A dos años del inicio de la pandemia, puede que la perspectiva de otro evento virtual no resultara atractiva para las miles de activistas por los derechos de las mujeres que cada año y en números cada vez mayores se reúnen en torno a la sesión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).

La CSW, el foro mundial más importante sobre derechos de las mujeres, se celebra cada mes de marzo en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Tras la práctica cancelación de su edición de 2020 pocos días después de la declaración de la COVID-19 como pandemia, y luego de una edición de 2021 que pasó sin penas ni gloria, en 2022 la 66ª sesión volvió a celebrarse en lo que se describió como un formato “híbrido”, una fórmula algo engañosa que significaba que las delegaciones de los gobiernos podrían reunirse en persona, pero el grueso de la sociedad civil del mundo tendría que participar por vía remota.

Pero dada la urgencia de los temas que se discuten en este foro, la sociedad civil tuvo que dejar de lado sus dudas sobre la calidad del acceso. Dejar pasar la oportunidad no era un lujo que pudieran permitirse. Y conocían el procedimiento, por lo que trataron de aprovechar al máximo lo que podría resultar ser una oportunidad para democratizar el acceso.

Tras dos semanas de frenética actividad, el 25 de marzo se celebró la última reunión oficial de la CSW, en la que se adoptaron las Conclusiones Acordadas de la sesión, el documento oficial de resultados de las sesiones de la CSW que formula recomendaciones para los gobiernos, los organismos intergubernamentales, la sociedad civil y otras partes interesadas.

Pero mientras los aplausos complacientes del acto de clausura aún resonaban en el ciberespacio, la sociedad civil ya había dado vuelta la página. En el momento de calma entre la febril sesión y la desafiante tarea de monitorear el cumplimiento de los compromisos, hicieron un balance de la experiencia para extraer lecciones para el trabajo que tienen por delante. Sus conclusiones fueron ambivalentes.

En la intersección entre género y clima

Aunque es casi tan antigua como la propia ONU, fue recién a mediados de la década de 1990 que la CSW se convirtió en una pieza fundamental de la arquitectura global de los derechos de las mujeres, al convertirse en el foro central para evaluar los avances y las lagunas en la implementación de las históricas Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995.

El tema prioritario de la CSW para 2022, “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres”, representó una oportunidad histórica: por primera vez la CSW se situaba en la intersección entre los derechos de las mujeres y el cambio climático, la degradación del medio ambiente y las crisis y desastres.

Este tema atrajo a un gran número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en el área del cambio climático y que no necesariamente forman parte del público típico de la CSW. El tema tiene el potencial de dar renovada visibilidad a quienes trabajan para poner de relieve los impactos del cambio climático sobre las mujeres y las niñas e idear soluciones lideradas por mujeres.

Empoderamiento económico

El tema de revisión de la CSW66 -es decir, el tema surgido de las Conclusiones Acordadas de la sesión anterior- fue el del “empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. Esto apuntaba a cuestiones apremiantes tras dos años de una pandemia que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, expulsándolas de a millones del mercado laboral, sometiéndolas a cada vez peores condiciones de trabajo y explotación, y empeorando una distribución ya desigual de las tareas de cuidados dentro de las familias. Nunca ha sido tan grande la necesidad de un espacio para defender los derechos sociales y económicos de las mujeres y programas de recuperación postpandemia que los prioricen.

La sociedad civil señaló que, al ritmo actual de progreso, las mujeres tardarán siglos en alcanzar la igualdad económica. Urgió a los Estados a apoyar el empoderamiento económico de las mujeres y a desafiar los estereotipos de género y los rígidos roles de género que las frenan.

Justicia sexual y reproductiva

Las antiguas batallas en torno a los derechos sexuales y reproductivos no podían sino seguir representándose en la CSW66. Los grupos feministas y LGBTQI+ reafirmaron el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Trataron de blindar el derecho al aborto en un momento en que una violenta reacción amenaza con hacer retroceder el reloj varias décadas y enmarcaron el acceso al aborto como cuestión tanto de salud pública como de justicia social elemental. Y siguieron exigiendo el reconocimiento y la inclusión de las mujeres “en toda su diversidad”, expresión que quedó colocada en el centro de profundas controversias a la hora de finalizar las Conclusiones Acordadas de la CSW66.

