A dos días de las elecciones presidenciales, Colombia se encuentra en una encrucijada. Los dos candidatos que compiten en la segunda vuelta el 21 de junio ofrecen visiones irreconciliables del futuro del país. El que parece tener más posibilidades de ganar amenaza al país con un retroceso de proporciones.

Las últimas encuestas dan al candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, una ventaja de entre cuatro y ocho puntos porcentuales, muy por encima del margen de 2,84 puntos que lo separó del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

De la Espriella es un polémico abogado penalista, muy mediático, que nunca ha ocupado un cargo electivo. Recientemente ha fundado su propio movimiento, Defensores de la Patria, y ha recibido el respaldo público de Donald Trump. Autodenominado “El Tigre”, ha basado su campaña en el modelo populista del presidente argentino, Javier Milei, y su par salvadoreño, Nayib Bukele. Inspirándose en ambos, ha prometido reducir el tamaño del Estado, combatir la corrupción con el tipo de medidas que suelen emplearse contra el crimen organizado y construir diez megacárceles.

Cepeda, en cambio, tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y está en política desde 2010: primero como diputado y, desde 2014, como senador. Es el candidato de la coalición gobernante Pacto Histórico y representa la continuidad con el presidente saliente, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, constitucionalmente impedido de buscar la reelección. Actualmente preside la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado. Su padre, el entonces secretario general del Partido Comunista, fue asesinado en 1994 por paramilitares aliados con agentes del Estado.

El colapso del centro

En la primera vuelta, de la Espriella superó con creces las previsiones de las encuestas preelectorales, lo que llevó a Cepeda y a Petro a cuestionar el conteo preliminar de votos. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que desplegó en todo el país un número de observadores sin precedentes, reportó que el proceso fue transparente y ordenado. Lo mismo dijo la Organización de los Estados Americanos. Cepeda acabó reconociendo los resultados.

El resultado sorpresa puso en evidencia una polarización que llevaba una década gestándose. Desde que el acuerdo de paz de 2016 inició una salida controvertida e incompleta del conflicto armado, la política colombiana quedó dividida en dos bandos enfrentados. Las elecciones confirmaron la desaparición del espacio intermedio que aún quedaba entre ambos: la principal fuerza de la derecha tradicional, el partido Centro Democrático, quedó reducida a la irrelevancia. Su candidata, la senadora Paloma Valencia, protegida política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, obtuvo apenas el 6,3% de los votos. A las pocas horas de conocerse los resultados, respaldó a de la Espriella y llamó a derrotar a lo que denominó “neocomunismo”.

La guerra y la paz

Aunque los candidatos de la segunda vuelta se sitúan en bandos opuestos en casi todos los temas, nada los divide más que el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo buscó poner fin a un conflicto armado de seis décadas que afectó a más de 10 millones de personas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el conflicto murieron 1.155.339 personas, 9.102.924 fueron víctimas de desplazamiento forzado y 208.438 sufrieron desapariciones forzadas.

El acuerdo siempre ha sido objeto de profunda controversia. La política insignia de Petro, la “Paz Total”, ha buscado poner fin al conflicto mediante negociaciones con todos los grupos guerrilleros, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las FARC, llevar ante la justicia a bandas criminales y narcotraficantes, y priorizar la protección de las comunidades civiles. Pero no ha logrado detener la violencia. Redes criminales armadas y antiguas facciones guerrilleras siguen ejerciendo el control territorial en gran parte de Colombia.

Cepeda participó en las conversaciones con las FARC que condujeron al acuerdo de 2016 y en las posteriores negociaciones con el ELN, y ha sido un negociador clave en el Congreso. Durante la campaña electoral ha hablado de “paz integral”, reconociendo que para alcanzar una paz duradera hace falta abordar las raíces estructurales de la violencia, como el acceso a la tierra, la desigualdad, la pobreza y la ausencia de servicios públicos en las zonas rurales.

