Cuando Ecuador acudió a las urnas este año, era mucho lo que estaba en juego. El país atravesaba una de las peores crisis sanitarias inducidas por la pandemia en América Latina, así como una crisis económica que se manifestaba en el aumento del desempleo y en un vertiginoso incremento de la pobreza. No es de extrañar que el país enfrentara también una crisis de gobernabilidad, con un gobierno saliente cuyos índices de aprobación se desplomaban en medio de revelaciones de corrupción que se dispararon bajo la pandemia.

Soplaban vientos de cambio. Durante casi 15 años, Rafael Correa -dos veces presidente, en el poder durante una década hasta 2017- había estado en el centro de la política ecuatoriana. Actualmente Correa vive en un exilio de hecho en Bélgica, bajo el espectro de acusaciones de corrupción en su país.

En 2018, el presidente Lenín Moreno, designado por Correa como su sucesor y luego convertido en su adversario, convocó a un referéndum para eliminar la cláusula de reelección indefinida que había introducido su predecesor, cerrando la puerta a un posible retorno de Correa al palacio presidencial. Con el respaldo del 68% de los votantes, el límite de dos mandatos fue restablecido. Fuera de juego, Correa promovió la candidatura del economista de izquierda Andrés Arauz. Moreno optó por no volver a competir.

Cinco días antes de la segunda vuelta presidencial del 11 de abril, la carrera estaba demasiado pareja. Algunas encuestas situaban a Arauz con algunos puntos porcentuales de ventaja; otras daban una ventaja similar a su contrincante, el líder empresarial de derechas y candidato perdedor en las dos elecciones anteriores, Guillermo Lasso.

Fracturas en la izquierda

En la primera vuelta electoral del 7 de febrero, tres agrupaciones políticas situadas en el campo de la izquierda obtuvieron conjuntamente alrededor de dos tercios de los votos: la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), liderada por Correa y con Arauz como candidato, el partido Izquierda Democrática, liderado por Xavier Hervás, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), brazo político del movimiento indígena, con Yaku Pérez a la cabeza y gran apoyo entre los jóvenes.

Arauz pasó a la segunda vuelta con el 32,7% de los votos, mientras que Lasso se quedó algo atrás, con el 19,7%. Un candidato de la izquierda unida seguramente habría ganado cómodamente en la segunda vuelta, pero los candidatos de izquierda derrotados no apoyaron a Arauz. Con Pérez a una fracción de un punto porcentual de sustituir a Lasso en la segunda vuelta, el MUPP y la Confederación de Nacionalidades Indígenas denunciaron irregularidades y exigieron el recuento de los votos. Izquierda Democrática no ofreció su apoyo a Arauz, y Hervás afirmó que votaría por Lasso.

Las principales promesas de campaña de Arauz incluían el compromiso de hacer que los ricos pagaran más impuestos, reforzar la protección de los consumidores, la banca pública y el crédito local, y retirarse de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementados por Moreno. El programa de medidas económicas neoliberales adoptado por el gobierno de Moreno como parte de su acuerdo con el FMI había continuado incluso bajo la pandemia. Las protestas masivas encabezadas por los colectivos indígenas en 2019 obligaron al gobierno a dar marcha atrás con su propuesta de acabar con los subsidios a los combustibles y recortar los servicios públicos.

Sin embargo, muchos que se consideraban de izquierda contrastaron el posicionamiento a favor de los pobres del partido de Correa con su historial de adopción de políticas económicas duras y de promoción de proyectos extractivos con estrechos vínculos con inversores chinos, cuyos impactos a menudo adversos afectaban desproporcionadamente a los pueblos indígenas. Consideraron que sus acciones de gobierno contradecían su discurso populista, antiimperialista, socialista y respetuoso del medio ambiente. Otros condenaron también la restricción del espacio cívico, la acumulación de poder personal y la mala gestión de los fondos públicos que veían como desenfrenadas a lo largo de sus gobiernos, y especialmente durante los mandatos de Correa.

