El 8 de abril, los Estados miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) eligieron a 19 nuevos integrantes del Comité de ONG, el órgano que decide qué organizaciones de la sociedad civil obtienen el estatus consultivo para acceder al sistema de la ONU. La elección transcurrió prácticamente sin competencia, y 13 de los 19 Estados elegidos tienen espacio cívico cerrado o represivo. El Comité, concebido para facilitar el acceso de la sociedad civil, sigue dominado por Estados empeñados en obstaculizarlo, que recurren sistemáticamente a tácticas dilatorias como exigir documentación reiterada con plazos imposibles. La reforma es una asignatura largamente pendiente.

En enero, el gobierno de Argelia logró bloquear el acceso de dos grupos de la sociedad civil a las Naciones Unidas (ONU), valiéndose del Comité de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de las Naciones Unidas, conocido como el Comité de ONG, para cuestionar la acreditación de ambas organizaciones. Alegó que la italiana Il Cenacolo hacía declaraciones políticamente motivadas ante el Consejo de Derechos Humanos, y que el Comité Internacional para el Respeto y la Aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CIRAC), con sede en Ginebra, vendía pases de acceso a las instalaciones de la ONU. Cuatro días después, convocó una votación para revocarles el estatus. Suiza, que no integra el Comité y no tiene derecho a voto, advirtió que el CIRAC había tenido apenas cuatro días para responder a los cuestionamientos, y pidió que se aplazara la votación para que su respuesta, recibida en francés esa misma mañana, pudiera traducirse y difundirse. Costa Rica, Israel y el Reino Unido apoyaron el pedido. Aun así, la moción no prosperó, y 11 de los 19 miembros votaron a favor de recomendar que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) revocara la acreditación de Il Cenacolo y suspendiera la del CIRAC por un año.

El Comité de ONG es el principal guardián de la participación de la sociedad civil en la ONU. Administra el estatus consultivo ante el ECOSOC, que habilita a las organizaciones a asistir a reuniones, presentar declaraciones escritas, realizar intervenciones orales, organizar eventos paralelos y acceder a las instalaciones de la ONU. Su mandato, establecido en la Resolución 1996/31 del ECOSOC, es sencillo: facilitar el acceso de la sociedad civil al sistema de la ONU.

Este acceso es especialmente valioso para las organizaciones que trabajan en contextos represivos, donde la defensa de derechos en el ámbito local está cercenada. Puede marcar la diferencia entre que las preocupaciones de una comunidad sean silenciadas o lleguen a oídos de la comunidad internacional. En la práctica, sin embargo, el Comité ha obstruido ese acceso con tanta sistematicidad que hoy es ampliamente conocido como el “Comité anti-ONG”.

Elecciones sin competencia

El 8 de abril, en una votación prácticamente sin competencia, los miembros del ECOSOC eligieron a 19 Estados para integrar el Comité de ONG por mandatos de cuatro años. Solo 20 candidatos compitieron por las 19 plazas disponibles. Los Estados de la ONU están organizados en cinco bloques regionales, y cuatro de ellos presentaron listas cerradas, postulando exactamente tantos candidatos como puestos había en juego.

Como resultado, el grupo de Asia-Pacífico quedó representado por Arabia Saudita, China, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) e India, todos con un largo historial de hostigamiento a la sociedad civil. Tres de ellos —Arabia Saudita, China y los EAU— han cerrado el espacio cívico y figuran en el informe anual de la ONU por ejercer represalias contra quienes colaboran con el organismo en materia de derechos humanos. En la India, miles de organizaciones civiles han sido asfixiadas por normas de financiación cada vez más restrictivas.

América Latina y el Caribe quedaron representados por Cuba, que reprime sistemáticamente la disidencia y encarcela a sus críticos; México, donde los periodistas enfrentan niveles de violencia letal inéditos para un país que no está en guerra; Nicaragua, que ha desmantelado su sociedad civil al clausurar miles de organizaciones; y Perú, que el año pasado aprobó una ley que restringe a las organizaciones de la sociedad civil.

