Ya han pasado más de 200 días de bombardeos israelíes sobre Gaza. Se calcula que hasta la fecha los ataques han matado a más de 42.500 personas, herido a más de 79.200 y desplazado a unos dos millones. La destrucción –de hogares, escuelas y hospitales– supera la capacidad de comprensión.

Desde el primer día, la sociedad civil ha trabajado en todos los frentes para responder a la situación. Los trabajadores humanitarios en el terreno, muchos de ellos palestinos, se han movilizado para prestar servicios básicos y compartir información vital. Por desgracia, muchos han pagado con su vida, al igual que al menos 137 periodistas, asesinados mientras intentaban hacer su trabajo de contar la verdad al resto del mundo.

La sociedad civil de todo el mundo ha ofrecido su solidaridad, pero le ha sido increíblemente difícil hacer llegar su ayuda. Las autoridades israelíes han bloqueado una y otra vez el ingreso de ayuda humanitaria, aún después de que en diciembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobara una resolución que exigió acceso humanitario inmediato, seguro y sin obstáculos, y de que en enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictara una medida provisional que ordenó a Israel facilitar el acceso.

En todo el mundo, millones de personas conmovidas ante el sufrimiento y la injusticia han sentido la necesidad de alzar sus voces. Han salido a las calles para expresar su solidaridad, reclamar el alto el fuego y el embargo de armas a Israel e instar a sus gobiernos a presionar a las autoridades israelíes para que pongan fin al derramamiento de sangre. En muchos casos, aún en democracias consolidadas con un espacio cívico razonablemente saludable, han sido detenidas y criminalizadas por hacerlo. Las protestas en solidaridad han sido prohibidas en por lo menos 12 países europeos, y las manifestaciones en universidades estadounidenses han sido objeto de denigración, violencia y detenciones.

Junto a la presión callejera, la sociedad civil ha adoptado una nueva táctica: la de acudir a los tribunales para tratar de impedir que los gobiernos permitan la exportación a Israel de armas que podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra. Y, cada vez más, los tribunales se están poniendo de su lado.

Los Países Bajos: el caso pionero

En diciembre de 2023, en medio de una creciente preocupación por aparentes violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, tres organizaciones de la sociedad civil -Oxfam Novib, PAX y el Foro de los Derechos (The Rights Forum)- iniciaron una demanda contra el gobierno holandés. Los activistas declararon que decidieron emprender acciones legales tras varios llamamientos infructuosos a su gobierno para que dejara de suministrar a Israel partes de aviones de combate F-35 que parecían estar siendo utilizados para bombardear Gaza. El tribunal inicialmente se negó a ordenar el cese de las exportaciones militares, pero el activismo apeló.

El proceso cobró impulso tras la decisión de enero de la CIJ, que consideró que era verosímil que Israel estuviera cometiendo un genocidio en Gaza y emitió una orden preliminar para que Israel tomara medidas para detenerlo. Esto alentó a algunas empresas privadas a tomar medidas, al menos simbólicas. La empresa japonesa Itochu Corp, por ejemplo, anunció que ponía fin a su cooperación con una empresa productora de armas israelí.

El 12 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de La Haya revocó la decisión anterior y ordenó al gobierno holandés que detuviera todas las transferencias de partes de F-35 a Israel dentro un plazo de siete días. Alegó la existencia de un riesgo creíble de que estas aeronaves pudieran utilizarse en actos que constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.

El fallo del tribunal determinó que, tras el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores tendría que haber reevaluado las licencias de exportación para impedir ulteriores exportaciones de partes de F-35 a Israel, y dejó en claro que tal reevaluación no debía tener en cuenta factores tales como intereses económicos o diplomáticos. Afirmó que los solicitantes no tenían la necesidad de demostrar la existencia de violaciones del derecho internacional humanitario; bastaba con que hubiera un “riesgo claro” de que éstas pudieran cometerse. Tampoco necesitaban demostrar una relación directa entre una determinada transferencia de armas y supuestas violaciones del derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, el tribunal consideró plausible que los F-35 con partes holandesas pudieran estar implicados en violaciones del derecho internacional humanitario.

Además, el tribunal rechazó las alegaciones del gobierno, que había afirmado que la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos y personas expertas en derechos humanos de la ONU no era fiable, y en cambio, instó al gobierno a tomarlas en serio. Pero el gobierno holandés ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema.

