En el primer aniversario de las protestas que sacudieron Cuba el 11 de julio de 2021 no se repitieron los acontecimientos del año anterior. El régimen autoritario hizo todo lo posible por impedir las protestas: durante todo el año reprimió y criminalizó implacablemente toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas entre rejas, condenando a decenas a largas penas de prisión y reescribiendo el Código Penal para codificar como delito cada una de las tácticas de organización y movilización empleadas para expresar disenso. Sin embargo, las causas profundas de las protestas de 2021 permanecen, y el descontento tarde o temprano volverá a manifestarse.

El 11 de julio, en las calles de Cuba no pasó nada. Este no acontecimiento fue la principal noticia del día en que se cumplía el primer aniversario del mayor acto de rebeldía del pueblo cubano en décadas, desplegado en las jornadas de protesta conocidas como el 11J.

Es frecuente en todas partes que los aniversarios de protestas como esta sean conmemorados con nuevos actos de desafío. Así pues, ¿es la ausencia de protestas una victoria para el régimen autoritario que ha gobernado la isla durante más de 60 años, y consecuentemente una derrota para el movimiento popular por la democracia?

La posibilidad de una ola de protestas en el aniversario del 11J era una idea fija en la mente del gobierno cubano, que puso todos sus recursos al servicio de impedirla. El año transcurrido desde las protestas fue testigo de una despiadada represión de activistas y manifestantes. Cientos de personas fueron sometidas a juicios sumarios y decenas recibieron largas condenas de cárcel. Reconocidos activistas sufrieron acoso sistemático. Fueron sometidos a arresto domiciliario de facto, impidiéndoles salir a la calle, y se les cortaron las comunicaciones. Una reforma regresiva del Código Penal codificó como delito a cada una de las tácticas utilizadas por la ciudadanía para expresar su descontento.

Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado.

MARTA MARÍA RAMÍREZ

En cierto modo, el 11 de julio de 2022 era el día en que menos cabía esperar alguna protesta. La diáspora cubana y los movimientos de solidaridad internacional conmemoraron la fecha con movilizaciones en el extranjero, pero dentro de Cuba quienes aún no se habían unido al éxodo en curso sabían que era un día peligroso. En los últimos tiempos se han enfocado en sobrevivir, en conseguir la liberación de los centenares de personas que continúan detenidas y en pensar estrategias para el futuro.

11J

Un año atrás, todo comenzó con una pequeña manifestación en San Antonio de los Baños, un pueblo al este de La Habana. La pandemia y una prolongada crisis económica asolaban a Cuba. Las protestas localizadas y espontáneas de carácter “apolítico” se habían convertido en algo relativamente habitual, ya que la gente con frecuencia estallaba de frustración mientras hacía largas colas en un intento inútil de acceder a unos bienes básicos cada vez más escasos.

Pero la pequeña movilización de San Antonio de los Baños tuvo algo inusual: la gente no se quejaba solamente por los alimentos o medicamentos que no lograba encontrar, sino que apuntaba a las causas políticas más profundas de su descontento. Inspirada en un exitoso rap cubano lanzado a principios de ese año, expresaba una demanda, “patria y vida”, que venía a invertir el viejo eslogan acuñado por Fidel Castro, “patria o muerte”.

La rebeldía resultó contagiosa. A medida que las noticias de esta movilización se difundían a través de las redes sociales, mucha gente en otras partes caía en la cuenta de que protestar era de hecho posible. Muchos se despojaron entonces de los miedos de toda una vida y se unieron a las movilizaciones, que pronto se convirtieron en las mayores protestas contra el gobierno en décadas.

Las estimaciones de la cantidad de manifestantes oscilaron entre 100.000 y 500.000, una movilización impresionante en el contexto de un régimen tan cerrado como el cubano, donde el control social y el miedo ejercen poderosos efectos disuasivos.

Además de las consabidas demandas de alimentos y medicamentos, se escuchó con insistencia el lema “patria y vida”, junto con consignas como “cambio de sistema”, “abajo la dictadura”, “abajo el comunismo”, “sí se puede” y, alto y claro, “libertad”. En abierto desafío de la pretensión del régimen autoritario de hablar en su nombre, la ciudadanía hizo suyo una vieja consigna: “el pueblo unido jamás será vencido”.

