En septiembre, los ojos del mundo volvieron a posarse en Nueva York con motivo de la semana inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

Aunque estuvieron presentes unos 131 jefes de Estado y de Gobierno, así como numerosos ministros de alto rango, también se hicieron notar algunas ausencias. Faltaron cuatro de los cinco líderes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con la única excepción del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; los líderes que participaron en las cumbres precedentes de los BRICS y del G20 evidentemente dieron prioridad a esos foros sobre la ONU.

Hubo un desfile de líderes pronunciando discursos, y mientras algunos aprovecharon la oportunidad para hablar de problemas globales como la crisis climática y la necesidad de mejorar la cooperación transfronteriza, otros se permitieron tijeretazos diplomáticos y se dirigieron directamente a su público nacional. Muchos utilizaron el podio para presumir sus logros. La desinformación fue moneda corriente a pesar de la elaboración de un Código de Conducta sobre la Integridad en la Información Pública por el secretario general de la ONU en el informe de 2021 sobre el futuro del multilateralismo, “Nuestra Agenda Común”.

El líder populista de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó su discurso para alabar el éxito de su guerra contra las pandillas, a pesar de que los derechos fundamentales han quedado suspendidos bajo el estado de excepción y miles de personas han sido detenidas en el marco de su campaña de encarcelamiento masivo. Raymond Ndong Sima, Primer Ministro de Gabón, aprovechó la ocasión para defender el reciente golpe militar en su país.

El tristemente célebre ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ofreció un recorrido por sus grandes éxitos, difundiendo mentiras sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, culpando a Occidente de todos los males del mundo e impulsando la particular visión de Vladimir Putin de un mundo multipolar en el que Rusia y sus aliados represivos tengan mayor poder. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, mostró su apoyo al arreglárselas para culpar a Estados Unidos por la guerra de Rusia contra Ucrania.

El vicepresidente chino, Han Zheng, hipócritamente evocó la necesidad de promover los derechos humanos a través del diálogo y la cooperación. Esto contrasta con el uso que hizo China el año pasado de todos los medios diplomáticos a su alcance para conseguir que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU bloqueara el debate sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en su región de Xinjiang. El primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, elogió el apoyo de China a su gobierno, y poco después decidió no participar en una cumbre de líderes de las islas del Pacífico organizada por Biden.

El Consejo de Seguridad en la mira

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, acaparó los titulares al presentarse esta vez en persona. Instó a la unidad mundial contra la agresión rusa, que calificó de amenaza para el orden internacional basado en normas que defiende la ONU.

Zelenski se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que no ha tomado ninguna medida en el conflicto ya que Rusia, miembro permanente, utiliza su derecho de veto para bloquear toda respuesta. En su discurso pidió que Rusia, como agresor, perdiera su derecho de veto, y que todo veto en el Consejo quedara invalidado si dos tercios de los miembros de la ONU votan a favor de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el voto de cada Estado tiene el mismo peso. Zelenski sugirió que, sin cambios, es imposible que el Consejo cumpla su mandato de resolver conflictos. El representante de Rusia trató de impedir su intervención, pero Albania, como titular de la presidencia rotatoria del Consejo, señaló que Zelenski no necesitaría tomar la palabra si Rusia detuviera la guerra.

La guerra de Ucrania es uno de los varios conflictos recientes en los que el Consejo de Seguridad no ha actuado. Al mismo tiempo, ciertos intereses han bloqueado la acción contra las guerras de Siria y Yemen, y el gobierno militar se ha establecido en Myanmar y cada vez más en todo el Sahel. Los crímenes sistemáticos contra los derechos humanos continúan en numerosos contextos, como en Afganistán, Etiopía y Palestina. Está claro que el organismo no se adecua a su propósito.

La sociedad civil y algunos Estados llevan tiempo presentando propuestas creíbles para la reforma del Consejo de Seguridad, y el estancamiento actual representa un momento crítico para conseguir mayor apoyo al cambio. Si bien no resolvería el problema del poder de veto, está cobrando fuerza la idea de que, al menos, se abra el Consejo a la participación de más miembros permanentes. Por desgracia, gran parte del debate que siguió al discurso de Zelenski en el Consejo de Seguridad fue vago y poco concluyente.

Los ODS: ahora o nunca

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acapararon una atención sin precedentes, con la celebración de una cumbre dentro del marco de la semana para examinar los avances hacia su cumplimiento.

Acordados por todos los Estados miembros de la ONU en 2015, los ODS son un conjunto ambicioso, exhaustivo e interconectado de 17 objetivos y 169 metas para lograr un mundo más igualitario, justo, pacífico y sostenible. Se supone que deberían alcanzarse en 2030, pero los avances dejan mucho que desear. La ONU señala que apenas el 15% de las metas van por buen camino y casi un tercio se ha estancado o experimentado un retroceso respecto al punto de partida en 2015. Si se confirman las tendencias actuales, para 2030 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y 600 millones padecerán hambre extrema, lo cual equivale aproximadamente al mismo número que en 2015.

