otros caminos.

El presidente de la Asamblea General de la ONU ha convocado a una sesión especial de emergencia para el 26 de octubre. Pero de poco servirá si los Estados no abandonan la práctica del doble rasero a la hora de denunciar actos de violencia.

También debe celebrarse una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar luz verde al aumento de los recursos y capacidades de la actual Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos Jerusalén Oriental e Israel, de modo que pueda investigar adecuadamente y recabar pruebas sobre el conflicto en curso.

La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre Palestina, ya que ésta, a diferencia de Israel, ha ratificado el Estatuto de Roma. En 2021, el tribunal abrió una investigación. Ahora debe acelerarla, asegurarse de que abarque los crímenes más recientes y emitir una declaración pública sobre sus avances. También deben estudiarse urgentemente soluciones tales como la creación de un tribunal internacional especial para llamar a rendir cuentas a los responsables de atrocidades.

La sociedad civil debe gozar de libertad y seguridad no solamente para ayudar a suministrar ayuda humanitaria sino también para recabar pruebas de violaciones de derechos humanos que alimenten los procesos internacionales que se pongan en marcha. Y debe garantizarse la seguridad de los periodistas que informan sobre la situación. Varios ya han sido asesinados mientras realizaban su vital labor informativa.

Los Estados también deben comprometerse a respetar el espacio cívico en sus propios países. No debe haber espacio para el antisemitismo o la islamofobia, pero la gente debe ser libre de expresarse y manifestarse en solidaridad, exigir el fin de la matanza, instar a la rendición de cuentas y reclamar soluciones de largo plazo. Las empresas de tecnología y redes sociales, que han fracasado estrepitosamente en su deber de impedir la propagación de desinformación y discursos de odio, deben rendir cuentas de ello.

Hora de escuchar a la sociedad civil

La inmensa mayoría de la gente quiere vivir en paz, sentirse segura y poder acceder a los bienes fundamentales para la vida. Tanto en Gaza y en Israel como en el resto del mundo, la gente reclama libertad. La indignación ante los ataques de Hamás y la campaña de venganza que éstos han suscitado no debe llevarnos a dejar de lado nuestra humanidad compartida.

La espiral de muerte debe detenerse. A las víctimas no se les debe venganza, la cual sólo traería más venganza, sino una solución duradera que permita a los sobrevivientes vivir sus vidas en paz y libertad.

Para ello, las mujeres, como siempre las más afectadas por el conflicto, deben poder desempeñar un rol clave en su resolución. Varias mujeres líderes se están uniendo bajo la iniciativa #WomenForPeace. Es urgente garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones para ayudar a resolver esta crisis.

En todos los bandos hay suficientes organizaciones de la sociedad civil y personas empáticas que instan a poner fin al ciclo de violencia para permitir la sanación y la reconciliación. Sus voces deben ser escuchadas.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El gobierno de Israel debe declarar inmediatamente el alto el fuego y permitir el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria a Gaza. Hamás debe liberar inmediatamente a los rehenes y devolverlos sanos y salvos a sus familias.
  • La comunidad internacional debe abordar las causas profundas del conflicto, que incluyen ataques contra civiles, reiteradas violaciones del derecho internacional de derechos humanos, ocupaciones ilegales y expulsiones, y la violencia y la humillación institucionalizadas.
  • Deben instituirse procesos internacionales de justicia, que podrían incluir un tribunal internacional especial para que los responsables de las atrocidades respondan por sus actos.

Foto de portada de Hesham Elsherif/Getty Images