Advertencia: este artículo contiene referencias a abusos, agresiones y violaciones sexuales.

“Solo sí es sí”: esta afirmación aparentemente obvia, una consigna largamente enarbolada por el movimiento por los derechos de las mujeres español, acaba de convertirse en ley. Estructurada en torno al concepto de consentimiento, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobada el 25 de agosto eliminó del Código Penal la distinción entre sexo no consentido y violación y estableció un conjunto de medidas para prevenir y responder a la violencia de género. Fue la culminación de varios años de incidencia y campañas.

El caso La Manada

La ley comenzó a gestarse hace seis años, en respuesta a un caso de violación grupal que se convirtió en foco de movilización para el movimiento feminista español. El 7 de julio de 2016, un grupo de cinco hombres que se autodenominaba “la manada” violó en grupo a una joven de 18 años durante el encierro de toros de San Fermín, en Pamplona. Mientras la violaban, hicieron fotos y videos que compartieron vía WhatsApp. Fueron detenidos enseguida: sin embargo, miles de personas interrumpieron las festividades para protestar.

El evento anual de Pamplona exhibe un largo historial de agresiones sexuales, las cuales han sido sistemáticamente minimizadas. En 2008, Nagore Laffage, de 20 años, fue brutalmente violada y asesinada, pero el perpetrador del crimen fue condenado por homicidio, un delito con una pena menos severa que la pena por asesinato, a pesar de que el derecho penal establece que un homicidio precedido de agresión sexual configura un asesinato. Por entonces, el crimen ni siquiera fue catalogado como un caso de violencia de género.

Pocos días después de la violación grupal de 2016 fueron denunciados otros cuatro casos. En octubre se supo que “la manada” anteriormente había cometido un delito similar en el que la víctima estaba inconsciente. Estos casos fueron catalogados como abusos sexuales, un delito menos grave que el de agresión sexual.

Cuando en noviembre de 2017 comenzó en la Audiencia Provincial de Navarra el juicio por la violación grupal de 2016, grupos feministas se manifestaron para reclamar un proceso justo. El fiscal solicitó penas de prisión de 22 años por el delito de agresión sexual. Pero, con el argumento de que la víctima no se había resistido, en abril de 2018 el tribunal condenó a los acusados a nueve años de prisión por el delito de “abuso sexual continuado”. Uno de los jueces incluso se pronunció por la absolución.

Las activistas que aguardaban el veredicto fuera del tribunal protestaron bajo el lema “No es abuso, es violación”. Las protestas se extendieron rápidamente a Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. La movilización resurgió en diciembre de 2018, cuando la sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Los cinco hombres recién fueron condenados por violación cuando el Tribunal Supremo español anuló las decisiones anteriores. Además, aplicó a dos de ellos una pena adicional por haber filmado la violación.

El proceso de cambio

Tras el Caso La Manada, la sociedad civil puso de relieve el problema central: lejos de ser excepcional, el escandaloso veredicto era el resultado de la ausencia de un marco adecuado para tratar los delitos de violencia sexual.

En 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Para alinear su legislación interna con el Convenio, tuvo que reformar su Ley Orgánica 1/2004de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que omitía diversas formas de violencia, tales como la trata, la explotación sexual y el acoso.

España también carecía de formación con perspectiva de género para la judicatura, un problema señalado en repetidas ocasiones por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), y la calidad de sus datos estadísticos sobre violencia de género era muy deficiente. Sus índices de denuncias de violación, bajísimos en comparación con los de otros países europeos, también apuntaban a la existencia de problemas sistémicos que las víctimas enfrentan cuando intentan denunciar esos delitos.

En noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una propuesta para instar al gobierno a elaborar un “pacto de Estado” a ser consensuado por los distintos niveles de gobierno de España -nacional, autonómico y municipal- para promover políticas en materia de violencia contra las mujeres. Aprobado en 2017, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género preveía una reforma del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual e introducir el elemento clave que faltaba: el consentimiento. Pero la mayor parte del pacto, incluida esta disposición, quedó sin implementar.

La ventana de oportunidad se abrió con la llegada al poder de un gobierno de centroizquierda, formado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, tras las elecciones generales de noviembre de 2019. El nuevo gobierno declaró que priorizaría la implementación del Convenio de Estambul, y en diciembre de 2019 anunció un proyecto de ley contra la violencia sexual centrado en el concepto de consentimiento. Una ambiciosa propuesta de lo que acabaría siendo la ley de libertad sexual, conocida popularmente como “Ley Solo sí es sí”, fue elaborada por el Ministerio de Igualdad, liderado por la activista feminista Irene Montero.