Cuatro de los cinco Estados africanos elegidos —Camerún, Costa de Marfil, Sudán y Túnez— han reprimido o clausurado el espacio cívico; Sudáfrica es la única excepción. Sudán atraviesa una devastadora guerra civil en la que ambos bandos cometen atrocidades, mientras que Túnez se está convirtiendo en dictadura por efecto de la concentración de poder en manos del presidente Kais Saied. Los dos Estados elegidos por el grupo de Europa Occidental y Otros Estados —Israel y Turquía— también han intensificado recientemente su represión del espacio cívico.

La única excepción fue el grupo de Europa del Este, donde Estonia y Ucrania se hicieron con dos de los tres escaños en disputa, dejando fuera a la autoritaria Bielorrusia, que obtuvo apenas 23 votos frente a los 44 de Estonia y los 38 de Ucrania. Como ocurrió en 2022, cuando Rusia perdió una contienda similar, el resultado demostró que las elecciones competitivas generan mayor escrutinio y mejores resultados. El problema es que casi nunca ocurren.

En total, 13 de los 19 Estados recién elegidos están calificados como países con espacio cívico cerrado o reprimido por el CIVICUS Monitor, nuestra iniciativa de investigación que analiza las condiciones de la sociedad civil en todo el mundo. Solo uno, Estonia, cuenta con espacio cívico abierto. Catorce de los 20 candidatos habían sido señalados por ejercer represalias contra personas que colaboraban con la ONU.

En los meses previos a las elecciones, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos publicó fichas de evaluación que analizaban a los 20 candidatos según ocho criterios; doce de ellos no cumplían ninguno. Más de ochenta organizaciones de la sociedad civil instaron a los Estados miembros del ECOSOC a celebrar elecciones competitivas y a votar por candidatos comprometidos con el acceso de la sociedad civil. Cuarenta expertos independientes en derechos humanos de la ONU —entre ellos relatores especiales sobre defensores de derechos humanos y sobre países como Afganistán, Irán y Rusia— emitieron una declaración advirtiendo que los miembros del Comité estaban usando el proceso de acreditación para bloquear el acceso de organizaciones de derechos humanos. Todas estas advertencias fueron ignoradas.

La obstrucción como norma

La revocación de la acreditación de CIRAC e Il Cenacolo —pendiente aún de confirmación por parte del ECOSOC— no tiene precedentes, pero responde a un patrón de obstrucción que lleva años instalado. En la última sesión ordinaria del Comité, celebrada en enero, había 618 solicitudes en trámite, 381 de ellas arrastradas de sesiones anteriores.

El retraso no es casual. Los Estados formulan preguntas repetitivas sobre detalles menores y exigen documentación compleja con plazos muy cortos, logrando así que las solicitudes se posterguen sesión tras sesión. La represión que practican en sus propios países la replican en el ámbito internacional, apuntando contra organizaciones que trabajan en temas que consideran controvertidos o contrarios a sus intereses. Tres Estados concentran los peores abusos: China, India y Pakistán formularon entre los tres casi la mitad de las 647 preguntas dirigidas a los solicitantes durante la sesión de enero.

Un ejemplo que ilustra bien hasta dónde puede llegar esta táctica es el de la Red Internacional de Solidaridad Dalit, cuya solicitud fue bloqueada durante 15 años por la obstrucción sostenida de la India. Finalmente obtuvo el estatus consultivo en 2022, gracias a la presión de la sociedad civil que logró elevar el caso al ECOSOC. Aunque extremo, este caso dista de ser excepcional. En la sesión de 2026, el Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group Inc., organización con sede en Filipinas a la que se le niega la acreditación desde enero de 2018, vio su solicitud postergada una vez más tras acusaciones de último momento presentadas por Filipinas.

Las postergaciones reiteradas tienen un costo real para las organizaciones de la sociedad civil: agotan su tiempo y sus recursos. A eso se suma que los Estados se niegan a permitir la participación virtual, ignorando la carga que representa viajar a Nueva York para organizaciones con pocos medios, sobre todo las del Sur Global.

Representantes de la sociedad civil asisten a la primera reunión del período ordinario de sesiones del Comité de ONG en Nueva York, Estados Unidos, enero de 2019. Foto de UN Photo/Manuel Elías.

Voces desde las primeras líneas

Maithili Pai es responsable sénior de programas en el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, una organización que apoya a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos en la ONU.