Estos conflictos y contradicciones, sumados al discurso superficial de los candidatos, basado en fórmulas publicitarias más que en verdaderas ideas, estructuraron un panorama confuso. En este contexto, diversos grupos de sociedad civil trabajaron para promover el voto informado, tratando de ayudar a los votantes a entender sus opciones mediante el análisis de las trayectorias de los candidatos y los programas de los partidos y fomentando las oportunidades de debate público.

Una primera vuelta peleada con uñas y dientes

Como consecuencia de las denuncias de fraude de Pérez, llevó dos semanas confirmar a los ganadores de la primera vuelta. Se realizó un recuento parcial, aunque Pérez presentó escasas pruebas de fraude electoral. Las Naciones Unidas se sumaron a la demanda del recuento de votos y pidieron “transparencia y celeridad”, mientras grupos indígenas marchaban durante varios días por el país hasta llegar a la capital, Quito. Cuando protestaban frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron dispersados con gases lacrimógenos y cañones de agua, supuestamente después de que algunos manifestantes intentaran derribar las vallas de seguridad y cortar el alambre de púas que se había colocado para bloquear el acceso a la sede del CNE.

Además, la Contraloría General de la República anunció planes para auditar el sistema informático utilizado en la primera vuelta, una medida que tanto Arauz como Lasso calificaron de antidemocrática y de amenaza a la independencia electoral, ya que la Contraloría General de la República no tiene jurisdicción en materia electoral.

Una Asamblea Nacional fragmentada

La fragmentación política se reflejó también en la composición de la Asamblea Nacional que fue elegida al mismo tiempo que la primera vuelta presidencial. Se produjo una gran rotación: de los 42 miembros de la Asamblea que se presentaban a la reelección, solamente trece conservaron sus escaños.

Con el cambio del clima político, UNES perdió 25 escaños y con ellos la mayoría, aunque con 49 de los 137 escaños siguió siendo el partido con mayor representación. El MUPP quedó en segundo lugar, pasando de cuatro a 27 escaños. Esto pareció indicar el auge de una fuerza indígena progresista y, con ella, de una izquierda que por fin se toma en serio el cambio climático.

Aunque su líder acabaría ganando la presidencia, CREO apenas consiguió doce escaños, en contraste con los 34 que tenía anteriormente, mientras que su aliado, el Partido Social Cristiano, aumentó su participación en tres escaños, trepando hasta 18.

Cambio, sí, pero ¿de qué tipo?

Si bien en vísperas de la segunda vuelta los sondeos arrojaban resultados muy ajustados, el 11 de abril el resultado estuvo claro: Lasso ganó con el 52,4% de los votos válidos emitidos, frente al 47,6% de Arauz. La línea de sucesión de Correa se quebró. Pero también hubo una considerable señal de desafección: el 15% del electorado votó en blanco.

Ecuador pasaría a ser gobernado por un presidente abiertamente de centroderecha, aunque sin un mandato particularmente fuerte y sin mayoría en la Asamblea Nacional.

Para Arauz, la asociación con Correa acabó siendo un lastre: mientras que en la primera vuelta le supuso el apoyo de la mayor parte de los partidarios de Correa, en la segunda vuelta le impidió extender su alcance, incluso entre los votantes de izquierda.

En cambio, Lasso probablemente se benefició del apoyo de muchos votantes indígenas que hubieran votado por Pérez. Para atraer a estos votantes y a la juventud indecisa, Lasso adoptó algunas de las posiciones de Pérez y suavizó sus ángulos conservadores, posicionándose como más amigable hacia los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. El empresario conservador incluso adoptó TikTok para tratar de llegar a la juventud.

El presidente Lasso tomó posesión del cargo en mayo, al igual que los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, que eligió a Guadalupe Llori, del MUPP, como su presidenta. Llori se convirtió en la primera mujer indígena en presidir el órgano legislativo de Ecuador.

