El 8 de marzo, Gisèle Pelicot, francesa de 73 años y superviviente de violación que se ha convertido en un símbolo mundial de la resistencia feminista, marchó por París junto a decenas de miles de mujeres que se hicieron ver y oír. Pelicot renunció a su derecho al anonimato durante el juicio de 2024 contra su exmarido y decenas de desconocidos que la violaron mientras estaba inconsciente, transformando un acto personal de valentía en un ajuste de cuentas colectivo con la violencia sexual y la impunidad. Su presencia al frente de una de las más de 150 marchas celebradas en toda Francia por el Día Internacional de la Mujer (8M), y en pancartas en toda Europa, encarnó el espíritu de la conmemoración de este año. Las mujeres están dando testimonio de las violaciones de los derechos humanos, rechazando el silencio y exigiendo que los Estados rindan cuentas: Estados que con demasiada frecuencia garantizan impunidad a los agresores en lugar de justicia a las supervivientes.

En 2026, el 8M tuvo lugar en un contexto de profundo retroceso en la lucha por la igualdad de género. Al ritmo actual, harán falta 286 años para que todas las mujeres y niñas gocen de igual protección jurídica, participación económica y autonomía física sobre sus cuerpos. En la práctica, a nivel global las mujeres ejercen apenas el 64% de los derechos legales de que gozan los hombres, en todos los ámbitos de la vida: negocios, familia, movilidad, dinero, propiedad, jubilación, seguridad y trabajo. Según el Banco Mundial, ninguna de las 190 economías del mundo ha logrado la igualdad de participación económica para las mujeres. La desigualdad y la violencia están estrechamente ligadas: cada 10 minutos, una mujer o una niña es asesinada por un familiar o su pareja.

Las condiciones se han deteriorado aún más durante el último año. El gobierno de Trump eliminó 60.000 millones de dólares en ayuda exterior, retiró a Estados Unidos de ONU Mujeres e impulsó una propuesta para fusionar ese organismo con el Fondo de Población de la ONU. Su decisión en enero de 2025 de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional supuso el cierre inmediato de clínicas de las que dependían mujeres y niñas, dejó sin medicación a pacientes con VIH y eliminó el suministro de anticonceptivos.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, definió la civilización occidental como unida por la fe cristiana, la ascendencia común y el patrimonio cultural. Ese marco ideológico trata la igualdad de las mujeres, los derechos reproductivos y los derechos LGBTQI+ no como derechos humanos, sino como imposiciones que deben rechazarse. El gobierno de Trump está utilizando su influencia financiera y política para imponer esa visión, tanto a nivel nacional como en el seno de las instituciones multilaterales. En la última reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, presionó para eliminar de los documentos finales un lenguaje sobre derechos de género que hasta entonces nadie había cuestionado.

A eso se le suma que el gobierno de Trump está presionando a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa, lo que ha impedido que otros gobiernos llenen el vacío dejado por la retirada estadounidense. Ese espacio lo está ocupando hoy una red coordinada y bien financiada de organizaciones antiderechos, cada vez más integradas en las estructuras estatales, que ofrecen servicios de salud reproductiva que desinforman y restringen la libertad de elección, mientras lideran una ofensiva judicial y legislativa contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+.

Este es el contexto que convirtió las movilizaciones del 8 de marzo en una respuesta política global tan necesaria frente a la embestida coordinada.

La epidemia de femicidios en América Latina

En América Latina, la crisis de femicidios sigue siendo un tema central en las movilizaciones del 8M. En los últimos cinco años se registraron más de 19.200 femicidios en toda la región y el Caribe, y dado que muchos asesinatos motivados por el género no se reconocen como tales, la cifra real probablemente sea mayor.

Decenas de miles de mujeres marcharon por la Ciudad de México y por todo el país en lo que se ha convertido en la mayor protesta política de una nación donde se registra un promedio de 10 femicidios al día y una tasa de impunidad de alrededor del 95%. La marcha estuvo impulsada tanto por el dolor inmediato como por la indignación ante la desigualdad estructural: en las semanas previas al 8M, dos estudiantes de 18 años aparecieron muertas tras ser reportadas como desaparecidas en el estado de Morelos, y una tercera joven fue hallada muerta en el Estado de México después de tomarse un mototaxi para ir a una fiesta. Una de las principales avenidas de la Ciudad de México se tiñó de morado mientras las manifestantes exigían el fin de la violencia y la discriminación de género.