 

El Comité debe ser reformado para recuperar su credibilidad y garantizar que cumpla con su mandato de facilitar el acceso de la sociedad civil a la ONU, en vez de obstaculizarlo. La politización, los retrasos excesivos, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas lo han deteriorado hasta el punto de que hoy no cumple su función central —algo que han señalado el Secretario General, expertos de la ONU, varios Estados y organizaciones de la sociedad civil. El Comité necesita un cambio radical. Pero toda reforma significativa requiere del acuerdo de los miembros actuales del Comité, que incluye a Estados con intereses arraigados en la preservación del statu quo.

Sin embargo, aún es posible una reforma gradual, por ejemplo a través de cambios de procedimiento. Los solicitantes deberían poder participar de forma virtual, no solo presencialmente, lo que hoy obliga a las ONG que solicitan el estatus consultivo a viajar a Nueva York. Además, el mecanismo actual, en el que el personal de la ONU oficia de intermediario entre el Comité y los solicitantes transmitiendo cientos de preguntas y respuestas por sesión, es extremadamente ineficiente y costoso. Hay que acotar el tipo de preguntas que los Estados pueden formular, limitándolas a los criterios de la Resolución 1996/31 del ECOSOC, para evitar que cuestionamientos políticos deriven en postergaciones indefinidas de las solicitudes.

Fortalecer el rol del ECOSOC y de la Secretaría también ayudaría a reducir el abuso de poder. Si la Secretaría tuviera mayor peso en la evaluación de solicitudes, utilizando como base criterios objetivos y técnicos, la interferencia política se reduciría. El ECOSOC, como órgano superior del Comité, podría ejercer una supervisión más estricta para asegurar que este cumpla su mandato.

A más largo plazo, una reforma más ambiciosa podría implicar la creación de un órgano independiente de expertos, la transferencia completa de las decisiones de acreditación a la Secretaría o la revisión de los criterios de membresía para excluir a los Estados que no los cumplan. Estoy convencida de que los obstáculos que frenan la reforma pueden superarse con voluntad política firme y el liderazgo de los Estados que genuinamente valoran el aporte de la sociedad civil a la ONU.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Maithili. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.

Necesidad de reforma

La crisis financiera que atraviesa la ONU hoy está agravando el problema. El jefe de la Subdivisión de ONG —la unidad del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales que gestiona las sesiones del Comité— advirtió en la reunión de enero que existe el riesgo de no poder sostener el funcionamiento del Comité conforme a su mandato. Las consecuencias de los recortes presupuestarios ya se sintieron en la última sesión, cuando la ronda de preguntas y respuestas fue cancelada tras un cierre anticipado. Esa ronda era la única oportunidad que tenían las organizaciones solicitantes de interactuar directamente con el Comité, y su cancelación golpeó con más fuerza a las más pequeñas, que habían viajado hasta Nueva York especialmente para eso.

La actual campaña de austeridad de la ONU podría, al menos, aprovecharse como una oportunidad para impulsar la participación virtual y otras reformas que alivien la carga burocrática que suponen las repetidas solicitudes de información. Pero más allá de eso, hace falta reafirmar la función básica del Comité: existe para abrir puertas, no para cerrarlas.

El Comité de ONG decide si las voces de comunidades que enfrentan represión y violencia pueden hacerse oír en el sistema de la ONU. Ese papel ha sido capturado por Estados que tienen todo el interés en que no puedan hacerlo. El resultado de Bielorrusia en estas elecciones y la exclusión de Rusia en 2022 demuestran que las elecciones competitivas son indispensables para que el Comité pueda cumplir su verdadera función. No se puede seguir dejando el campo libre para que quienes reprimen a la sociedad civil actúen como sus guardianes en la ONU. Los Estados que dicen apoyar a la sociedad civil tienen que estar dispuestos a dar un paso al frente.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El Comité de ONG debe ser reformado para incluir la participación virtual, criterios de membresía transparentes y una supervisión significativa por parte del ECOSOC.
  • Todos los bloques regionales deben celebrar elecciones competitivas para los puestos del Comité de ONG y permitir el escrutinio de la sociedad civil a lo largo de todo el proceso.
  • Los miembros del Comité de ONG no deben utilizar sus puestos para bloquear acreditaciones ni revocar el estatus a grupos ya acreditados más allá de los criterios establecidos en la Resolución 1996/31 del ECOSOC.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org

Foto de portada de UN Photo/Manuel Elías