La postura de de la Espriella es diametralmente opuesta. Ha declarado que bajo su gobierno no habrá ningún proceso de paz, y se ha comprometido a reanudar los bombardeos aéreos contra los grupos armados ilegales y a fumigar los cultivos de hoja de coca con herbicidas, una práctica cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud pública están ampliamente documentados. De la Espriella sostiene que la negociación solo ha servido para que las organizaciones criminales se afiancen aún más mediante el narcotráfico y la minería ilegal de oro. También considera ilegítima la ratificación del acuerdo por el Congreso luego de que los votantes lo rechazaran por estrecho margen en un referéndum celebrado en 2016, pese a que dicho referéndum estuvo marcado por una campaña sistemática de desinformación. De la Espriella quiere sumar a Colombia a la coalición militar de Trump, Escudo de las Américas, y montar con Estados Unidos una ofensiva conjunta contra el narcotráfico. Sus promesas calan en una sociedad que llega a las urnas con miedo, preocupada por la inseguridad por encima de todas las cosas.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido de las devastadoras consecuencias que tendría volver a la ofensiva militar total en las zonas de conflicto, sobre todo para la población civil, el activismo ambiental y las comunidades indígenas, que viven bajo amenaza de muerte en territorios disputados por grupos armados e industrias extractivas.

La acción climática en la encrucijada

Apenas unas semanas antes de la primera vuelta, Colombia se ubicó en el centro de uno de los episodios más relevantes de la diplomacia climática mundial de los últimos años. Entre el 24 y el 29 de abril, junto con los Países Bajos, Colombia organizó la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles, que reunió en el país a representantes de 57 países junto con científicos y representantes de la sociedad civil y gobiernos subnacionales. La conferencia nació de la frustración ante el reiterado fracaso de las cumbres climáticas de las Naciones Unidas para lograr compromisos vinculantes para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. En ella, los Estados se comprometieron a elaborar planes nacionales para poner fin al consumo y la producción de combustibles fósiles. La cumbre consolidó a Colombia como referente mundial en materia climática.

Colombia ha aumentado mucho su uso de energías renovables. Las energías solares y eólicas, que representaban apenas el 2% de la matriz energética cuando Petro asumió el cargo en 2022, llegaban a casi 16%en abril de 2026. Desde principios de 2023 el país no ha otorgado nuevos contratos para la exploración ni extracción de carbón, gas o petróleo. Aunque más de 100 contratos de exploración siguen vigentes, se ha buscado avanzar de a poco hacia una matriz energética más limpia y reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles.

Todo esto hoy corre peligro. Cepeda se ha comprometido a dar continuidad a la agenda ambiental y de transición energética de Petro, pero de la Espriella busca expandir el consumo de combustibles fósiles en nombre de un imperativo fiscal. Sostiene que el déficit de Colombia, que alcanza el 5,3% del PIB, y su deuda pública, del 62,9%, exigen aumentar los ingresos procedentes del petróleo y el gas. Aboga por legalizar de inmediato el fracking, un método extractivo hoy prohibido por orden judicial por sus efectos nocivos sobre las comunidades, los ecosistemas y las fuentes de agua. El gobierno de Petro ha frenado los proyectos de exploración con fracking.

Lo que está en juego va mucho más allá de las fronteras de Colombia. En la reciente conferencia, Petro advirtió que el mundo se aproxima a una catástrofe climática. La destrucción de la selva amazónica reduce su capacidad de absorber dióxido de carbono. En las porciones significativas de la Amazonía que integran el territorio colombiano, el conflicto armado sigue teniendo fuertes impactos: grupos armados y organizaciones criminales controlan rutas fluviales y facilitan actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala, que aceleran la deforestación y ponen en peligro a los pueblos indígenas.

La sociedad civil en un terreno polarizado

La sociedad civil colombiana es la que más arriesga en estas elecciones. Comunidades afrocolombianas e indígenas, activistas ambientales, grupos de derechos humanos, personas defensoras de la paz y asociaciones de víctimas han trabajado bajo presión durante años. Pese al discurso progresista del gobierno, la violencia nunca cesó, y Colombia sigue siendo el país más letal del mundo para quienes defienden el medio ambiente y el territorio. Un gobierno de de la Espriella no haría más que empeorar las cosas, dado su compromiso explícito con la expansión de las actividades extractivas y las ofensivas militares y su rechazo de toda salida negociada.

La segunda vuelta definirá mucho más que quién será el próximo presidente. De ella depende que sobreviva la arquitectura de paz que Colombia construyó con tanto esfuerzo, que se mantenga su liderazgo mundial en materia climática y que el espacio cívico para el activismo ambiental y las personas defensoras de la paz y los derechos humanos se amplíe o se estreche.

Las acusaciones de fraude sin fundamento de Petro y, en menor medida, de Cepeda, agregaron una inquietud adicional, ya que minaron la confianza en las instituciones democráticas colombianas justo cuando estas más necesarias son. Vigilar la segunda vuelta y exigir a ambos candidatos que respeten las reglas democráticas, gane quien gane, será para la sociedad civil una tarea clave.

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