Represión instantánea

La represión adoptó formas variadas. Apenas una hora después de la protesta inicial, comenzaron los cortes de internet en San Antonio de los Baños. Estos, sin embargo, no pudieron detener la propagación del descontento, sino que apenas retrasaron la difusión de imágenes y videos de las protestas y su represión.

El acceso a internet se cortó o se mantuvo fuertemente limitado en toda la isla del 12 al 18 de julio. La única empresa de telecomunicaciones de Cuba bloqueó los mensajes de texto que contenían palabras clave tales como “libertad” y el servicio de telefonía móvil sufrió cortes intermitentes.

A las pocas horas, el presidente Miguel Díaz Canel pronunció un discurso televisivo en el que convocó a los “revolucionarios” a recuperar las calles. Las brigadas civiles progubernamentales se desataron contra los manifestantes, junto con agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y policías uniformados que primero fingieron “custodiar” las protestas, pero pronto procedieron a dispersarlas con palos, gas pimienta y balas de goma. Se desplegaron tropas militares de élite y en algunos casos se utilizó munición real contra manifestantes. Al menos cuatro personas sufrieron heridas de bala.

Esa noche, la policía y los militares entraron en los barrios con carros blindados y allanaron los domicilios de conocidos disidentes, periodistas y artistas. Personas sospechosas de haber participado en las protestas o de simpatizar con ellas fueron golpeadas y arrestadas. Se informó de al menos dos personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Al menos 20 periodistas fueron detenidos mientras realizaban su trabajo, aunque la mayoría fueron puestos en libertad sin cargos o con sanciones administrativas.

A falta de información oficial sobre las personas detenidas, las organizaciones de la sociedad civil Cubalex y Justicia 11J se encargaron de documentar las detenciones. Hasta ahora han registrado 1.484 detenciones y han verificado 1.297, la inmensa mayoría de las cuales fueron de personas sin conexión con ninguna organización política, de la sociedad civil o de medios de comunicación. Menos de una de cada diez tenía algún vínculo de ese tipo.

La sociedad civil informó luego que una pequeña proporción de detenidos había sido puesta en libertad sin cargos, mientras que otros pocos fueron sometidos a un proceso penal y pronto fueron absueltos. Muchos más fueron puestos en libertad sin cargos tras recibir una sanción administrativa que implicaba el pago de una multa. Pero el mayor número ha sido sometido a juicios penales sumarios o sigue a la espera de ser juzgado. Según las investigaciones de la sociedad civil, al menos 700 personas permanecen actualmente detenidas. Se han documentado malos tratos y torturas a los detenidos.

El 24 de julio de 2021 el gobierno anunció que 59 personas habían sido condenadas a prisión en 19 casos. Más de 50 han sido condenados a 10 años de prisión, y un número similar recibió condenas de seis años. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, dos miembros del grupo de artistas Movimiento San Isidro, fueron condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por delitos políticos tales como “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato”, “desórdenes públicos” y “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”.

A medida que se desarrollaban las protestas, el gobierno impulsó rápidamente una narrativa criminalizadora para justificar las detenciones. El presidente y otros altos funcionarios vilipendiaron las protestas en las redes sociales, refiriéndose a ellas como “disturbios” y “desórdenes”. Los manifestantes fueron calificados de delincuentes comunes, a tono con la afirmación del gobierno de que en Cuba no hay presos políticos, aunque esta afirmación se vio socavada por la afirmación simultánea de que las protestas habían sido orquestadas por Estados Unidos. El gobierno también afirmó, contra toda prueba, que se estaban respetando todas las garantías del debido proceso.

La narrativa gubernamental fue amplificada por los principales medios de comunicación, todos ellos subordinados al gobernante Partido Comunista, la única organización política legal en Cuba.

Ajustando las clavijas

El gobierno también introdujo cambios legales para hacer mucho más difícil toda repetición del 11J. En enero de 2022, el Tribunal Supremo de Cuba propuso un proyecto de modificación de varios artículos del Código Penal. El proyecto fue presentado como parte de una serie de reformas exigidas por la nueva Constitución cubana, aprobada en 2019. Sin embargo, a diferencia de otros cambios simultáneos -como el que se reflejó en un nuevo Código de Familia bastante progresista- no hubo ninguna consulta pública en torno de la reforma del Código Penal.