Hay muchas razones por las que los ODS no van por buen camino. Entre ellas se encuentra la pandemia de COVID-19, que obligó a los Estados a destinar recursos vitales a la respuesta a la emergencia sanitaria y provocó una fuerte caída de la actividad económica. La guerra de Rusia contra Ucrania también ha tenido repercusiones mundiales, entre otras cosas por la subida de los precios de los alimentos y el combustible, que ha creado una crisis del costo de vida. Además, una serie de catástrofes climáticas recientes -inundaciones, incendios forestales y olas de calor- han puesto de manifiesto los trágicos efectos de un cambio climático incontrolado y han exigido respuestas urgentes que requieren muchos recursos.

Otro problema profundo ligado a éstos es la deuda galopante de muchos Estados del Sur global. Los países más pobres se ven obligados a pedir préstamos con intereses hasta ocho veces más altos que los países más ricos, y los tipos de intereses suben incesantemente. Se gastan inestimables sumas de dinero en el servicio de la deuda en lugar de usarlo para satisfacer necesidades vitales como la educación y servicios de salud, que ayudarían a cumplir los ODS. Atando cabos queda claro que incluso antes de la pandemia no existía la financiación necesaria para cumplir con los ODS.

Para alcanzar los ODS, es necesario reformar la arquitectura financiera mundial para que los países del Sur global puedan obtener la financiación que necesitan. Desde hace mucho tiempo que se formulan críticas en contra de las instituciones financieras internacionales y de los bancos de desarrollo como el Banco Mundial por estar dominados por los intereses del Norte global en su toma de decisiones y por no tener suficientemente en cuenta las dinámicas económicas del Sur global.

La explotación de combustibles fósiles sigue recibiendo un volumen de financiamiento considerable, y los Estados del Sur global que disponen de reservas de petróleo y gas no ven otra alternativa que perseguir el crecimiento económico mediante la extracción. Los incentivos financieros no están en consonancia con los compromisos, consagrados tanto en los ODS como en el Acuerdo de París, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la adaptación al cambio climático.

Existe una falta profunda y a largo plazo de financiación climática: para la reducción de emisiones, la adaptación y, lo que es más controvertido, para compensar las pérdidas y daños que el cambio climático causa de forma desproporcionada a los países del Sur. Los objetivos de financiación se han incumplido sistemáticamente y hasta el año pasado, en la cumbre del clima COP27, no se había llegado a ningún acuerdo sobre el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños. Aún ahora quedan muchos detalles por concretar. Al pedirle a los Estados del Sur que hagan cambios para responder al cambio climático provocado en gran medida por los Estados del Norte, se les está pidiendo en realidad que sigan endeudándose para financiar las reformas necesarias.

El secretario general de la ONU presentó un plan de estímulo para aportar 500.000 millones de dólares para los ODS. En la sociedad civil no faltan ideas sobre cómo cerrar la brecha de financiamiento. Entre ellas se encuentra una reforma radical de los bancos de desarrollo para reorientarlos firmemente hacia la financiación climática, la condonación de deuda y el canje de deuda por iniciativas climáticas y medioambientales, nuevas normas fiscales mundiales para hacer frente a la enorme evasión fiscal de las empresas, e impuestos sobre las ganancias y el patrimonio.

ODS y espacio cívico

No hay cantidad de dinero que permita alcanzar los ODS si no se establecen también alianzas inclusivas para que la sociedad civil pueda desempeñar plenamente su papel. Las decisiones en materia de desarrollo no pueden dejarse exclusivamente en manos de los Estados, sobre todo teniendo en cuenta que el fuerte enfoque de justicia social e igualdad de los ODS exige una redistribución del poder. Sin un fuerte control independiente, el gasto en desarrollo puede canalizarse hacia la corrupción, el clientelismo y el favoritismo. Si no hay espacio para la sociedad civil, las personas – en particular aquellas pertenecientes a grupos excluidos – no tienen manera de reclamar decisiones que satisfagan sus necesidades.

Sin embargo, en la mayoría de los países las condiciones para la sociedad civil no han hecho más que empeorar desde el establecimiento de los ODS. El CIVICUS Monitor – nuestra herramienta de investigación que realiza un seguimiento del estado del espacio cívico en 197 países – señala un deterioro interanual: actualmente 117 países que representan al 85% de la población mundial sufren graves restricciones del espacio cívico.

