Diez días antes de las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, un candidato presidencial fue asesinado a tiros mientras hacía campaña en Quito, la capital. Fernando Villavicencio no era un candidato cualquiera: era el candidato que se había fijado la misión de denunciar la corrupción gubernamental y la penetración del crimen organizado. Había prometido luchar contra el narcotráfico y la violencia del crimen organizado, que están convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de la región. Las elecciones se celebraron en medio de fuertes medidas de seguridad, y los candidatos se vieron obligados a cerrar sus campañas enfundados en chalecos antibalas.

Afortunadamente, la jornada electoral fue pacífica y bien concurrida: el presentismo superó el 82%. Aunque no hubo violencia, un ciberataque, aparentemente procedente de siete países diferentes, pareció afectar la capacidad para votar de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Pero el clima en el país se mantuvo tenso, en el marco de un estado de excepción y un fuerte despliegue militar en los centros de votación. El reemplazante de Villavicencio emitió su voto con casco y chaleco antibalas, rodeado de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Esto agregó elementos de incertidumbre y temor a una elección anticipada convocada para elegir presidente, vicepresidente y a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, todos los cuales permanecerán en sus cargos durante apenas un año y medio. Deberán completar los actuales períodos presidencial y legislativo, interrumpidos por la activación, en el mes de mayo, del mecanismo de “muerte cruzada”, un dispositivo constitucional en virtud del cual el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para impedir que ésta lo destituyera. Esto permitió a Lasso gobernar por decreto durante un par de meses, pero también acortó su propio mandato. Su debilidad política se puso aún más de manifiesto por el hecho de que no compitió en las elecciones y su partido ni siquiera se tomó el trabajo de presentar otro candidato.

La temporada electoral trajo consigo buenas noticias bajo la forma de dos referendos sobre la extracción de combustibles fósiles y el medio ambiente. Pero también dejó tras de sí una Asamblea Nacional fragmentada y una competencia presidencial carente de definiciones. Puesto que ningún candidato obtuvo los votos suficientes, el 15 de octubre habrá segunda vuelta. En ella competirán dos candidatos muy diferentes: la candidata de izquierda Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa.

Oferta variada, voto fragmentado

La fragmentación política y la volatilidad electoral hicieron que los resultados fueran difíciles de predecir. Las encuestas sugerían que cuatro de los ocho candidatos en carrera tenían posibilidades. La favorita era Luisa González, de Revolución Ciudadana, el partido de izquierda fundado por el expresidente Rafael Correa, en el cargo de 2007 a 2017. González salió primera con el 33,5% de los votos. Su partido también obtuvo cerca del 40% de los votos para la Asamblea Nacional.

González ocupó varios cargos en el gobierno de Correa, y su campaña se enfocó en la reivindicación de la acción de gobierno de Revolución Ciudadana, prometiendo restaurar el gasto social para hacer frente a las demandas insatisfechas expresadas en las protestas masivas que han estallado en los últimos años. Apunta a retomar el rumbo que fue abandonado tras la ruptura, en 2017, entre Correa y su sucesor, Lenín Moreno. Correa vive desde entonces en Bélgica y fue juzgado y condenado en ausencia en 2020, bajo acusaciones de corrupción vinculadas con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

La candidatura de Fernando Villavicencio había capturado la imaginación de mucha gente. Villavicencio era un experiodista de investigación y activista sindical que había sido elegido diputado en 2021. Hasta la disolución de la Asamblea Nacional en junio presidió su Comisión de Fiscalización y Control Político. Se había atrevido a identificar con nombre y apellido a muchos responsables de la criminalidad y el narcotráfico en Ecuador.

Villavicencio había sido uno de los periodistas que destapó el escándalo de sobornos que acabó en la condena de Correa. Durante mucho tiempo había sido crítico del gobierno de Correa; en 2013 su vivienda fue allanada y luego fue condenado a 18 meses de prisión por difamar al presidente. Pidió asilo político en Perú y no regresó a Ecuador hasta que Correa dejó el poder en 2017.

