La sociedad civil salió decepcionada de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Ginebra. Lo que podría haber sido un gran paso adelante -una resolución para discutir las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por China en la región de Xinjiang- se frustró cuando China puso todos sus recursos al servicio del rechazo de la resolución.

Pero al día siguiente se produjo un gran avance, cuando el Consejo votó la creación de una nueva función a cargo de monitorear la situación de los derechos humanos en Rusia. El nuevo relator o relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Rusia se unirá a las filas de los numerosos expertos independientes en derechos humanos de la organización, sometiendo a Rusia al mismo tipo de escrutinio que a Corea del Norte, Eritrea, Irán, Myanmar y el aliado y vecino de Rusia, Bielorrusia.

Dentro de un año la persona a cargo de la nueva relatoría especial presentará un informe y recomendaciones en el Consejo de Derechos Humanos, dando a la sociedad civil -incluidos los activistas rusos- una oportunidad crucial para aportar pruebas de las violaciones de derechos cometidas por el Estado ruso.

Será la primera vez que uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU es sometido a este tipo de escrutinio, lo que ofrece la esperanza de que incluso los Estados poderosos se vean obligados a rendir cuentas cuando cometen violaciones flagrantes y generalizadas de derechos humanos.

La resolución sobre Rusia llega a continuación de otra, presentada en marzo como resultado de la presión de la sociedad civil, que estableció una comisión internacional de investigación de las acusaciones de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en la guerra en Ucrania. En abril, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos. Fue el segundo país suspendido en toda su historia, después de Libia, en 2011.

Pero ninguna de estas medidas fue el producto de una decisión unánime de actuar frente a los flagrantes abusos de Rusia. Apenas 17 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución sobre Rusia. Seis Estados -Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela- votaron en contra; la mayoría de ellos son célebres violadores de los derechos humanos. Pero 24 Estados decidieron abstenerse ante esta importante cuestión de derechos humanos. Entre ellos se contaron Brasil, India y México, así como 12 Estados africanos. El interés actual de Rusia por entablar relaciones con Estados africanos parece estar dando sus frutos, ya que ni uno solo apoyó la resolución. Ello permitió a Vladimir Putin insistir en que las medidas contra él reflejan una conspiración de unos pocos Estados poderosos que carece de apoyo real.

Nuevos pasos adelante

La reciente sesión trajo otras buenas noticias. El Consejo aprobó una resolución sobre la seguridad de los periodistas, que pide a los Estados que revisen y modifiquen sus leyes y políticas para que los periodistas puedan trabajar de forma independiente y libre de interferencias. La medida llega en un momento en que el periodismo está bajo asedio en muchos países, entre otras cosas como resultado de las restricciones introducidas en el marco de la pandemia. La resolución reconoce algunas de las nuevas y crecientes restricciones al periodismo, entre las que se cuentan los litigios estratégicos contra la participación pública, acciones legales dirigidas a intimidar y agotar a quienes trabajan para exigir rendición de cuentas a los poderosos.

Otra medida positiva fue la resolución sobre detención arbitraria, que dejó en claro la necesidad de implementar la Declaración de la ONU sobre las personas defensoras de derechos humanos y demandó a los Estados que garanticen que manifestantes, periodistas y otras personas que defienden los derechos humanos estarán protegidos de la detención arbitraria.

El Consejo también acogió un debate sobre el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza contra la población negra por parte de las fuerzas del orden en numerosos países. Esto fue posible gracias a un nuevo mecanismo establecido en 2021, el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.

El Consejo escuchó directamente a quienes experimentan en carne propia el racismo sistémico sostenido por las fuerzas del orden: Collette Flanagan, de Madres contra la Brutalidad Policial, cuyo hijo, Clinton Allen, murió asesinado por la policía estadounidense en 2013, habló de la necesidad de desafiar la impunidad y poner fin a las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. La sesión puso de manifiesto la inacción estatal y la falta de rendición de cuentas frente a los asesinatos de personas negras por parte de la policía.

Además, se llevó a cabo una discusión sobre los legados del colonialismo y se presentó una resolución sobre discriminación racial y xenofobia. Ésta condena las deportaciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y las muertes de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo africanos y afrodescendientes a manos de las fuerzas de seguridad que participan en la vigilancia de las fronteras y el control de los flujos migratorios. Pide a los Estados que adopten un enfoque de justicia racial que incluya la adopción de políticas para abordar el racismo estructural en la gestión de la migración.

Tras el resurgimiento global del movimiento reivindicatorio de los derechos y las vidas de las personas negras desatado por el asesinato de George Floyd por la policía en 2020, estas discusiones y resoluciones mostraron la importancia que tiene el Consejo a la hora de promover el debate sobre la realización de los derechos y la evolución de la comprensión de las formas que adopta su denegación.

Rendición de cuentas: resultados desparejos

A la par del éxito en relación con Rusia y el fracaso relativo a China, los intentos de llamar a rendir cuentas a otros Estados que violan derechos humanos arrojaron resultados desparejos. Es fundamental que sean prorrogados los mandatos de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela y del Relator Especial sobre Afganistán. Ambos siguen siendo claramente necesarios y urgentes. Pero en el caso de Afganistán, los reiterados llamamientos de la sociedad civil para que se establezca un mecanismo independiente que investigue las violaciones de derechos y recoja pruebas para que sus perpetradores rindan cuentas siguen siendo ignorados.