La reacción antiderechos

Desde hace casi una década, España ha sido testigo del ascenso de un partido político nacionalista y populista de extrema derecha. Fundado a finales de 2013, Vox dio su gran salto a la escena nacional en 2019, un año en que hubo dos elecciones. Mientras el apoyo al centroderechista Partido Popular se desplomaba a causa de un escándalo de corrupción, Vox vio su tajada del electorado crecer de apenas 0,2% del total en 2016 a más de 10% en las elecciones de abril de 2019 y a 15% en las de noviembre de ese año, cuando se convirtió en el tercer partido parlamentario.

Vox se posiciona como defensor de los valores católicos tradicionales. Además de ser xenófobo y anti musulmán, se declara abiertamente antifeminista y contrario a la llamada “ideología de género” y a lo que denomina el “lobby LGBT”. Hace campaña contra el aborto y en defensa de los roles familiares tradicionales. Incluso reclamaba la derogación de la Ley de Violencia de Género de 2004, al a que calificaba de discriminatoria para con hombres y niños.

Estas posturas llevan a Vox a atacar sistemáticamente a los grupos de la sociedad civil que se movilizan para realizar los derechos sexuales y reproductivos y reclamar el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, a los que denuncia como “comunistas” y “feminazis”. Una de sus recientes propuestas fue la del llamado “pin parental”, que busca dar a los padres el control de la educación: si se aprobara, las autoridades de las escuelas tendrían que pedir autorización a los padres para incluir a los niños en actividades que pudieran ser “ideológica o moralmente” contrarias a las convicciones de la familia, incluida la educación sexual.

El ascenso de Vox y sus vistosas campañas han sido constante y generosamente financiados por Hazte Oír, una organización española antiderechos ultracatólica fundada en 2001, y por su plataforma CitizenGo, que desde 2013 ha trabajado para exportar las campañas de Hazte Oír a unos 50 países de todo el mundo.

Estos oponentes formidables desataron una vehemente oposición antiderechos contra el proyecto de ley, con ataques coordinados tanto dentro como fuera del sistema político. Idénticas narrativas fueron desplegadas en los debates parlamentarios, en las calles y en los medios de comunicación y las redes sociales. Su discurso describió las políticas contra la violencia de género como una forma de discriminación contra los hombres y afirmó falsamente que la nueva ley no protegería a las víctimas masculinas de la violencia sexual, que violaría el derecho a la presunción de inocencia de los acusados y que obligaría a la firma de un “contrato de consentimiento” antes de mantener relaciones sexuales, entre otras afirmaciones intencionadamente engañosas.

Bajo el peso de estos ataques, el proyecto de ley fue sometido a un minucioso escrutinio y experimentó varios cambios en el período previo a su debate parlamentario, que comenzó en septiembre de 2021.

Debates clave

A lo largo del debate, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres destacaron la importancia de un diagnóstico adecuado del problema de la violencia de género y la necesidad de aplicar medidas integrales de prevención.

Pero también surgieron desacuerdos entre las defensoras de los derechos de las mujeres, especialmente en torno al estatus del trabajo sexual: algunas lo veían como una forma de violencia y promovían su abolición, mientras que otras insistían en que la criminalización sólo empeoraría la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. La división en relación con el trabajo sexual y en torno de un segundo proyecto de ley que promovía la igualdad de las personas trans, que empezó a tomar forma a mediados de 2021, fue tal que el movimiento feminista organizó dos manifestaciones separadas en toda España el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer.

Los desacuerdos en torno al trabajo sexual también alejaron a algunos partidos que caso contrario habrían apoyado la ley, pero decidieron abstenerse. También hubo quienes expresaron preocupación por el posible costo de la implementación de la ley y por su potencial para alentar las falsas denuncias.

Vox nunca dejó de denunciar el proyecto de ley como “ideológico”, “sectario” y dirigido a “destruir a los hombres”. Junto con el Partido Popular, trató repetidamente de bloquear su discusión y aprobación. Tras superar varios intentos de obstrucción, el Congreso de los Diputados, la cámara baja del parlamento, aprobó por primera vez la ley el 26 de mayo de 2022, con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. A continuación la envió al Senado para que le diera su visto bueno, pero lo que se esperaba que fuera un mero trámite resultó en nuevos retrasos cuando una enmienda inconsecuente obligó a devolver el proyecto al Congreso de los Diputados. La ley fue finalmente aprobada tres meses después, el 25 de agosto, con 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones.