Cuando fue asesinado, Villavicencio se encontraba bajo protección policial tras haber recibido graves amenazas, algunas de ellas procedentes de individuos vinculados al cártel mexicano de Sinaloa. Villavicencio fue el político de más alto perfil -y el único candidato presidencial- asesinado en Ecuador desde el restablecimiento del régimen democrático en 1979. Pero no fue el único político asesinado en esta temporada electoral: Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta, fue asesinado en julio, y hubo varios más antes que él.

Tras el asesinato de Villavicencio, su amigo y también periodista Christian Zurita tomó su lugar como candidato del Movimiento Construye. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares para garantizar su seguridad. Puesto que los últimos sondeos de opinión se habían publicado poco antes de la muerte de Villavicencio, y su nombre y foto seguían apareciendo en las boletas, no estaba claro qué efecto tendría sobre los votantes.

No habiendo participado nunca antes en un proceso electoral, Zurita obtuvo una respetable cantidad de votos, pero el 16,5% que recibió lo dejó fuera de la segunda vuelta. Construye, sin embargo, quedó en segundo lugar en las elecciones para la Asamblea Nacional, con casi 21%. Es probable que forme un grupo independiente que logre tener una influencia significativa.

En cambio, la segunda vuelta será disputada por un candidato sorpresa, Daniel Noboa, que terminó segundo con el 23,5%. De 35 años, es hijo del multimillonario Álvaro Noboa, quien en cinco oportunidades se había postulado infructuosamente para presidente. Sin partido propio, Noboa encabeza la fórmula presidencial de la Acción Democrática Nacional (ADN), una coalición que incluye a MOVER, lo que queda de la antigua Alianza PAIS fundada por Correa para competir en las elecciones de 2006. De llegar a la presidencia, Noboa tendrá dificultades en la Asamblea Nacional, ya que ADN obtuvo apenas el 15% de los votos en las elecciones legislativas.

Muy cerca de Zurita, con un 14,7%, se situó Jan Topic, conocido como el Bukele ecuatoriano, en referencia al presidente populista rebelde de El Salvador. Es un economista y empresario del sector de las telecomunicaciones y la seguridad privada que presume de su pasado en la Legión Extranjera francesa y de su participación en varios conflictos recientes, alegando que su experiencia militar le ayudaría a combatir la delincuencia. Al frente de la Alianza por un País sin Miedo, sus propuestas de mano dura para hacer frente a la crisis de seguridad podrían haberle sumado votos en el último tramo de la campaña.

A la cola del pelotón, el líder indígena y activista ecologista Yaku Pérez, candidato de una alianza de pequeños partidos, obtuvo un escaso 4% de los votos. Dos años atrás, como candidato del partido indígena Pachakutik, había salido tercero, quedando a milímetros de pasar a la segunda vuelta.

El crimen organizado, el gran problema

La violencia resultante del crimen organizado estaba en la mente de los votantes incluso antes de que se viera agravada por la violencia política. Villavicencio fue el único candidato que prometió actuar sobre los problemas interconectados de la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción gubernamental. El único otro candidato que sugirió una solución potencial para esta preocupación central de los votantes fue Topic, pero su propuesta se limitaba a combatir la violencia con más violencia, una política de la que inevitablemente resultarían ulteriores restricciones del espacio cívico y violaciones de derechos humanos.

El problema es grave. Una sangrienta guerra territorial entre organizaciones criminales rivales que luchan por el control de las rutas del narcotráfico ha sumido a Ecuador en una violencia sin precedentes. Las muertes violentas se han cuadruplicado desde 2019. En la ciudad portuaria de Guayaquil, un punto estratégico de donde salen los envíos de droga a Europa y Estados Unidos, se ha comenzado a volver frecuente la visión de cuerpos con signos de tortura colgados de puentes y pasos elevados.

En 2022, Ecuador experimentó niveles récord de violencia criminal: se registraron 4.603 muertes violentas, es decir 25 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 13,7 en 2021. Esto lo convirtió en el país con mayor aumento en las tasas de violencia criminal de toda América Latina. La tendencia al alza ha continuado, con otras 3.568 muertes violentas solamente en el primer semestre de 2023. A este ritmo, el año podría terminar con más de 7.100 víctimas fatales, una tasa de 39 por cada 100.000 habitantes, lo cual convertiría al Ecuador en uno de los países más violentos de la región.

