Pocas cosas unen a los seguidores más acérrimos de Donald Trump con el ala progresista del Partido Demócrata, pero los centros de datos son una de ellas. En todo Estados Unidos, las comunidades están uniendo fuerzas por encima de las divisiones políticas para oponerse a infraestructuras que pocos quieren y que los gobiernos parecen decididos a imponer.

Michigan es uno de esos lugares. Sus residentes se han unido más allá de las divisiones partidarias para frenar los planes de construir más de una docena de centros de datos. Según las encuestas, solo el 28% de la población del estado apoya las propuestas, pero pocos políticos de peso les están prestando atención. Los principales líderes de ambos partidos están firmemente del lado de la industria tecnológica. Aun así, las comunidades locales les están plantando cara. Otras luchas similares a esta se están librando en todo el mundo.

El impacto de los centros de datos

La construcción de centros de datos está en auge, impulsada por el uso creciente de la IA generativa y la expansión del sector de las criptomonedas. Ambos exigen una enorme capacidad de cómputo y, con ella, grandes cantidades de electricidad y de agua para la refrigeración.

Una sola consulta a un chatbot de IA puede gastar diez veces más energía que una búsqueda convencional, y generar una imagen con IA, alrededor de mil veces más que generar texto. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos se duplicará para 2030. Para entonces, según un estudio de las Naciones Unidas, estos centros consumirán el triple de la electricidad que utilizan en conjunto Bangladesh, Nigeria y Pakistán, y tanta agua como la que cubriría las necesidades básicas de toda la población de África subsahariana.

Los centros de datos de Irlanda ya consumen una quinta parte de la electricidad del país. En Utah, pese a las numerosas objeciones de los residentes, las autoridades acaban de aprobar la construcción de uno de los centros de datos más grandes del mundo, que necesitará más energía de la que consume actualmente todo el estado.

El proyecto de Utah se alimentará con una nueva central de gas, lo que refleja cómo se está abordando el problema energético. El crecimiento de la IA impulsa la construcción de centrales de gas, justo lo contrario de lo que exige la crisis climática. Según la AIE, hoy la principal fuente de energía de los centros de datos es el carbón, seguido de las energías renovables y el gas. Es decir, más de la mitad de la electricidad que consumen proviene de combustibles fósiles. La agencia espera que las energías renovables terminen cubriendo una porción mayor de las crecientes necesidades eléctricas, pero advierte que, a corto plazo, la demanda de los centros de datos impulsará con fuerza la generación eléctrica a partir de gas natural y carbón.

Las empresas tecnológicas que alguna vez prometieron liderar la acción climática ya no pueden sostener esa promesa. Google se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para 2030, pero sus emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon un 48% entre 2019 y 2023, cuando apostó por la electricidad generada con gas para expandir sus centros de datos. En Mumbai (India), dos centrales de carbón debían cerrar en 2024 como parte de los planes gubernamentales de reducción de emisiones. Sin embargo, siguen funcionando para satisfacer la demanda de los centros de datos de Amazon. Las autoridades irlandesas resolvieron en diciembre pasado que los centros de datos podrán seguir usando electricidad de origen fósil durante seis años más. A principios de este año se comprobó que la empresa xAI, de Elon Musk, usaba ilegalmente turbinas alimentadas con metano en un centro de datos de Tennessee. Y el Reino Unido prevé quemar gas para alimentar más de 100 nuevos centros de datos proyectados.

Más centros de datos implican más emisiones de gases de efecto invernadero, y su rápida expansión amenaza con volver a normalizar el uso de combustibles fósiles justo cuando parecían camino a desaparecer.

Los defensores de la IA ensalzan el potencial de esta tecnología para contribuir a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, ideando maneras de reducir el consumo eléctrico. Pero la enorme cantidad de centros de datos planificados amenaza con anular incluso las mejoras reales de eficiencia. La IA, además, ha disparado la desinformación climática. Las empresas de combustibles fósiles presionan en favor de los centros de datos casi tanto como las tecnológicas, porque les ayudan a perpetuar un modelo de negocio destructivo que, de otro modo, se vería amenazado por la transición hacia las energías renovables. Estas corporaciones estuvieron entre los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump y hoy se están beneficiando del desmantelamiento regulatorio que ejecuta su administración y de la ambición, que esta declaró en su Plan de Acción de IA para 2025, de alcanzar un “dominio tecnológico mundial indiscutible”.

