Derrame de petróleo en Perú pone sobre el tapete la responsabilidad corporativa
El reciente derrame de petróleo frente a la costa del Perú ha sido devastador para la fauna, la flora, el turismo y los medios de subsistencia de los pescadores artesanales. Ha planteado cuestiones de responsabilidad corporativa, ya que el gigante petrolero español Repsol, propietario de la refinería donde se produjo el desastre, es acusado de haber actuado con lentitud y de no asumir toda su responsabilidad. La catástrofe, la última de una serie de derrames, también ha echado luz sobre la persistente incapacidad del Estado peruano de aplicar su propia legislación ambiental. Y plantea la cuestión de por qué, si no se puede confiar en que las empresas de combustibles fósiles cuiden los sitios de donde extraen sus beneficios, alguien debería tomarse en serio su proclamada preocupación por el medio ambiente.
Según organizaciones defensoras del medio ambiente, es probable que por lo menos el 30% del petróleo vertido en las aguas del Perú en enero no se limpie nunca. Pero más de dos meses después del desastre, ese no es el único problema persistente.
El 15 de enero, casi dos millones de litros de crudo se derramaron en el Océano Pacífico frente a la costa del distrito de Ventanilla, al norte de Lima, la capital peruana. El enorme derrame se produjo cuando un barco cisterna descargaba el crudo a través de un oleoducto submarino hacia una refinería propiedad de la petrolera española Repsol. El impacto ha sido devastador para la fauna de la región, afectando incluso a tres reservas marinas protegidas, y para su economía turística, con 25 playas afectadas.
Pero quizás los más afectados sean los pescadores artesanales y otros integrantes de la industria que es la base del plato más famoso de esta región costera, el ceviche. Miles de personas perdieron sus medios de subsistencia de la noche a la mañana. Si el petróleo se deposita en el lecho marino, es probable que los impactos se extiendan en el largo plazo.
El gobierno peruano declaró a este hecho como el peor desastre ecológico del país. La Fiscalía está llevando a cabo una investigación; mientras tanto, se ha prohibido la salida de Perú a cuatro altos funcionarios de Repsol. El costo del operativo de limpieza es estimado en unos 65 millones de dólares.
La respuesta demorada de la compañía
Repsol se tomó su tiempo para hacerse cargo de sus responsabilidades. Primero declaró que la fuga había sido extremadamente pequeña, pero pronto su verdadero alcance fue imposible de ocultar. Luego intentó culpar por la catástrofe al tsunami provocado por la erupción de un volcán en Tonga, lo que dio la impresión de ser un intento de trasladar la culpa al gobierno por no emitir una alerta de tsunami. Sin embargo, esto eludía la cuestión de por qué la empresa había decidido seguir operando cuando la existencia del tsunami era información de dominio público. En cualquier caso, muchos expertos no estuvieron de acuerdo en que el oleaje de ese día hubiera sido más fuerte de lo habitual. Posteriormente, la empresa trató de culpar por el derrame al buque petrolero, de propiedad italiana.
Sin embargo, las fotografías parecían mostrar que la tubería rota estaba oxidada, lo cual sugería que no se habían llevado a cabo las inspecciones y tareas básicas de mantenimiento requeridas por una infraestructura de tres décadas de antigüedad. La empresa tardó en admitir que el oleoducto se había roto y no solamente había sufrido fisuras. El gobierno acusa a Repsol de no haber actuado con la suficiente rapidez en un contexto en que la acción inmediata puede marcar una diferencia crucial: la empresa no activó su plan de contingencia hasta el día siguiente al derrame.
Ahora Repsol está ofreciendo ayuda económica a miles de personas que se han quedado sin ingresos, pero fueron necesarios casi dos meses de negociaciones para conseguirlo. Los pescadores han protestado porque los montos de la ayuda financiera son insuficientes, y muchos experimentan dificultades para acceder a esta ayuda, ya que trabajan en la economía informal y, por tanto, carecen de la documentación necesaria.
Como ya no pueden pescar, muchos de ellos han sido contratados por Repsol para colaborar en el operativo de limpieza, pero afirman que no han recibido el entrenamiento ni la protección requeridos por este peligroso trabajo. Esto es preocupante, ya que quienes integraron las primeras cuadrillas de limpieza sufrieron impactos inmediatos sobre su salud, ya que no se les proporcionó el equipo mínimo necesario.
Una historia de impunidad
Este no es ni remotamente el primer derrame de petróleo de la historia del Perú. Las personas cuyos medios de subsistencia dependen del océano llevan mucho tiempo denunciando estos accidentes, señalando el problema del mal mantenimiento. Acusan al gobierno y a las empresas petroleras de no tomarse en serio sus reclamos, sobre todo cuando las fugas se producen mucho más lejos de la capital que en el último desastre.