Según fuentes oficiales, alrededor del 90% de las muertes violentas son consecuencia de la delincuencia, y la mayoría de ellas están relacionadas con el narcotráfico. El 83% de las muertes violentas se han producido en cinco de las 24 provincias, las que se encuentran en la “ruta de la droga”.

Otro tema importante que estuvo en juego en las elecciones arrojó un saldo más positivo: se celebraron dos referendos sobre la continuidad o la paralización de dos proyectos extractivos: la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní y la minería metálica en el Chocó andino. El 59% de los votantes apoyó la decisión de no extraer petróleo del corazón de la selva amazónica ecuatoriana y más del 68% se inclinó por prohibir la minería en la reserva del Chocó andino.

Se trata de un resultado histórico: se ha afirmado que Yasuní es el primer caso en el mundo en que la población ha votado a favor de mantener bajo tierra los combustibles fósiles que dañan el medio ambiente. Los resultados suponen un duro golpe para las industrias extractivas, pero también para las autoridades estatales, preocupadas por la pérdida de ingresos fiscales.

La mayoría de la ciudadanía ha dejado claro que no quiere una vuelta al extractivismo, pero una minoría significativa también ha apoyado a González, una candidata que se negó a posicionarse en contra de estos proyectos extractivos y, en cambio, prometió un regreso a unas políticas sociales que deberían financiarse con los ingresos de la extracción. Esos mismos problemas se pusieron de manifiesto en la época de Correa, cuando el gobierno abrazó políticas extractivas con el argumento de financiar el gasto social y reprimió a las comunidades indígenas que se opusieron.

Demasiado trabajo para tan poco tiempo

Ecuador enfrenta importantes desafíos, entre los que destacan la penetración del crimen organizado y sus efectos potencialmente letales para la democracia. Para hacer frente a estos problemas con eficacia necesita un gobierno que, en primer lugar, tenga la voluntad de afrontarlos y, en segundo lugar, disponga de las herramientas para hacerlo. Hasta ahora no ha tenido ni lo uno ni lo otro.

Los dos candidatos que se enfrentarán el 15 de octubre ofrecen un marcado contraste ideológico, y Ecuador podría ser testigo de una reedición de la lucha libre entre “correísmo” y “anticorreismo”, un conflicto político cada vez más alejado de las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la gente. No se trata necesariamente de un enfrentamiento entre perspectivas progresistas y conservadoras, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones medioambientales y de igualdad de género. González aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Ecuador, pero su partido y su líder no son exactamente defensores de los derechos de las mujeres. Correa, un líder socialmente conservador, encabezó la carga contra las luchas por la justicia de género, a las que descalificó en tanto que vehículos de la llamada “ideología de género”.

Pero en un aspecto los dos contendientes se parecen: ninguno ha centrado su atención en los vínculos entre la política y el crimen organizado.

Quien sea elegido el 15 de octubre tendrá solamente 18 meses para hacer el trabajo o, cuanto menos, para sentar las bases sobre las que pueda seguir trabajando su sucesor. Parece demasiado poco tiempo para desafíos tan grandes.

Los obstáculos serían probablemente más fáciles de sortear para González, que tendrá una base parlamentaria más fuerte. Si acaso la experiencia del presidente Lasso, un exbanquero con una agenda proempresarial, sirviera de punto de comparación, el advenedizo Noboa podría experimentar mayores dificultades a causa de su pequeño respaldo en el Congreso. En dos años y medio, Lasso apenas pudo aprobar tres leyes y el hecho de que se viera acorralado por la Asamblea Nacional es precisamente la razón por la que Ecuador tuvo que acudir de nuevo a las urnas.

Lo mejor que puede hacer el vencedor es empezar a construir la amplia coalición que se necesita para abordar los crecientes problemas sociales, económicos, ambientales y de seguridad de Ecuador. Eso incluye habilitar a la sociedad civil y trabajar con ella para afrontar el desafío de combatir el crimen organizado y hacer frente a la impunidad, respetando al mismo tiempo los derechos humanos. Se trata de una tarea demandante, pero es la única alternativa a seguir sumiéndose en la violencia.