Advertencia: este artículo contiene referencias a situaciones de violencia contra las mujeres, incluidos casos de violencia sexual.

Mientras se preparan para marchar nuevamente el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de El Salvador tienen motivos para el optimismo. Su país sigue teniendo uno de los regímenes antiaborto más draconianos no sólo de América sino del mundo; sin embargo, por primera vez sienten que el cambio está a la vuelta de la esquina.

El 2 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica en el caso conocido como Manuela vs. El Salvador. En la que fue la primera impugnación internacional de las leyes sobre el aborto de El Salvador, el máximo órgano judicial de derechos humanos de las Américas consideró al Estado responsable de haber violado los derechos fundamentales de una mujer que fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. El tribunal ordenó al Estado dar plena reparación a la familia de la víctima y reformar sus leyes y políticas para dejar de criminalizar a las mujeres que buscan atención en salud reproductiva.

El fallo es vinculante para los 20 países de las Américas -de un total de 35- que han aceptado la jurisdicción de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Para ajustarse a la sentencia de la Corte, los países que siguen persiguiendo a las mujeres por delitos relacionados con el aborto -en particular Nicaragua- tendrán que dar un giro e impedir que el personal de salud denuncie a las mujeres que solicitan su ayuda.

Manuela vs. El Salvador

Manuela -un nombre de fantasía- era una mujer de 33 años, analfabeta y madre de dos hijos, procedente de un entorno rural empobrecido en un país que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. A diferencia de otros países con prohibiciones similares, en El Salvador el gobierno hace cumplir enérgicamente la ley, persiguiendo penalmente tanto a las mujeres que abortan como a los médicos que hacen abortos.

Cuando interactúan con el sistema de salud, la palabra de las mujeres salvadoreñas simplemente no cuenta. Si llegan a un hospital con una complicación obstétrica, automáticamente son sospechadas de haber intentado interrumpir su embarazo y pueden ser acusadas penalmente, procesadas, condenadas por homicidio y sentenciadas a décadas en prisión.

En 2008, Manuela no sabía que estaba embarazada de su tercer hijo y, a raíz de una caída, tuvo un parto prematuro y su bebé nació muerto. Fue trasladada con una hemorragia al hospital, donde fue acusada de haber matado a su recién nacido. El personal del hospital llamó a la policía y Manuela fue esposada a su cama, repetidamente interrogada sin la presencia de un abogado y acusada penalmente. Pocos meses después -una rara hazaña en un país donde los verdaderos delitos suelen moverse lentamente a través del sistema judicial o quedan irresueltos- Manuela fue declarada culpable y condenada a 30 años de cárcel. El Código Penal salvadoreño de 1997 impone penas de prisión de dos a ocho años por aborto, y de 30 a 50 años por homicidio agravado; Manuela fue acusada no de abortar un feto, sino de asesinar a un bebé.

Dos grupos de la sociedad civil salvadoreña, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, junto a un socio internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, presentaron una demanda para liberar a Manuela. Las demandantes argumentaron que criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas constituye una flagrante violación de los derechos humanos.

El calvario de Manuela duró dos años: hasta 2010, cuando murió de cáncer, esposada a su cama de hospital, tras padecer diagnósticos errados y tratamientos inadecuados. Su familia siguió buscando justicia. Más de una década después, por fin la han conseguido.

La Corte concluyó que el Estado salvadoreño había violado los derechos de Manuela a la vida, a la salud, a las protecciones y garantías judiciales y a no sufrir discriminación ni violencia de género, entre otros. La detención preventiva de Manuela fue declarada arbitraria y violatoria de la presunción de inocencia, y se consideró que la decisión de condenarla y encarcelarla se había basado en prejuicios y estereotipos negativos de género más que en una verdadera investigación.

Hay cientos de Manuelas en El Salvador y en todo el continente. Según investigaciones realizadas por grupos de defensa de los derechos de las mujeres, la criminalización del aborto en América Latina afecta desproporcionadamente a mujeres jóvenes indígenas o afrodescendientes, con escasos recursos económicos y limitada escolarización, habitantes de zonas rurales o de barrios urbanos marginales.

Para evitar más casos como el de Manuela, la Corte IDH dictaminó que el Estado salvadoreño debe reformar la legislación que actualmente mandata la detención automática de las mujeres acusadas por supuestos abortos, modificar su legislación en materia de confidencialidad médico-paciente para que el personal médico no tenga que denunciar a las mujeres a su cargo, garantizar el pleno acceso a los servicios de salud a las mujeres que sufren emergencias obstétricas e implementar políticas de educación sexual integral.