Las activistas destacaron que la violencia de género y la discriminación que sufren a diario las mujeres queer y trans y las personas de género no binario se ven reforzadas por la exclusión que enfrentan en la mismísima CSW, como resultado de una comprensión estrecha e intolerante del propio concepto de “mujer”. En su lugar, abogaron por una definición interseccional y multifacética de las mujeres “en toda su diversidad”.

Pero quienes se resisten al llamamiento a la justicia de género también se hicieron oír: una vez más, la CSW se convirtió en un campo de batalla para el despliegue de la guerra cultural en curso. Aunque las reuniones virtuales les impidieron emplear sus tácticas habituales para intimidar y excluir a la sociedad civil progresista de los eventos, los grupos antiderechos continuaron muy activos en internet, impulsando peticiones para transmitir a los delegados de los Estados el mensaje de que “el aborto no es la solución al cambio climático”, afirmando que el cambio climático se estaba utilizando como “excusa” para impulsar la llamada “ideología de género”, y denunciando la supuesta exclusión de las OSC autodenominadas “provida” de la CSW.

El secretario general de la ONU, António Guterres, un autodeclarado feminista, reconoció veladamente estos enfrentamientos en su discurso de apertura. Sin mencionar explícitamente los derechos sexuales y reproductivos, declaró que la lucha contra la injusticia de género requiere “un frente unido, que proteja los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de derechos de las mujeres y que al mismo tiempo invierta en el aprendizaje continuo, la atención sanitaria, el empleo decente y la protección social de las mujeres y las niñas”. Advirtió que “estamos viendo un retroceso en los derechos de las mujeres” y concluyó: “debemos reaccionar frente a la reacción”.

El elefante en la habitación: el poder de decisión

A lo largo de la historia, las mujeres han conocido la indignidad de estar sometidas a reglas que ellas mismas no han creado. Han tenido que soportar que innumerables hombres en posiciones de autoridad legislaran sobre los cuerpos femeninos. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de todo el mundo han experimentado la frustración de reclamar sin éxito que los órganos legislativos de sus respectivos países -por lo general compuestos mayoritariamente por hombres- aprueben leyes en beneficio de las mujeres. Saben que la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones no hace sino perpetuar los estereotipos de género que las han mantenido alejadas del poder en primer lugar. Son muy conscientes de que una representación política más justa es una llave que abre todo tipo de puertas. No fue de extrañar que en la CSW66, al igual que en las sesiones anteriores, la sociedad civil planteara una y otra vez cuestiones de representación.

La subrepresentación y sus efectos se reproducen en todos los espacios de toma de decisiones, a todos los niveles, incluida la ONU. Incluso en la CSW, donde, dada su temática, las mujeres están más presentes que en ningún otro lugar, las personas más afectadas por las cuestiones que se supone que el organismo debe tratar siguen estando gravemente subrepresentadas.

Dado que la crisis climática está afectando de manera más intensa a las mujeres del sur global, y en particular a las mujeres negras, indígenas, rurales y migrantes, a las mujeres y niñas que viven con discapacidades y a las personas LGBTQI+, sus voces deberían haber sido escuchadas en la CSW66. Aunque tuvieron una plataforma para expresar sus preocupaciones en la CSW, sería difícil argumentar que sus puntos de vista fueron debidamente considerados o que influyeron en las conclusiones y recomendaciones de la sesión.

Expectativas y acceso

Después de desalentar a la sociedad civil de viajar a Nueva York durante semanas, apenas tres días antes del inicio de la CSW66 la ONU anunció que volvería a permitirse el acceso de la sociedad civil a la sede de la ONU. Para entonces ya era demasiado tarde para que la mayoría de la gente viajara a Nueva York. La sociedad civil advirtió que la exclusión de sus voces haría que esta CSW fuera menos progresista de lo que podría haber sido.

Un número limitado de OSC participó en las sesiones públicas; la mayor parte del involucramiento de las OSC adoptó la forma de participación en eventos y sesiones paralelas online organizados por la sociedad civil o por Estados miembros de la ONU con posiciones afines. Compartieron sus llamados de incidencia con las misiones permanentes de la ONU por correo electrónico y en las redes sociales.