En Brasil también hubo movilizaciones contra la violencia de género en decenas de ciudades, impulsadas por la indignación ante la violación en grupo de una joven de 17 años en Copacabana, Río de Janeiro, en enero. En 2025 se registraron en Brasil 1.568 femicidios, una cifra récord que superó en un 4,7% a la de 2024, que hasta entonces había sido la más alta. Las manifestantes marcharon bajo el lema “Dejen de matarnos”, reclamando además el derecho al aborto y mejores condiciones laborales.

En Argentina, las organizadoras convocaron la protesta principal para el 9 de marzo, de modo que coincidiera con una huelga laboral. La marcha de Buenos Aires fue organizada por Ni Una Menos, el colectivo feminista fundado en 2015 para protestar contra el femicidio y la violencia de género, junto con la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y varias federaciones sindicales. Se enmarcó como una protesta contra la violencia de género, la precariedad laboral y el desmantelamiento de las políticas de género bajo el gobierno del presidente libertario de extrema derecha Javier Milei.

En Chile, medio millón de personas, según los organizadores, se congregaron en la Plaza Italia de Santiago bajo el lema “ni un paso atrás, cien pasos hacia adelante”. La manifestación fue organizada por la Coordinadora Feminista 8M, una amplia coalición de organizaciones feministas y de mujeres, y estuvo marcada por la preocupación ante la inminente toma de posesión del presidente electo de extrema derecha, José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo.

En Montevideo, Uruguay, miles de personas marcharon por la avenida 18 de julio exigiendo justicia para las víctimas de femicidio y violación, visibilizando las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres negras y renovando los llamados a la justicia por las desaparecidas durante la dictadura de 1973 a 1985.

En Bolivia, las mujeres marcharon para exigir una vida libre de violencia, justicia para las 81 víctimas de femicidio registradas en 2025 y oportunidades económicas para la amplia mayoría de mujeres que trabajan en la informalidad. En Paraguay, Articulación Feminista organizó una marcha contra la violencia de género, las condiciones laborales y las bajas pensiones. En Colombia, las movilizaciones coincidieron con las elecciones legislativas, celebradas el 8 de marzo, mientras que en Venezuela la marcha exigió la liberación de las mujeres presas políticas y los grupos feministas insistieron en que cualquier transición democrática debe incluir a las mujeres como sujetos políticos activos. En Honduras, que registra sistemáticamente las tasas de femicidio más altas de la región, las organizaciones feministas salieron a las calles para denunciar la violencia machista que se cobró la vida de al menos 40 mujeres en los primeros meses de 2026.

En El Salvador, las movilizaciones feministas denunciaron las violaciones a los derechos humanos bajo el estado de emergencia decretado por el presidente autoritario, Nayib Bukele. Las manifestantes condenaron las muertes y los abusos físicos y psicológicos en prisión, la detención de personas inocentes y el aislamiento de los familiares encarcelados. En la localidad amazónica ecuatoriana de Puyo, mujeres indígenas protestaron contra la degradación ambiental y la expansión petrolera y gasífera, vinculando su derecho a vivir libres de violencia interpersonal y estatal con su derecho a un mundo habitable.

Guerra, impunidad y solidaridad feminista

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán marcó las marchas del 8M en todo el mundo. Los movimientos feministas conectaron el conflicto con prácticas más amplias de violencia patriarcal.

En docenas de ciudades estadounidenses, las manifestantes salieron a las calles con pancartas que condenaban el retroceso en la protección de los derechos reproductivos y la campaña de control migratorio que sembró el miedo entre las mujeres inmigrantes y racializadas. También exigieron que se rindieran cuentas por los delitos cometidos por el círculo de abusadores de Jeffrey Epstein. La Marcha de las Mujeres organizó una concentración frente al Rancho Zorro en Albuquerque, donde Epstein presuntamente traficó con niñas y jóvenes y abusó de ellas. Allí, familiares de las sobrevivientes tomaron la palabra junto a activistas. En Nueva York, las manifestantes se congregaron frente a la Torre Trump bajo el lema “créele a las supervivientes”, conectando los vínculos probados entre Trump y Epstein, y la batalla que sigue en curso en el Congreso sobre los expedientes del caso, con la exigencia más amplia de acabar de una vez con la impunidad de los abusadores poderosos. Las organizadoras feministas estadounidenses trazaron una línea directa entre la violencia doméstica y la expansión militar fuera de sus fronteras.

La solidaridad con las mujeres en zonas de conflicto se escuchó en todos los continentes. En España, cuyo gobierno se negó a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases militares para lanzar ataques contra Irán, las manifestantes pidieron el fin de lo que llamaron “guerra imperialista”. La marcha de Berlín, convocada bajo el lema “feminista, solidaria, sindicalizada”, hizo hincapié en la solidaridad con las mujeres que viven en situaciones de conflicto. Las participantes vincularon demandas nacionales, como el fin de la violencia y la igualdad laboral, y las reivindicaciones antiimperialistas de alcance internacional, reclamando el fin de la expansión militar.