Los recursos hídricos están siendo sometidos a una presión cada vez mayor. Un gran centro de datos puede consumir diariamente tanta agua como una ciudad de 50.000 habitantes; sin embargo, se están construyendo centros de datos en algunas de las regiones más áridas del mundo. Amazon planea abrir nuevos centros de datos en Aragón (España), justo cuando el gobierno regional le está pidiendo ayuda a la Unión Europea para paliar la sequía. La misma inquietud por la escasez de agua rodea los planes para uno de los mayores centros de datos del mundo en los Emiratos Árabes Unidos y otros proyectos en la región del Golfo.

A todo esto se suma la creciente preocupación por los posibles daños ambientales locales, entre ellos los derivados del uso de “sustancias químicas eternas” en los sistemas de refrigeración. Se trata de compuestos que no se degradan y que se han vinculado a diversos problemas de salud.

Estos centros también pueden encarecer la vida de los hogares con facturas de energía cada vez más altas. Cuando las compañías eléctricas construyen infraestructura para conectar los centros de datos a la red, suelen recuperar los costos subiendo las tarifas para todos los usuarios. Incluso sin que se construya nueva infraestructura, si la demanda aumenta pero la oferta no, los costos subirán.

Reacciones de rechazo

El desarrollo avanza rápido, pero puede estar basándose en especulaciones que exageran la demanda real. Muchas personas siguen mirando con recelo las herramientas de IA, y es probable que los beneficios de esta tecnología estén sobredimensionados. Empresas que antes alentaban a sus empleados a usar la IA tanto como fuera posible ahora les piden moderarse por sus elevados costos. Se calcula que el 29% de las empresas estadounidenses que despidieron personal para reemplazarlo por IA tuvieron que volver a contratarlo al comprobar que la tecnología no podía hacer su trabajo.

El rechazo es más fuerte en la Generación Z, ya que los empleos de nivel básico, que no requieren experiencia, son los que corren mayor riesgo. Durante la temporada de graduaciones en Estados Unidos, hubo estudiantes que abuchearon a oradores que ensalzaban el futuro de la IA. En una encuesta reciente en el país, solo el 22% de los encuestados de la Generación Z dijo estar entusiasmado con el impacto que tendrá la IA. Y en el Reino Unido, una encuesta reveló que el 55% de las personas de entre 15 y 24 años querría que la IA generativa “desapareciera para siempre”.

Mientras tanto, la promesa de que los centros de datos traerán empleo es, en gran medida, una ilusión. Cuando el gobierno británico se comprometió el año pasado a “potenciar la IA”, sostuvo que ayudaría a crear miles de puestos y a reactivar un crecimiento económico estancado. Estos centros suelen construirse en comunidades pobres y excluidas que necesitan con urgencia trabajo de calidad, pero la mayor parte del empleo se limita a su construcción, y dura poco. Una vez en funcionamiento, un centro de datos necesita apenas un puñado de personas, sobre todo en tareas mal pagas de mantenimiento y seguridad.

La apuesta de los gobiernos por los centros de datos refleja, en parte, el poder inmenso y sin contrapesos que tienen las empresas tecnológicas y sus líderes, así como sus estrechos vínculos con las élites políticas. También revela la escasez de opciones que tienen los gobiernos para generar crecimiento económico y crear empleo bajo reglas económicas que parecen pensadas para que los oligarcas se vuelvan cada vez más ricos. En ciudades del norte global vaciadas por la desindustrialización construir centros de datos puede parecer la única opción disponible. En los países del sur global, las tecnológicas buscan aprovecharse de los salarios bajos y los limitados derechos laborales, en vez de mejorar las condiciones.