La mayoría de los actores de la sociedad civil participó en forma virtual, tratando de aprovechar al máximo el potencial de los eventos online, que al menos eliminan algunas de las barreras habituales: conseguir visados, viajar largas distancias a un alto costo, conseguir acreditación para acceder a la sede de la ONU. Sin embargo, señalaron que los problemas de acceso que enfrentan las mujeres en la vida real se replican en internet, y que la participación virtual conlleva sus propios desafíos. Muchas se enfrentaron a problemas de conectividad y a dificultades debidas a diferencias horarias y barreras lingüísticas, además de a los efectos de la desorganización: avisos tardíos, cambios de última hora e instrucciones confusas. La sociedad civil fue simplemente excluida de algunos espacios, mientras que las sesiones con número máximo de participantes se llenaron rápidamente. El formato híbrido corrió el riesgo de ofrecer lo peor de ambos mundos y estuvo lejos de brindar igualdad de condiciones.

Relativamente pocas organizaciones participaron en persona, a menudo a un costo demasiado elevado. Por ejemplo Green Girls Platform, una organización de Malawi, sólo pudo enviar a una persona por tres días debido a limitaciones de fondos. Esto resulta problemático porque la incidencia es un esfuerzo de largo plazo y, para ver resultados, las organizaciones de base deberían poder participar plenamente a lo largo de todo el proceso, y no solamente en alguna que otra conferencia aislada de la CSW o sobre cambio climático, sino en las sucesivas iteraciones de estos encuentros globales.

A pesar de las barreras, en la medida en que se enfocaron en poder plantear problemas, mantener debates significativos, conectar, colaborar con y aprender de otras activistas y organizaciones de todo el mundo y unir fuerzas para hablar con una voz común, las expectativas en su mayoría se cumplieron. La sociedad civil organizó y participó en una serie de eventos que dieron visibilidad a las experiencias y demandas de grupos objetivo, desde adolescentes y mujeres jóvenes hasta trabajadoras y defensoras indígenas de los derechos humanos y el medio ambiente.

Las conclusiones de la sesión: una oportunidad perdida

Pero allí donde se trató de conseguir ambiciosos pronunciamientos políticos que se tradujeran en cambios sobre el terreno, las expectativas se vieron defraudadas. Como es habitual, no se permitió a las OSC participar en las negociaciones formales de las Conclusiones Acordadas.

Aunque los espacios de negociación están cerrados a la sociedad civil, hay varias formas en que OSC y activistas buscan influir en los resultados. Muchas OSC empiezan a prepararse para la CSW más o menos al mismo tiempo que sus gobiernos, con hasta un año de antelación. Preparan informes y hojas informativas y los envían al Grupo de Expertos de ONU Mujeres y a la oficina del secretario general de la ONU, con la esperanza de que sean agregados a la base de evidencia que éstos utilizan para preparar los informes que guían a los Estados en sus negociaciones. Cultivan relaciones con algunas delegaciones y forman coaliciones de OSC para obtener acceso colectivo a los borradores cero y a las versiones posteriores, conocer el contenido y el tono de las negociaciones en curso, alertar sobre líneas rojas y hacer aportes y sugerencias de redacción.

Pero esta vez, las negociaciones que condujeron a las Conclusiones Acordadas de la sesión tuvieron lugar cara a cara en Nueva York, mientras que la mayoría de las OSC solo estaban presentes online. Esto privó a la sociedad civil de una vía de entrada clave: sus conexiones personales con delegados de Estados afines.

Las Conclusiones Acordadas resultantes fueron, como era de esperarse, aclamadas como “innovadoras” e “históricas”, por ser las primeras en reconocer las conexiones entre el cambio climático y la desigualdad de género. Sin embargo, la sociedad civil expresó su decepción por la escasa ambición y las graves omisiones del documento, así como por su inclinación a librar de responsabilidad tanto a los gobiernos como a los contaminadores del sector privado.

Las OSC feministas obtuvieron algunas victorias, pero el campo antiderechos también recibió su parte.

El texto final es claro en lo que se refiere a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental sobre mujeres y niñas y hace referencia a “múltiples e interconectadas formas de discriminación y marginación”, pero no llega a reconocer a las mujeres “en toda su diversidad”. Subraya la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, pero también reconoce “la importancia de implementar políticas favorables a la familia y orientadas a la familia”, legitimando el discurso antiderechos sobre la integridad de la familia -tradicionalmente definida como formada por un hombre y una mujer- que es utilizado para atacar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+.