Ni siquiera es la primera vez que Repsol es multada a causa de un derrame: esto ya ha sucedido al menos tres veces en Perú y muchas más en otros lugares. Esta vez la empresa debería esperar una multa mucho mayor, pero para ella seguirá siendo cambio chico: se trata de una empresa que en febrero obtuvo beneficios de unos 2.780 millones de dólares.
Las leyes del Perú dejan claro que Repsol debe ser responsabilizada por la catástrofe. El país cuenta con sólidas leyes de protección ambiental, pero éstas sólo existen en el papel. Existe una cultura de impunidad en materia de daño ambiental. Sucesivos gobiernos se han aferrado a un modelo extractivista de desarrollo económico, en el cual la extracción es dirigida por empresas extranjeras. Este enfoque ha alimentado relaciones opacas y corruptas entre políticos y empresas, como consecuencia de las cuales la regulación es minimizada y las empresas son eximidas de responsabilidad. Las comunidades que protestan contra proyectos dañinos y por sus impactos ambientales -tales como las de pescadores, que alertan de los derrames de petróleo- son ignoradas o vilipendiadas como enemigas del desarrollo.
Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino.
El actual presidente de izquierda, Pedro Castillo, ganó por escaso margen las elecciones de 2021. Lo hizo con una promesa de cambio que incluyó el compromiso de acabar con la corrupción y obligar a las empresas extractivas a aumentar sus contribuciones; sin embargo, le ha costado mucho avanzar en esa dirección en un contexto político fragmentado y polarizado y frente a la fuerte reacción de la derecha. Su gobierno también ha sido acusado de no responder adecuadamente a la crisis. Perú aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado sobre derechos ambientales para América Latina y el Caribe, contra el cual los intereses empresariales han ejercido fuertes presiones.
La gente hizo lo que pudo, ofreciéndose como voluntaria para intentar limpiar las playas. También salió a protestar, denunciando lo ocurrido como un ecocidio. Los pescadores acamparon frente a la refinería en señal de protesta y el activismo ambientalista llevó los reclamos frente a la sede de Repsol, exigiendo que la empresa no se limitara a limpiar el petróleo, sino que asumiera toda la responsabilidad, reparando todos los daños causados y adoptando las normas más estrictas posibles para evitar futuros desastres.
Voces desde las primeras líneas
Juan Carlos Sueiro es director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo.
Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.
Ha habido un gran daño ambiental. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida.
Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni en Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino.
También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano.
Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película de petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.
Hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.
Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.
La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa.
Para nosotros es muy claro: Repsol debe asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.
Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho.
También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Juan Carlos. Lea la entrevista completa aquí.
Otro argumento a favor de las energías renovables
Las empresas de combustibles fósiles están en la cresta de la ola, ya que los precios del petróleo y el gas se han disparado, entre otras cosas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Cada semana nos llega la noticia de que otra de estas empresas ha obtenido beneficios récord. El poder que conlleva su inmensa riqueza debería traer aparejados los más altos niveles de responsabilidad. Pero una y otra vez, las empresas de combustibles fósiles demuestran que no se puede confiar en que utilizarán las fortunas acumuladas de manera responsable.
En vez de invertir beneficios en el desarrollo de alternativas serias a su modelo de negocios causante de daño climático, estas empresas están invirtiendo en ‘maquillaje verde’, una estrategia de la cual ha sido acusada Repsol. Sucesos como el derrame de petróleo en Perú sugieren que ni siquiera están invirtiendo una porción mínima de su riqueza en las tareas esenciales de mantenimiento requeridas para minimizar su impacto ambiental. Sin embargo, nunca les falta dinero para hacer lobby para conseguir las regulaciones más débiles que sea posible.
Quienes ahora experimentan los peores impactos del derrame de petróleo -viendo sus medios de subsistencia destruidos, la costa en la que han vivido todas sus vidas arruinada, y corriendo el riesgo de sufrir impactos en la salud a largo plazo- son las mismas que jamás se han beneficiado de la extracción que tiene lugar en sus patios traseros. Por mucho que Repsol se empeñe por limpiar el actual desastre, esa realidad no va a cambiar hasta que el modelo extractivista sea reemplazado. Hay muchas razones para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables. Perú nos acaba de entregar un sombrío recordatorio de otra de ellas.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Repsol debe asumir toda la responsabilidad por el desastre y comprometerse a financiar totalmente no solamente la limpieza inmediata sino también la recuperación a largo plazo.
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El gobierno de Perú debe reforzar su normativa ambiental, ratificar el Acuerdo de Escazú y comprometerse a implementar de forma más estricta su legislación vigente.
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La sociedad civil internacional debe apoyar al movimiento de pescadores de Perú en su lucha por la justicia.
Foto de portada de REUTERS/Pilar Olivares vía Gallo Images