Qué hay de nuevo

La nueva ley sitúa el consentimiento, y no la violencia, en el centro de su comprensión del delito de agresión sexual: considera que todo acto sexual realizado en ausencia de consentimiento libremente expresado es una agresión sexual. También introduce nuevas circunstancias agravantes, tales como que el agresor sea familiar, pareja o ex pareja de la víctima, que la agresión vaya precedida de “daños graves” o que el agresor anule la capacidad de la víctima para expresar su consentimiento mediante drogas u otras sustancias.

La nueva ley incorpora el concepto de feminicidio sexual, definido como el homicidio de mujeres y niñas vinculado a conductas definidas como de violencia sexual, así como formas de violencia de género antes ignoradas, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el acoso sexual y la violencia psicológica. También codifica el acoso callejero como un delito punible con multas o trabajos comunitarios.

Basada en una comprensión integral de la violencia digital, la ley penaliza las expresiones, comportamientos y proposiciones de carácter sexual en línea utilizadas para humillar o intimidar. En relación con el porno de venganza, cuando la víctima es acosada el autor puede enfrentar penas de cárcel de hasta dos años.

La ley ordena la creación de una red de centros de atención integral para prestar servicios a las víctimas de forma presencial y telefónica, y coloca a los delitos sexuales bajo la jurisdicción de tribunales especializados en violencia de género.

También busca hacer frente a los estereotipos de género y sensibilizar a la población estableciendo formación con perspectiva de género para el personal judicial y otros funcionarios públicos y educación sexual obligatoria en las escuelas, así como para los estudiantes universitarios en las áreas de docencia, salud y derecho.

Sin embargo, el trabajo sexual sigue siendo un tema controvertido. Mientras que los artículos sobre proxenetismo incluidos en los primeros borradores se eliminaron de la versión final de la ley, se mantuvieron los que ilegalizaban la publicidad de la prostitución. Estos artículos ya han provocado marchas de protesta de trabajadoras sexuales, quienes afirman que la prohibición perjudica su posibilidad de ganarse la vida.

Lo que se viene

Los frentes de combate están trazados y las mismas fuerzas en pugna seguirán chocando en torno a las dos próximas grandes iniciativas pendientes de tratamiento legislativo: un proyecto de reforma de la ley del aborto que busca eliminar barreras y garantizar el acceso, y la aún más polémica “Ley Trans”, destinada a garantizar el derecho a la autoidentificación registral de género sin necesidad de cumplir ningún requisito médico.

Ambas iniciativas han surgido en respuesta a reacciones antiderechos tales como el acoso a pacientes en clínicas donde se practican abortos y el aumento de la discriminación contra las personas LGBTQI+. Vox se ha opuesto categóricamente a ambas y el Partido Popular ha presentado numerosas enmiendas que generarán retrasos.

Numerosos grupos de la sociedad civil se están movilizando en apoyo de estas reformas, pero la extrema derecha continúa intentando explotar los desacuerdos entre ellos, en particular en lo que se refiere al trabajo sexual, y haciendo causa común con el segmento del movimiento feminista que se opone virulentamente a los derechos de las personas trans, ya que define como mujeres a las que lo son “biológicamente” y por lo tanto no considera a las mujeres trans como “verdaderas” mujeres.

Estos argumentos polarizadores -y las extrañas alianzas resultantes entre ciertas autoproclamadas feministas y los grupos que atacan explícitamente los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos- son cada vez más comunes a nivel mundial en reacción a la creciente visibilidad de las personas trans.

Tanto en España como en el resto del mundo, aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las aspiraciones expresadas en la última sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, en la que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+ instaron al reconocimiento y la inclusión de las mujeres “en toda su diversidad”.

Sólo una comprensión interseccional e inclusiva de los derechos de las mujeres logrará producir avances en la lucha contra las múltiples formas de discriminación y violencia que las mujeres continúan experimentando. En los numerosos contextos políticos polarizados donde los derechos están sufriendo retrocesos, el diálogo respetuoso de las diferencias y el sostenimiento de frentes comunes de resistencia feminista son hoy más urgentes que nunca.