Poco después, expertos en derechos humanos de la ONU emitieron una declaración en la que pedían la suspensión inmediata de todas las exportaciones de armas a Israel por considerar que “toda transferencia a Israel de armas o municiones que pudieran utilizarse en Gaza es susceptible de resultar en violaciones del derecho internacional humanitario”. Los expertos cogieron con satisfacción la histórica decisión del tribunal holandés y se hicieron eco y ampliaron sus argumentos, que no eran otros que los de los grupos de la sociedad civil que habían iniciado el proceso.

Casos en curso

También en diciembre, la Red de Acción Legal Global (Global Legal Action Network), con sede en el Reino Unido, junto con la organización palestina de derechos humanos Al-Haq, inició un caso similar en el Reino Unido. Al igual que su par de los Países Bajos, el gobierno británico defendió su postura alegando el derecho de Israel a la autodefensa y afirmando que las exportaciones de armas se alineaban con los intereses estratégicos del Estado británico. Pero en este caso la primera sentencia judicial, favorable al gobierno, se demoró mucho: fue emitida una semana después de la decisión positiva del Tribunal de Apelación holandés.

Las peticiones de suspensión de la venta de armas británicas a Israel cobraron nuevo impulso en abril, tras un ataque aéreo israelí en el que murieron siete trabajadores humanitarios de la Cocina Central Mundial (World Central Kitchen), tres de ellos británicos. Para aumentar la presión, dos días después más de 600 abogados, académicos y jueces jubilados, entre ellos tres ex jueces de la Corte Suprema, firmaron una carta pública donde advertían que, al seguir armando a Israel, el gobierno británico estaba infringiendo el derecho internacional. Poco después, un juez de la Corte Suprema concedió una audiencia para la revisión del caso, que tendrá lugar en octubre.

Entretanto, grupos de la sociedad civil danesa decidieron llevar a su gobierno ante los tribunales, algo bastante inusual en Dinamarca. Siguieron de cerca el ejemplo holandés y se centraron en las exportaciones danesas de piezas para F-35. Estas no se exportan directamente a Israel, pero en enero el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca reveló que 15 empresas danesas suministraban componentes para F-35 destinados a Israel. Esto provocó la indignación pública y dio el puntapié inicial a las acciones legales.

La demanda conjunta fue presentada en marzo por Action Aid Denmark, Amnistía Internacional Dinamarca, Oxfam Dinamarca y Al-Haq. El documento afirmó que era probable que en el conflicto en Gaza se estuvieran utilizando armas con componentes daneses, los cuales estarían entonces contribuyendo a la comisión de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional.

La sociedad civil danesa ha combinado acción legal con incidencia y campañas de sensibilización pública. Ha organizado una exitosa campaña de recaudación de fondos para financiar la batalla legal y ha movilizado protestas ante fábricas de armamento. Pero, al igual que sus homólogos británicos y holandeses, los funcionarios daneses continúan argumentando que las exportaciones de armas son legales y sirven a los intereses estratégicos de seguridad de su país.

La prueba de fuego

Los gobiernos de países como Bélgica, Canadá, España y Japón no esperaron a que les cayera una demanda; en cambio, tomaron la iniciativa de suspender los envíos de armas a Israel.

En otros países, la presión continúa. A principios de este mes, una coalición de 11 grupos de la sociedad civil interpuso tres demandas distintas para tratar de obligar al gobierno francés a suspender sus envíos de armas y material bélico a Israel, aduciendo el riesgo de que pudieran utilizarse para cometer crímenes graves contra la población civil de Gaza.

La prueba de fuego llegará en Alemania, cuyas exportaciones de armas a Israel superan con creces las de todos los demás países donde ha habido impugnaciones judiciales combinadas. La demanda alemana fue presentada el 11 de abril ante el Tribunal Administrativo de Berlín por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos y tres organizaciones palestinas: Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos. El principal argumento de la demanda -que sus exportaciones de armas a Israel podrían convertir a Alemania en cómplice de violaciones del derecho internacional, incluido el delito de genocidio- tiene en Alemania una resonancia especial. La demanda exige al Estado alemán que haga honor a los valores que según afirma guían su política exterior. El gobierno alemán aún no ha respondido ni ha hecho comentarios sobre el caso. La sociedad civil espera que la demanda ejerza presión política para poner fin a la complicidad del gobierno en la matanza.

Cada una de estas iniciativas está poniendo presión sobre los gobiernos para que respeten el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y obliguen al Estado israelí a rendir cuentas. La sociedad civil de todo el mundo seguirá utilizando todos los medios pacíficos disponibles, desde protestas callejeras hasta campañas públicas y acciones judiciales, para demandar que cese la matanza y prevalezcan la paz y la justicia. Mantenerse al margen y resignarse a la impotencia simplemente no es una opción.

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