Los gobiernos de todos los niveles impulsan el desarrollo de centros de datos mediante incentivos tales como créditos fiscales. El régimen de bajos impuestos para las corporaciones es una de las razones por las cuales tantas empresas tecnológicas se instalaron en Irlanda. Las que terminan pagando los costos climáticos y ambientales de estos proyectos son las sociedades.

La resistencia de la sociedad civil

La lucha contra las empresas tecnológicas y los enormes recursos que destinan al lobby es desigual, pero la sociedad civil viene articulando una respuesta cada vez más creíble. Entre los que resisten la expansión desenfrenada de los centros de datos hay desde grupos de base y manifestantes locales hasta organizaciones consolidadas como Greenpeace y activistas de gran presencia mediática, como la estadounidense Erin Brockovich.

El litigio climático ya es una táctica consolidada de la sociedad civil y estudios recientes señalan que la vía judicial empieza a ganar terreno frente a los centros de datos, con casos recientes en Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos. En Estados Unidos, las plantas que fabrican gases refrigerantes con “sustancias químicas eternas” también afrontan demandas por presuntos daños ambientales. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil están presentando objeciones en los procesos de planificación locales, como la que se interpuso hace poco contra un enorme centro de datos proyectado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Y el litigio da resultados. Las acciones legales de las organizaciones británicas Foxglove y Global Action Plan obligaron al promotor de un nuevo y gigantesco centro de datos en Buckinghamshire a comprometerse a adoptar medidas vinculantes para mitigar el impacto ambiental. Las demandas también están poniendo de manifiesto hasta qué punto esos impactos suelen minimizarse y medirse mal. Un fallo de 2022 obligó a Google a publicar cifras precisas sobre el consumo de agua de un centro de datos en Oregón.

Las protestas y las campañas también están dando sus frutos. En 2023, las protestas que desató una sequía forzaron a Google a rediseñar un centro de datos en Uruguay y a adoptar un sistema de refrigeración por aire que redujo el consumo de agua. Protestas similares en Chile llevaron a la empresa a suspender sus planes en ese país. Hasta el año pasado, la presión pública había logrado que se modificaran, postergaran o cancelaran proyectos por más de 42.000 millones de dólares en Europa y 77.000 millones en Estados Unidos.

En Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil han forjado alianzas con administraciones subnacionales para elevar los estándares locales de protección ambiental y rendición de cuentas. Aunque los políticos de peso se muestren poco dispuestos a desafiar el poder de las empresas tecnológicas, hay indicios de que la política local está cambiando. En Estados Unidos, algunos candidatos que se opusieron al desarrollo de los centros de datos ganaron, y varias administraciones locales han aprobado prohibiciones o moratorias, en algunos casos por votación popular.

Sin embargo, el respaldo del gobierno de Trump a los centros de datos no admite dudas. El Departamento de Justicia intervino recientemente en un juicio por el uso de turbinas de gas por parte de Musk, argumentando que su cierre comprometería la seguridad nacional, ya que xAI es esencial para las operaciones bélicas del país.

Los éxitos de las campañas traen consigo nuevas amenazas. Grupos de lobby de la industria estadounidense han difamado a los activistas presentándolos como agentes de influencia extranjera empeñados en sabotear la supremacía tecnológica del país. Ahora podrían tratarlos como terroristas. Documentos del gobierno estadounidense revelan un interés creciente en lo que describen como “extremismo antitecnológico”, lo que sugiere que las fuerzas de seguridad quizá ya estén recabando información sobre los activistas, y que podrían someter a manifestantes pacíficos a vigilancia y criminalizarlos en nombre de la seguridad nacional.

Las empresas tecnológicas que impulsan el desarrollo de centros de datos suelen presentarse como defensoras de la libertad de expresión. Deberían demostrarlo garantizando que, allí donde operen, la gente pueda protestar, exigirles el cumplimiento de las normas ambientales y denunciar sus impactos negativos. Existe una gran oposición pública y son muchos los que cargan con los costos climáticos y ambientales del auge de estos centros. Sus voces deben ser escuchadas, no silenciadas.

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