Los ODS reconocen explícitamente el papel indispensable de la sociedad civil. El ODS 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas e instituciones eficaces y responsables incluye metas sobre transparencia y rendición de cuentas y toma de decisiones inclusiva y participativa. El ODS 17 reconoce la necesidad de establecer alianzas con la sociedad civil. Sin embargo, muchos de los Estados que afirman querer alcanzar los ODS llevan años atacando a la sociedad civil. Parecen pensar que pueden elegir los objetivos, trabajando para avanzar en algunos mientras optan por retroceder en otros. Pero los ODS están interrelacionados y no pueden alcanzarse sin un espacio cívico abierto que permita a la sociedad civil desempeñar el papel que le corresponde.

La cumbre sobre los ODS concluyó con una declaración política en la que los Estados reconocían que los avances han sido demasiado lentos y que algunos de los logros recientes se están revirtiendo, y se comprometían a acelerar su aplicación. Pero, en esencia, reafirmaron los compromisos existentes.

Además, los Estados se mostraron en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales como el cambio climático y la igualdad de género, así como sobre la financiación para alcanzar los objetivos. Tampoco se asumieron compromisos de financiación significativos. El plan de estímulo propuesto sigue siendo puramente teórico, y su seguimiento limitado.

La declaración menciona a la sociedad civil una única vez, al reafirmar la necesidad de implicar a todas las partes interesadas. Pierde la oportunidad de mencionar el espacio cívico, lo que subraya que aún la sociedad civil no es más que una ocurrencia tardía en demasiados de los procesos mundiales.

La sociedad civil al margen

Este olvido del papel de la sociedad civil se reflejó en el hecho de que, una vez más, se le negó el acceso a la sede de la AGNU durante la semana de alto nivel. Esta exclusión impide a la sociedad civil relacionarse directamente con las delegaciones y le niega lo que debería ser una oportunidad clave para influir. Apunta a un problema mayor: la ausencia global de espacio para la sociedad civil. Esto significa que se excluyen voces que tienen mucho que ofrecer, desde profundos conocimientos hasta testimonios directos de experiencias de vida que deberían guiar las decisiones sobre desarrollo sostenible, paz y seguridad, y derechos humanos.

La sociedad civil siguió haciendo lo que pudo para mantener la presión desde el exterior. Decenas de miles de personas marcharon en Nueva York para pedir el fin del uso de combustibles fósiles, y al día siguiente los activistas bloquearon la entrada al Banco de la Reserva Federal para exigir el fin de la financiación de los combustibles fósiles.

Cerca de la sede de la ONU se celebró una Asamblea Mundial de los Pueblos, precedida de asambleas populares en 35 países, para instar a los gobiernos a cumplir sus compromisos con los ODS. La sociedad civil pidió la reforma del sistema financiero internacional, la rendición de cuentas en cualquier nueva financiación de los ODS para garantizar que los recursos no se utilicen para reforzar la represión estatal, y una auditoría de las instituciones de la ONU centrada en la democracia y los derechos humanos.

La sociedad civil, con el respaldo de los Estados que la apoyan, está haciendo campaña para revertir su exclusión. La iniciativa de sociedad civil UNMute, por ejemplo, demanda reformas que promuevan la inclusión de la sociedad civil en la ONU. La campaña aboga por la creación de un nuevo cargo, el de enviado de la ONU para la sociedad civil, que garantice la participación de la sociedad civil en todo el sistema de las Naciones Unidas.

La Semana de Alto Nivel de 2023 se celebró en un momento en que los fundamentos del sistema de la ONU están siendo atacados como nunca antes. Los líderes represivos cuestionan cada vez más la legislación internacional sobre derechos humanos, tratan de eludir el escrutinio mundial y socavan los grandes principios establecidos en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La expansión del grupo BRICS, que admitió a una serie de Estados mayoritariamente autoritarios, apunta a la aparición de formas alternativas de toma de decisiones a escala mundial que permiten aún menos acceso a la sociedad civil que la ONU e implican un compromiso nulo con los derechos humanos. Muchos Estados están mostrando su preferencia por tomar decisiones en foros como los BRICS y el G20 en lugar de en la ONU.

A finales de este año, la ONU conmemorará los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 25 años de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Sin duda hay que celebrar estos aniversarios, pero también deben incitar a la reflexión. Aunque el Secretario General de la ONU fue enfático en sus elogios a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos en la apertura de la cumbre de los ODS, ha habido pocas señales de acción tras la publicación de su Llamamiento a la Acción de 2020 en favor de los derechos humanos y su Nota de Orientación sobre el espacio cívico. Se necesita urgentemente un informe de evaluación, así como acciones que permitan identificar áreas de mejora.

En vísperas de su próximo gran evento, la Cumbre del Futuro, que se celebrará dentro de un año, corresponde a la ONU demostrar que mantiene su pertinencia y que puede ofrecer el liderazgo que se requiere en materia de cambio climático, ODS y otras cuestiones urgentes. Ni bien lo demuestre, encontrará en la sociedad civil un aliado comprometido.