El término “defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente” no se incluyó en el texto, aunque sí se introdujo una referencia a las defensoras de derechos humanos “que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales, así como con los derechos de los pueblos indígenas”.

Las conclusiones también subrayan el principio del consentimiento libre, previo e informado como esencial para abordar las capas superpuestas de discriminación que enfrentan mujeres y niñas indígenas. Contienen un lenguaje contundente sobre la eliminación, la prevención y la respuesta a todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas, en el mundo físico como en la esfera virtual, se comprometen a reducir la brecha digital de género y reconocen las contribuciones y la necesidad de protección de mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación.

Pero los compromisos relacionados con el clima son débiles en todo sentido, hasta el punto de que las OSC medioambientales los consideraron un mero agregado a las habituales Conclusiones Acordadas. Según WECF International, una red global sobre mujeres y desarrollo sostenible, denotan la carencia de “todo sentido de urgencia”.

El documento evita abordar el tema del financiamiento de la transición climática y pasa por alto el rol de la política fiscal como mecanismo clave para lograr la igualdad de género en el contexto de la reducción del riesgo climático, medioambiental y de catástrofes. No menciona la necesidad de eliminar las subvenciones a las industrias de combustibles fósiles. De hecho, en línea con años de negacionismo en los debates de la ONU sobre el clima, no menciona ni una sola vez a la industria que es la principal responsable de la crisis. En términos generales, evita reclamar rendición de cuentas al sector privado.

También ofrece una salida fácil a los Estados: las expresiones “según proceda” y “cuando proceda” son utilizadas una decena de veces en el texto de 20 páginas, dejando abierto a los Estados alegar que no están en condiciones de cumplir una serie de recomendaciones. Habilita ulteriores retrasos, aunque como recientemente ha dejado claro el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el tiempo para actuar sobre el cambio climático está a punto de agotarse.

El rechazo de la participación: otra oportunidad perdida

Las participantes del sur global dieron cuenta de la presencia del elefante en la habitación al señalar que los acuerdos de la ONU para la participación de la sociedad civil son “bastante malos” desde la perspectiva del sur global, y que algunas “soluciones” propuestas -como la de animar a los Estados a incluir a la sociedad civil en sus delegaciones- son de mal gusto, dado que muchos Estados están en manos de gobiernos autoritarios y misóginos que están cerrando el espacio cívico y arrebatando a las mujeres sus derechos.

Dado que sus Métodos de Trabajo también estaban en la agenda, la reciente sesión de la CSW ofreció la oportunidad de mejorar esta situación mediante la profundización de la participación de la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, la negativa conservadora impidió que se hicieran cambios para permitir la participación de la sociedad civil en la negociación de los documentos finales. A las OSC ni siquiera se les concedió el estatus de observador. En el futuro inmediato, la sociedad civil en la CSW seguirá pudiendo participar únicamente en los eventos paralelos, los diálogos interactivos -con la adición de uno nuevo con la juventud como único signo de progreso- y el llamado debate general, dedicado a revisar la situación de la igualdad de género y a identificar objetivos alcanzados, lagunas y desafíos en la implementación de compromisos.

Afortunadamente, una cosa está clara para la sociedad civil: las Conclusiones Acordadas de la CSW no representan un techo sino un umbral mínimo, y más allá de ellas hay un largo proceso. Están pensadas para que cada una se las lleve de regreso a casa y presione para que se traduzcan tanto como sea posible en legislación, programas y políticas progresistas que conduzcan a un cambio real sobre el terreno. Esto es lo que la sociedad civil feminista seguirá haciendo, con el objetivo de ver progresos antes de que llegue el momento de reunirse de nuevo para la CSW67.

Nuestro agradecimiento a todas las entrevistadas cuyos aportes han alimentado este artículo: Eucharia Abua, African Girls Empowerment Network; Zarin Hainsworth, National Alliance of Women’s Organisations, Reino Unido; Terry Ince, CEDAW Committee of Trinidad and Tobago; Helen McEachern, Cherie Blair Foundation for Women, Reino Unido; Joy Hayley Munthali y Dorothy Kazombo Mwale, Green Girls Platform, Malawi; Wanun Permpibul, Climate Watch Thailand; y Misun Woo, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. Todas las citas de las entrevistas son extractos editados. Las entrevistas completas están disponibles aquí.