La incertidumbre que caracteriza a las elecciones democráticas estuvo ausente el 26 de marzo, día en que los cubanos fueron convocados para designar a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano legislativo del país. Ese día efectivamente hubo una votación: la gente que acudió a los lugares de votación depositó una papeleta en una urna. Pero ¿se trató realmente de elecciones? Los cubanos no pudieron elegir a sus representantes: su única opción era ratificar a las personas preseleccionadas o abstenerse de hacerlo.

Si cada escaño ya tenía nombre y apellido, ¿para qué molestarse en celebrar elecciones? ¿Por qué habría la gente de dedicar parte de su domingo a hacer cola para votar? ¿Y por qué le importaría tanto al gobierno si no lo hiciera?

Elecciones a la cubana

Según su Constitución, Cuba es una república socialista en la que todos los dirigentes del Estado y los miembros de los órganos representativos son electos y pueden ser revocados por la ciudadanía. Cuba celebra elecciones con regularidad, pero tiene un sistema de partido único: el Partido Comunista de Cuba (PCC) es reconocido constitucionalmente como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La presidencia es el segundo cargo más poderoso de Cuba, por detrás del de Primer secretario del Comité Central del PCC.

El PCC es indistinguible del Estado, y el partido y su ideología penetran en todos los recovecos de la sociedad. De ahí que el proceso de nominación para las elecciones pueda presentarse como “no partidista” y los candidatos sean designados a título individual más que como representantes partidarios: a fin de cuentas, son todos miembros del partido.

La ciudadanía cubana vota en dos tipos de elecciones: para las asambleas municipales -los órganos legislativos locales- y para la Asamblea Nacional. No hay elecciones presidenciales, ya que el presidente – que a su vez nombra a un primer ministro – es designado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que acaba de ser designada otorgará este mes un segundo mandato al presidente Miguel Díaz Canel.

Antes había elecciones populares para las asambleas provinciales, pero éstas se eliminaron en 2019 y fueron sustituidas por gobernadores y consejos provinciales propuestos por el presidente y elegidos por las asambleas municipales.

Los candidatos para las asambleas municipales son designados a mano alzada en “asambleas de nominación” locales. Las últimas elecciones locales se celebraron el 27 de noviembre de 2022 y registraron una abstención récord de 31,5%. No se trataría de un nivel desmesurado de abstención en una verdadera democracia, pero resultó una vergüenza para un sistema que se supone que cuenta con el respaldo unánime de las masas.

Según la nueva Constitución y la legislación electoral, los candidatos a la Asamblea Nacional son designados por los delegados municipales junto a comisiones de candidaturas controladas por el PCC a través de sus organizaciones de masas, de cuyas filas han de surgir los candidatos: la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Federación Estudiantil Universitaria.

La lista resultante incluye tantos nombres como escaños parlamentarios disponibles. No hay competencia entre candidatos, y como la mayoría de los distritos elige a más de dos representantes, las opciones de la ciudadanía consisten en seleccionar a todos los candidatos propuestos, a algunos, a uno o a ninguno. Pero todo lo que necesita un candidato es obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos, por lo que la ratificación es el único resultado posible. Eso es exactamente lo que ocurrió el 26 de marzo.

En su versión de mínima, la democracia puede ser definida como un sistema que nos permite deshacernos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre, es decir, un sistema en el cual quienes están en el poder pueden perder las elecciones. En toda la historia de Cuba desde la revolución, ningún candidato ha sido jamás derrotado.

Una campaña diferente

Como es lógico, puesto que no hay competencia real, en Cuba no suele haber campañas electorales. Lo que hay, en cambio, es abundante presión política y social para participar. No se espera solamente que la gente vote, sino también que exprese un apoyo activo, preferiblemente acompañado de algún tipo de manifestación pública de entusiasmo. El Estado así lo requiere para poder reivindicar su legitimidad popular.