También fracasaron los esfuerzos por garantizar la continuidad del escrutinio de Filipinas, donde un programa de derechos humanos establecido en 2020, dirigido conjuntamente por la ONU y el gobierno, ha tenido un impacto mínimo sobre la grave situación de derechos humanos y, si acaso, ha proporcionado al gobierno la oportunidad de blanquear su reputación.

Los intentos de reactivar la investigación independiente de los crímenes cometidos en Yemen, cerrada mediante una resolución del Consejo el año pasado tras fuertes presiones de Arabia Saudita, también quedaron en nada.

En cuanto a Sri Lanka, el Consejo votó a favor de ampliar sus operaciones para recolectar evidencia de abusos graves de los derechos humanos y posibles violaciones del derecho internacional humanitario en un contexto de guerra civil, ofreciendo la esperanza de que algún día quienes ordenaron y llevaron a cabo los crímenes rindan cuentas y las víctimas reciban alguna reparación.

Otro año de elecciones no competitivas

La sesión del Consejo concluyó con el ritual anual de la elección de nuevos miembros. El Consejo está integrado por 47 Estados que cumplen mandatos de tres años y se renueva por tercios cada año; sus miembros pueden reelegirse para un segundo mandato. Hay un número determinado de puestos asignados a cada uno de los cinco bloques regionales de la ONU: África, Asia y Pacífico, Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados.

El problema es que estas elecciones raramente son competitivas. Dentro de cada bloque regional, los Estados suelen acordar la presentación de tantos candidatos como puestos haya disponibles. De este modo se perpetúa uno de los grandes defectos del Consejo: se supone que sus Estados miembros deben defender los más altos estándares de derechos humanos, pero muchos de ellos tienen un nefasto historial de derechos humanos, por lo que tienen escaso interés por promover el monitoreo y la rendición de cuentas a nivel internacional. Son muchos los Estados que han sido acusados de unirse al Consejo no para promover los derechos humanos sino para protegerse a sí mismos y a sus aliados del escrutinio internacional.

La falta de competencia reduce la posibilidad de que se evalúe el historial de derechos humanos de los Estados a la hora de habilitar su adhesión, que es lo que reclama la sociedad civil. Ésta trató de mantener la presión: Amnistía Internacional y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, por ejemplo, invitaron a los representantes de los Estados que aspiraban a ingresar al Consejo a asumir compromisos en materia de derechos humanos y a responder a sus preguntas; sin embargo, la mayoría esquivó la pregunta sobre su postura respecto de las violaciones de derechos humanos de China, y los Estados con los peores historiales de derechos humanos ni siquiera se molestaron en participar.

En la última elección solamente hubo competencia en dos bloques, y los resultados fueron dispares. Fueron positivos en América Latina y el Caribe, donde tres Estados se disputaron dos escaños, y Venezuela perdió su reelección, superada por Chile, que se quedó con el primer asiento, y Costa Rica, que se quedó con el segundo. De este modo, un Estado con un pésimo historial de derechos humanos quedó eliminado en favor de otro más democrático.

En Asia y el Pacífico, en cambio, las noticias fueron malas. En un primer momento se presentaron siete Estados para disputarse los cuatro puestos disponibles. Bahréin se retiró antes de la votación, acosado por las críticas generalizadas a su represión del disenso, en cuyo marco numerosos activistas han permanecido detenidos en condiciones inhumanas simplemente por pretender ejercer libertades políticas y civiles.

Pero en a la hora de la votación, el Estado democrático de Corea del Sur perdió, al igual que Afganistán, que continúa siendo representado en la ONU por diplomáticos del gobierno derrocado y no por el régimen talibán. En su lugar fueron elegidos dos Estados que abusan sistemáticamente de los derechos humanos -Bangladesh y Vietnam- y dos que imponen limitaciones serias a las libertades fundamentales, Kirguistán y Maldivas.

Otros que se les unieron fueron Argelia, donde el disenso es cada vez más reprimido, y Sudán, bajo un brutal gobierno militar desde el golpe de estado del año pasado. Parte del rol vital del Consejo consiste en escuchar los testimonios de la sociedad civil, pero siete de los 14 Estados que acaban de resultar electos para integrarlo han sido recientemente señalados por el Secretario General de la ONU por tomar represalias contra sus ciudadanos por haberse involucrado en la labor de la ONU.

El fin del mandato de las Islas Marshall, un Estado de Oceanía con un buen historial de apoyo a las resoluciones sobre derechos humanos, también puso en tela de juicio el equilibrio geográfico del Consejo: no queda en el Consejo ni una sola nación de las Islas del Pacífico, mientras que el único representante del Caribe es el Estado autoritario de Cuba.

Cuando sus nuevos miembros inicien sus mandatos en 2023, el Consejo contará con solamente tres de 47 integrantes con espacio cívico abierto y con 34 -más del 70%- con restricciones serias del espacio cívico, además de seis con espacio cívico completamente cerrado. Esto representa un nuevo declive si se lo compara con la situación del Consejo antes de las elecciones.

La sociedad civil seguirá haciendo todo lo posible para apoyar al Consejo, instándolo a tomar decisiones firmes en materia de derechos humanos y monitoreando su implementación. Pero se requieren mayores esfuerzos para apartar a los Estados que cometen violaciones serias de los derechos humanos de modo tal de obtener un Consejo más dispuesto a ponerse del lado de las víctimas y menos inclinado a hacer la vista gorda ante los abusos. La celebración de elecciones realmente competitivas y con más margen para que la sociedad civil interpele a los Estados y los obligue a asumir compromisos sería un buen primer paso en esa dirección.