CIVICUS conversa acerca de la ley recientemente aprobada en Paraguay para regular a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con Marta Ferrara y Olga Caballero, directoras ejecutivas de Semillas para la Democracia y Alma Cívica, dos de las organizaciones que lideran la respuesta de la sociedad civil ante el cierre del espacio cívico.

El 9 de octubre el Congreso de Paraguay sancionó una ley sobre “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. La ley confiere al gobierno el poder de imponer controles excesivos sobre las OSC y sancionar incumplimientos con penas que llegan al cierre de las organizaciones infractoras y la imposición de largas inhabilitaciones para sus directivos. La sociedad civil paraguaya denuncia que pone en riesgo la independencia de las OSC y su capacidad de actuar en el cumplimiento de sus fines legítimos, y llama al Poder Ejecutivo a vetarla.

¿Qué establece la ley que acaba de aprobar el Congreso de Paraguay?

La nueva ley no oculta su propósito, que es el de aumentar el control del gobierno sobre las OSC. Para ello establece requisitos estrictos de registro y presentación de informes para todas las OSC que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales.

Es una ley similar a las que regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela han usado para restringir y criminalizar el trabajo de las OSC en áreas esenciales como los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Usa la transparencia como excusa, cuando en realidad las OSC que trabajamos por la democracia y los derechos humanos ya rendimos cuentas a una serie de instituciones estatales, además de a nuestros donantes, socios y aliados. De más está decir que queremos transparencia, ya que es una de las cosas por las que luchamos, pero esta ley no se trata de eso. Si así fuera, hubieran convocado a la elaboración participativa del proyecto de ley, en vez de imponerlo como lo han hecho.

Nuestro análisis destaca tres problemas centrales en la ley: requisitos administrativos poco claros, controles excesivos y sanciones desproporcionadas.

En primer lugar, la ley establece que las OSC deberán registrarse en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no establece procedimientos claros para hacerlo, lo cual podría suponer obstáculos arbitrarios que presumiblemente terminarían afectando especialmente a las organizaciones más pequeñas y menos equipadas para navegar la burocracia.

En segundo lugar, la ley impone controles excesivos sobre el financiamiento de las OSC, que deberán presentar informes detallados sobre el origen y el uso de los fondos. Esto podría permitir al gobierno intervenir arbitrariamente en las operaciones financieras de las OSC y dificultar su acceso a financiamiento.

Por último, la ley impone sanciones excesivas por incumplimientos de disposiciones poco claras, que van desde multas muy elevadas hasta la disolución de las organizaciones.

¿A qué se debe este intento de restringir la libertad de la sociedad civil?

Esta ley es parte de un patrón más amplio de restricción del espacio cívico, que ha experimentado retrocesos preocupantes en los últimos tiempos. Es uno de los mayores ataques contra las libertades cívicas y democráticas en la historia reciente de Paraguay, pero está lejos de ser el único.

Poderosos actores políticos llevan largo tiempo promoviendo una narrativa deslegitimadora de las OSC. Las acusan de ser una amenaza para la estabilidad democrática del país, cuando la realidad es exactamente la contraria, ya que la sociedad civil se destaca por su trabajo en favor de los derechos e instituciones democráticas. La narrativa deslegitimadora ha servido para justificar controles excesivos sobre las OSC.

La Comisión Bicameral de Investigación del Congreso ha tenido un rol clave. Se ha desviado de su función original de investigar delitos relacionados con el lavado de dinero y otros crímenes financieros para concentrarse en perseguir e intimidar a OSC y actores políticos que defienden la democracia y los derechos, y más en general a quienes son considerados críticos u opositores al grupo actualmente en el poder.

¿Consideran que la ley apunta contra algún tipo específico de organización o activismo?

Si bien todas las OSC podrían verse afectadas, nos preocupa particularmente que la ley sea utilizada para deslegitimar y limitar la actuación de las organizaciones dedicadas a fiscalizar al poder, promover los derechos humanos, fortalecer la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y promover la transparencia.

La ley parece diseñada para debilitar a cualquier actor que el gobierno considere crítico, limitando su capacidad de actuar y coartando su independencia. Gracias a sus definiciones vagas, el gobierno podría aplicarla selectivamente para sofocar a las organizaciones que actúan como contrapesos del poder y que son fundamentales para el funcionamiento de una democracia saludable.

¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil paraguaya?

Desde que se propuso el primer borrador del proyecto de ley, la sociedad civil ha organizado una oposición coordinada mediante comunicados y acciones conjuntas. Hemos reivindicado nuestro rol en la promoción de la transparencia y la democracia, y varias organizaciones hemos denunciado públicamente el uso de discursos autoritarios y conspirativos que buscan generar miedo y división en la sociedad.

El Grupo Impulsor de OSC en Defensa de la Democracia, del que nuestras organizaciones forman parte, se ha enfocado en la generación de espacios de discusión y en la coordinación de posiciones para enfrentar la desinformación, la legislación restrictiva y otras amenazas al espacio cívico Este grupo ha sido fundamental en la emisión de comunicados, organización de foros y movilización de la ciudadanía.

Aunque el sector enfrenta limitaciones para manifestarse colectivamente, tenemos el compromiso firme de seguir trabajando juntos y apoyarnos mutuamente. Pero necesitaríamos más apoyo de organismos multilaterales, donantes y redes de derechos humanos para visibilizar la situación. Necesitamos respaldo para proteger el trabajo de las OSC frente a los ataques del gobierno y facilitar el acceso a recursos y espacios de incidencia global.

Por lo pronto, la sociedad civil paraguaya ha instado al Poder Ejecutivo a vetar la ley de control de las OSC, y actualmente estamos a la espera de la decisión del presidente, que debe firmarla para que sea promulgada. Estamos en un momento crítico para el espacio cívico en Paraguay.