El nuevo Código Penal fue aprobado por el Parlamento cubano el 15 de mayo, apenas 10 meses después de las protestas del 11J. Entrará en vigor en agosto.

Aunque incluye algunos elementos positivos, como el refuerzo de las sanciones por corrupción y violencia de género, endurece las restricciones contra la sociedad civil, imponiendo severas sanciones por facilitar información a organizaciones o individuos extranjeros y prohibiendo el financiamiento extranjero. Expone a periodistas independientes, activistas y disidentes a ser castigados como “mercenarios” si reciben dinero de donantes extranjeros.

Se introdujeron decenas de nuevos delitos relacionados con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, entre ellos los de “propaganda contra el orden constitucional” y “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con el objetivo de causar alarma, descontento o desinformación”.

Muchos de los nuevos delitos conllevan penas de entre 10 y 30 años de cárcel. En lugar de eliminar la pena de muerte, que no se aplica desde 2003, el nuevo Código Penal autoriza su uso para varios delitos “excepcionales” adicionales, en su mayoría relacionados con la seguridad del Estado.

Voces desde las primeras líneas

Marta María Ramírez es una periodista y activista feminista cubana.

 

El argumento que se dio para justificar la reforma del Código Penal refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. También se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el código anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género.

Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras.

Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?

También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.

Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso.

 

Este es un extracto editado de nuestra conversación con Marta María. Lea la entrevista completa aquí.

¿La única salida?

Al negárseles la voz, los cubanos están votando con los pies, y lo están haciendo masivamente. Tras las protestas, un número récord de personas abandonaron la isla, presionadas por la falta de oportunidades y la creciente certeza de que las opciones se reducen cada vez más a solamente dos: la cárcel o el exilio. Se ha hecho popular una expresión en código: “fulano está yendo a ver los volcanes”.

Mientras que los cubanos más pobres han continuado lanzándose a peligrosas travesías por mar, aumentando exponencialmente el número de balseros, muchos están haciendo uso de una reciente política nicaragüense que permite a los cubanos ingresar al país sin visa. Así, muchos emigrantes están volando a Nicaragua, desde donde emprenden peligrosos viajes por tierra hacia los Estados Unidos. Están dispuestos a gastar los ahorros de toda su vida para pagar a contrabandistas y a enfrentarse a peligros indecibles con tal de escapar. El gobierno estadounidense ha informado de la llegada de unos 140.000 cubanos a la frontera sur del país desde el pasado mes de octubre.

Otros tienen menos opciones. Abraham Jiménez Enoa, un periodista de La Habana que escribía para el Washington Post, fue amenazado, secuestrado y detenido repetidamente por la Seguridad del Estado. Luego de que cubriera las protestas del 11J, las autoridades le dieron a elegir: conseguir un pasaporte y salir de Cuba inmediatamente o quedarse en la isla para siempre. Ahora vive en España.

Muchos periodistas, artistas y académicos, así como conocidos activistas que apoyaban a familiares que protestaban en reclamo de información sobre sus hijos detenidos, se han visto obligados a salir en circunstancias similares.

¿La calma antes de la tormenta?

Un año después del 11J, la represión sostenida, que ha incluido la aprobación de un draconiano Código Penal, junto con el éxodo masivo, se han combinado para crear un clima de aparente calma dentro de Cuba.

Pero los agravios que motivaron las protestas del 11J no se han aplacado ni remotamente; si acaso, se han profundizado. No cabe duda de que las protestas resurgirán en algún momento en el futuro, y podrían estallar un día cualquiera, sin previo aviso.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • Las autoridades cubanas deben liberar a los manifestantes encarcelados y comprometerse a garantizar los derechos fundamentales a las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica.
  • Los Estados democráticos con vínculos diplomáticos y económicos con Cuba deben presionar por la liberación de los presos políticos y la apertura del espacio cívico.
  • La sociedad civil progresista y defensora de los derechos humanos de todo el mundo, y en particular de América Latina, debe ponerse del lado de los activistas de la sociedad civil cubana bajo asedio.

Foto de portada de Joe Raedle/Getty Images