Pero a pesar de todos estos cambios políticos, la situación a nivel territorial no se modificó: siguió caracterizándose por las protestas contra los proyectos extractivos y la criminalización sistemática de las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones indígenas, un problema sistémico y de larga data en el Ecuador.

Estas cuestiones se pusieron de manifiesto el 18 de octubre, cuando varias comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador presentaron una demanda contra el gobierno, con el fin de detener los planes del presidente de desregular la industria del petróleo y el gas y duplicar el volumen de extracción de petróleo, calificándola de “política de muerte”. Cientos de manifestantes indígenas llegaron a Quito el día en que se presentó la demanda, tras largos viajes desde sus comunidades en las profundidades de la selva amazónica.

Los conflictos entre las comunidades indígenas y las empresas mineras continuaron intensificándose en varias localidades. El 2 de agosto, la Alianza por los Derechos Humanos emitió una alerta sobre la presencia de militares y policías en la parroquia rural de La Merced de Buenos Aires, aparentemente en respuesta a la resistencia de la comunidad frente a la minería.

Protestas nacionales

A mediados de septiembre, las protestas inicialmente locales se volvieron nuevamente nacionales. El 15 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de Quito para protestar contra las políticas del gobierno. Participaron sindicatos, estudiantes, maestros y movimientos de trabajadores rurales y comunidades indígenas. Los manifestantes exigían la implementación de la reforma educativa y rechazaban un proyecto de ley laboral. Tal como lo expresó un dirigente sindical, instaban al gobierno a escuchar al pueblo en lugar de escuchar a los empresarios, los banqueros y el FMI. Al día siguiente, la ministra de Gobierno se reunió con los representantes sindicales para iniciar un diálogo.

Los días 26 y 27 de octubre se produjeron más protestas, convocadas por organizaciones indígenas y movimientos sociales. Los manifestantes bloquearon carreteras en cinco provincias y se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Quito. Aunque las protestas fueron en su mayoría pacíficas, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de manifestantes que supuestamente cometían actos de vandalismo; la Defensoría del Pueblo también informó que se habían utilizado gases lacrimógenos contra manifestantes en la provincia de Imbabura, y afirmó que estaba dando seguimiento a los casos de varios líderes indígenas detenidos en la provincia de Cotopaxi y de un periodista agredido por la policía mientras cubría las protestas. Las autoridades gubernamentales informaron que 18 personas fueron detenidas por bloquear carreteras.

En respuesta, el presidente Lasso instó a la ciudadanía ecuatoriana a rechazar las protestas alegando que eran malas para los negocios. Utilizó un argumento similar, aunque sin éxito, con la Asamblea Nacional, que le devolvió su paquete de medidas económicas neoliberales sin siquiera debatirlo. Como es habitual, el préstamo que renegoció con el FMI depende de estas medidas de promoción del sector privado, limitación de los derechos laborales y aumento de la presión fiscal.

Pero Lasso no parece estar ganando la pulseada. Sus índices de popularidad están decayendo y aparece mencionado en la investigación de los Pandora Papers sobre la riqueza que las élites esconden en el extranjero. Enfrenta la acusación de haber incumplido el requisito legal de deshacerse de sus propiedades en el extranjero antes de iniciar su campaña presidencial y de haber mentido acerca de su patrimonio, y está siendo investigado por una comisión parlamentaria y por el fiscal general, lo cual pone en el horizonte la posibilidad de un juicio político. Lasso se ha negado a cooperar, y enfrenta la recriminación de estar intentando aumentar los impuestos mientras él mismo los ha evitado a toda costa.

A causa de los desacuerdos entre el presidente y la Asamblea comenzó a rondar el fantasma del mecanismo conocido como “muerte cruzada”, que permite al presidente disolver la Asamblea pero exige la celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales, que Lasso corre el riesgo de perder. La alternativa a ello puede ser el estancamiento prolongado.

En cualquier caso, Lasso ha decepcionado muy rápidamente a muchos de sus votantes, y dado el crecimiento de una alternativa indígena y juvenil, es probable que se produzcan más cambios.