Beatriz vs. El Salvador

Poco después de que la Corte IDH se pronunciara en el caso de Manuela, el Estado salvadoreño se enteró de que pronto volverá a sentarse en el banquillo de los acusados: en enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió otro caso a la Corte, por considerar que el Estado salvadoreño no había implementado sus recomendaciones en el caso de otra mujer, conocida como Beatriz, cuyos derechos humanos habían sido violados por efecto de las leyes misóginas de su país.

A principios de 2013, Beatriz -una joven de una zona rural- estaba embarazada de 11 semanas. Su embarazo era considerado de alto riesgo porque padecía una grave enfermedad autoinmune; adicionalmente, el feto había sido diagnosticado con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Los médicos recomendaron una interrupción del embarazo, pero las leyes salvadoreñas no lo permitían.

Se inició una batalla legal: primero, Beatriz presentó un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, pero 47 días más tarde recibió una respuesta negativa. También solicitó medidas cautelares a la CIDH, que le fueron concedidas. Cuando éstas fueron incumplidas por el Estado, la Corte IDH le concedió medidas provisionales. Finalmente, Beatriz fue sometida a una cesárea casi tres meses después, dando a luz a un bebé que, como era de esperar, sobrevivió apenas cinco horas. Como resultado de este calvario, su salud nunca se recuperó del todo. Beatriz falleció en octubre de 2017.

En torno del caso de Beatriz creció un vibrante movimiento por la despenalización del aborto. En noviembre de 2013, varias organizaciones de derechos de las mujeres presentaron una denuncia contra el Estado ante la CIDH, solicitando reparaciones para Beatriz y cambios legislativos y de política pública para evitar la repetición de casos como el suyo.

En septiembre de 2017, la CIDH declaró admisible el caso por posibles violaciones de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará. Ahora que el caso llega a la Corte, hay grandes esperanzas de que Beatriz reciba póstumamente la justicia que le fue negada en vida.

Avances propulsados por la sociedad civil

El Salvador está legalmente obligado a cumplir la sentencia de la Corte IDH y, aunque ésta tiene poderes limitados para imponer su cumplimiento, la sociedad civil seguirá presionando para que el Estado implemente los cambios legales y políticos requeridos. En forma notable, la larga campaña por la liberación de las mujeres encarceladas por delitos de aborto consiguió varias victorias tras la publicación de la sentencia.

A lo largo de más de una década, la acción de la sociedad civil ha logrado la liberación de más de 60 mujeres injustamente encarceladas por emergencias obstétricas falsamente calificadas como homicidio agravado. Desde 2019, la campaña “Nos faltan las 17” trabaja en los casos de 17 de estas mujeres. En diciembre de 2021, la campaña publicó un video en el cual varias personalidades de Estados Unidos solicitaban al presidente Nayib Bukele que les asegurara el pronto regreso a sus hogares.

Cinco de esas mujeres han sido puestas en libertad desde entonces -tres el 23 de diciembre, una el 17 de enero y otra –Elsy, una trabajadora doméstica que ya había cumplido diez de los 30 años de su condena- el 9 de febrero. Todas ellas habían sido condenadas tras procesos judiciales precipitados en los cuales se habían violado sistemáticamente las garantías procesales, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas habían exigido su liberación por considerar que sus detenciones eran arbitrarias.

La batalla que se avecina

Justo antes de que la Corte IDH emitiera su fallo, el movimiento de mujeres de El Salvador experimentó su tercera derrota legislativa desde 1998, cuando se inició la campaña para habilitar el aborto en por lo menos tres causales: violación, riesgo para la salud de la persona embarazada y malformación fetal incompatible con la vida. En octubre de 2021, el Congreso salvadoreño decidió nuevamente, por amplia mayoría, dejar en pie la ley vigente. Su decisión se alineó con la postura del presidente Bukele, que insistió en que resistiría frente a las “presiones internacionales” y no respaldaría ningún cambio legal que tuviera que ver “con el derecho a la vida, con el matrimonio o con la eutanasia”.

Pero ahora hay una sentencia de un tribunal internacional que el Estado salvadoreño debe cumplir. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres están haciendo una campaña activa, en las redes sociales y más allá, para sensibilizar a la ciudadanía sobre las implicaciones de la sentencia de la Corte IDH y abogar por que se lleven a cabo las reformas necesarias. También se están preparando para sacar sus reivindicaciones a la calle en el Día Internacional de la Mujer, como lo han hecho sistemáticamente a lo largo de los años tanto el 8 de marzo como el 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, y el 28 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguirán denunciando la prohibición total del aborto como una negación extrema de la autonomía de las mujeres y una forma inaceptable de violencia de género, sabiendo que el máximo tribunal regional está de su lado.