En consecuencia, la oposición política y el activismo prodemocracia promueven la abstención, con campañas en redes sociales movilizadas en torno a hashtags tales como #YoNoVoto y #EnDictaduraNoSeVota.

Deseoso de evitar un índice de abstención similar al registrado en las elecciones municipales de noviembre, el gobierno no escatimó esfuerzos. A contramano de sus propias prohibiciones legales de las campañas electorales -supuestamente solo está permitida la difusión de fotos y biografías de los candidatos-, llevó a cabo un enorme operativo de propaganda: hizo un uso intensivo de las redes sociales, colocó carteles repitiendo sus hashtags – #YoVotoXTodos y #MejorEsPosible – en las paredes, envió a sus candidatos de gira, organizó eventos culturales y deportivos y ferias comerciales y distribuyó merchandising.

Según testigos presenciales, la jornada electoral se caracterizó por la apatía y no se registraron filas en los centros de votación. Se denunciaron numerosas irregularidades, tales como coacción y acoso, así como casos de personas que no habían ido a votar y recibieron citaciones o fueron buscadas en sus domicilios.

El anuncio oficial publicado al día siguiente -que la ausencia de observadores independientes hizo imposible verificar- informó de una participación del 76%. El gobierno lo presentó como una “victoria de la Revolución”. Tal vez contribuyera a ella el hecho de que se hubieran depurado los padrones, en los cuales figuraba más de medio millón de votantes menos que en las anteriores elecciones parlamentarias, celebradas en 2018.

Pero una mirada más atenta sugiere que la abstención se está convirtiendo en un rasgo habitual de los rituales electorales cubanos – esas elecciones han tenido la participación más baja de la historia para las legislativas – y están creciendo otras formas de disenso en las urnas, incluida la anulación del voto.

Los esfuerzos del gobierno por impulsar la participación se produjeron en un contexto más amplio de represión, en respuesta a una ola de movilizaciones mediante las cuales la gente expresó en las calles las opiniones que no puede expresar en las urnas. En los últimos años se ha producido la mayor oleada de protestas jamás experimentada por el régimen cubano. Al punto álgido del 11 de julio de 2021, conocido como 11J, le siguió un flujo constante de protestas motivadas por problemas cotidianos -tales como la escasez de alimentos y medicamentos y los cortes de electricidad- que no ha cesado. La frustración política y económica también se reflejó en el mayor éxodo en la historia del país, con una emigración estimada de 300.000 personas tan solo en 2022.

Para qué sirven las elecciones

En Cuba, las elecciones no son ni un mecanismo para designar gobiernos ni un canal para que la ciudadanía comunique sus opiniones. Más bien sirven para legitimar, a nivel tanto interno como internacional, a un régimen autoritario que aspira a presentarse como una forma superior de democracia. También sirven para cooptar y movilizar partidarios y desmoralizar opositores.

Los rituales electorales son tan solo una de las muchas herramientas que emplea el régimen para conservar el poder. Las protestas del 11J fueron un punto de inflexión porque representaron la pérdida colectiva del miedo; todo lo que las autoridades cubanas han hecho desde entonces apunta a recuperar el control restaurando el miedo.

Decidido a impedir que se repitan movilizaciones como las del 11J, el gobierno ha elevado el costo de la protesta criminalizando a manifestantes y activistas y restringiendo la expresión del disenso tanto en internet como fuera de ella, respaldado por un nuevo Código Penal aprobado en mayo de 2022 que ha convertido en delito cada una de las táctica de los movimientos de protesta. Continúa imponiendo largas penas de prisión a activistas de la sociedad civil y el número de presos políticos condenados sigue superando el millar.

Pero todo esto, así como los esfuerzos por presentar unas elecciones deslucidas como una victoria rutilante, no hace más que revelar las grietas que atraviesan a un viejo sistema de poder totalitario en decadencia. En Cuba ya no queda nada más que la ficción de la unanimidad de la voluntad general.