En Chile, las organizaciones de izquierda centraron sus demandas en la oposición a la guerra. En Pakistán, el lema de la Marcha Aurat de este año fue “mujeres trabajadoras: contra la guerra y la opresión”. En Estambul, Turquía, las organizadoras leyeron una declaración política en solidaridad con las mujeres afectadas por la guerra en Oriente Medio, expresaron su rechazo a los “regímenes dictatoriales islamistas” y dejaron claro que la libertad no puede surgir de la agresión militar.

Reducción del espacio feminista

El 8M de 2026 también dejó al descubierto una tendencia global: el espacio para la organización feminista se está achicando. Las movilizaciones enfrentaron todo tipo de restricciones, incluidas prohibiciones directas de protestar.

En Islamabad, Pakistán, la policía detuvo brevemente a varias activistas de la Marcha Aurat que intentaban hacer una concentración, desafiando la prohibición gubernamental de reuniones públicas. La dispersión policial y las detenciones masivas son una constante en las protestas feministas de Pakistán desde hace años. En El Salvador, el estado de emergencia aumentó los riesgos de la protesta pública, y muchas manifestantes se mostraron cautelosas a la hora de presentar demandas que desafiaran abiertamente al gobierno.

En los muchos países donde el espacio cívico está cerrado, protestar simplemente no fue posible. En Afganistán, donde el régimen de apartheid de género talibán ha borrado a las mujeres de la vida pública, el 8 de marzo transcurrió sin movilización alguna. En China, la jornada se conmemoró con actos organizados por el Estado que destacaban el aporte de las mujeres al desarrollo nacional, pero el gobierno no permitió ninguna movilización independiente ni crítica. En Rusia, las celebraciones oficiales del Día Internacional de la Mujer patrocinadas por el Estado hicieron hincapié en los esfuerzos por ampliar el personal militar, incluida la participación de las mujeres en funciones relacionadas con el combate.

Mirando hacia el futuro

Este año, el 8M tuvo lugar en un contexto marcado por crisis en aumento. Los movimientos feministas enfrentan gobiernos hostiles y, al mismo tiempo, una infraestructura transnacional bien financiada de fuerzas antiderechos que operan en todos los niveles de gobernanza, incluidas las propias instituciones multilaterales que deberían proteger los derechos.

El camino a seguir exige tanto estrategias defensivas para evitar un mayor retroceso como esfuerzos activos para promover la justicia de género en los tribunales y los parlamentos, en la ONU y en las prioridades de la ayuda internacional.

En el plano global, el 2026 ofrece una oportunidad. El segundo mandato del secretario general de la ONU, António Guterres, termina el 31 de diciembre. En noviembre de 2025, los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad dieron inicio formalmente al proceso de selección de su sucesor mediante una carta a los Estados, en la que recordaban que ninguna mujer ha ocupado nunca ese cargo y en la que los instaban a considerar seriamente la posibilidad de presentar candidatas mujeres.

El informe “Las mujeres en el multilateralismo 2026” reveló que, en 2025, el 46% de quienes lideraban 62 organizaciones multilaterales eran mujeres. Esto significa que se ha producido un cambio sistémico en la gobernanza global que la ONU todavía no ha reflejado en su cargo más alto. Para revertir eso, la campaña “1 para 8.000 millones” exige un proceso justo, abierto e inclusivo para designar a la próxima persona al frente de la ONU, y pide que sea una mujer feminista. Las audiencias con candidatos están previstas para abril y las votaciones del Consejo de Seguridad arrancarán en julio.

La agenda para los Estados que quieran demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres es clara: deben mantener el compromiso con la igualdad que finalmente se impuso en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en lugar de ceder ante la presión de Estados Unidos y otros Estados regresivos; llenar los vacíos de financiamiento que dejó la retirada estadounidense, antes de que las organizaciones antiderechos ocupen ese espacio; y nominar candidatas feministas para dirigir la ONU.

Las movilizaciones del 8M dejaron claro que las fuerzas que empujan el retroceso no avanzan sin resistencia. En todo el mundo, el movimiento feminista demostró una vez más su determinación y su creciente capacidad para conectar distintas formas de violencia como parte de una misma estructura de dominación patriarcal – incluyendo las dificultades económicas, el femicidio, la agresión militar y el abuso sexual. Aún en las condiciones más hostiles de los últimos años, y en todos los frentes, el movimiento feminista se niega a ceder terreno.

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