Algunos dirán que empezó con una canción: una canción que reivindicaba el derecho de los cubanos a pensar por sí mismos, criticando sin tapujos al régimen posrevolucionario que ya dura 61 años, y exigiendo un cambio inmediato. Todas las ideas que pronto alimentarían una ola de protestas sin precedentes ya estaban contenidas en esta canción, empezando por su título, “Patria y vida”, en fuerte contraste con el desgastado grito de guerra de “Patria o muerte” que fue la marca de fábrica de la Revolución Cubana.

La letra de la canción proporcionó la clave para entender las protestas que estallarían en julio: “Se rompió el silencio, no tenemos miedo, se acabó el engaño”. Y claramente tocó un nervio sensible: en la noche del 18 de febrero, al día siguiente del lanzamiento de la canción, los medios de comunicación estatales interrumpieron su programación para emitir el himno nacional de Cuba, que típicamente glorifica la muerte por la patria, e instaron a los oyentes a unirse y aplaudir.

La ola de movilización comenzó el 11 de julio de 2021, un domingo como ningún otro, en San Antonio de los Baños, una localidad rural de unos 50.000 habitantes situada 33 km al suroeste de La Habana. Rápidamente se extendió a por lo menos 50 ciudades y pueblos de toda la isla. El efecto demostración fue clave: cuando la gente vio la pequeña masa de manifestantes se dio cuenta de que, al revés de lo que le habían hecho creer, protestar estaba dentro del terreno de lo posible. Las autoridades reconocieron rápidamente que las protestas podían convertirse en memes del mundo real, y procedieron a detener a la persona que había transmitido la primera protesta en vivo y en directo vía Facebook.

¿Por qué protestar?

En los videos que los participantes en la protesta grabaron en San Antonio de los Baños y compartieron en las redes sociales el 11 de julio, se escuchan claramente varias consignas: a “Patria y vida” se le sumaron “No tenemos miedo”, “Abajo la dictadura” y “Queremos vacunas”.

A diferencia de otras protestas anteriores, que pueden haber sido instigadas desde fuera de Cuba, estas fueron verdaderamente autóctonas, resultado de la reciente liberalización económica de Cuba y sus repercusiones sobre la dinámica social. Los agravios políticos y económicos, tanto estructurales como de corto plazo, convergieron en un punto de no retorno.

La gente se manifestó contra la creciente desigualdad, la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, los cortes de luz y la incapacidad del gobierno para controlar la pandemia de COVID-19: de hecho, las infecciones pronto alcanzarían un nuevo pico, y el otrora admirado sistema de salud cubano estaba ahora marcado por la escasez de oxígeno y medicamentos, la insuficiencia de personal médico, el hacinamiento hospitalario y el colapso de los servicios funerarios.

La gente también reivindicó sus libertades cívicas fundamentales: el derecho a asociarse libremente, a expresar sus opiniones y a exhibir su disconformidad, incluso mediante la protesta callejera.

La nueva generación que había salido a las calles obviamente no tenía ningún recuerdo de los tiempos prerrevolucionarios, ni tampoco de las primeras – heroicas – fases de la revolución: desde su perspectiva, el régimen posrevolucionario bajo el que habían vivido toda su vida era simplemente un status quo caducado sin nada que ofrecerle. Sus reivindicaciones socioeconómicas y sus aspiraciones políticas se entremezclaban en la certeza de que el régimen gobernante les había privado de tantas cosas que hasta les había quitado el miedo.

Otra novedad fue la emergencia de una crítica de izquierda al régimen autoritario, basada en la visión de una sociedad donde la igualdad social no se imponga a expensas de la libertad política, perdidas ya todas las esperanzas de que el régimen pudiera reconocer sus propios fracasos en vez de echarle toda la culpa al embargo estadounidense. Toda expectativa de que el cambio pudiera venir desde dentro del propio régimen parecía haberse esfumado; en consecuencia, entre quienes actualmente exigen un cambio no se cuentan solamente los acérrimos enemigos históricos del régimen, incluidos los que protestan en la Florida y llegan incluso a la inquietante exigencia de una intervención militar de Estados Unidos, sino también muchos que crecieron en su seno y no han dejado de compartir los ideales que lo fundaron.

La gente también protestó por la simple razón de que se dio cuenta de que podía hacerlo. Lo que marcó la diferencia con intentos anteriores de iniciar protestas masivas fue la novedosa penetración de la telefonía móvil y las redes sociales: la internet móvil recién había llegado a Cuba en 2018, y WhatsApp rápidamente se había convertido en el medio de comunicación más utilizado.

Si bien en años anteriores se había producido un aumento constante de las protestas a pequeña escala, la mayoría de ellas habían sido reactivas, no planificadas; estallaban en barriadas populares, a menudo porque gente que esperaba en fila empezaba a quejarse de que la cola era demasiado larga, o porque ya no quedaba nada cuando finalmente llegaba su turno. Ahora la gente tenía en sus manos una forma fácil de organizarse, de coordinar acciones y -lo más importante- de documentar su audacia, alentando a hacer lo propio a otros que de otra manera no se atreverían. Podían mostrar sus acciones al mundo y a sus conciudadanos. Atrás quedaban los días en los que todo intento de protesta podía ser fácilmente aislado antes de que nadie más se enterara, asegurando que todos continuaran convencidos de que el régimen seguía contando con el apoyo mayoritario.

La represión como respuesta

El gobierno respondió inmediatamente con su propia movilización: el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a los “revolucionarios” a inundar las calles en apoyo al gobierno, y las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a decenas de manifestantes, presentándolos como lacayos del gobierno estadounidense.

La violencia desencadenada por el gobierno incluyó el uso de gas pimienta contra manifestantes, y se complementó con redadas en residencias particulares para detener o secuestrar a quienes eran sospechados de liderar las protestas, vigilancia, ataques contra y detenciones de periodistas y cortes de internet. Aunque trató de impedir la circulación de toda información que no pudiera controlar, numerosos videos y testimonios de la represión dejaron en evidencia lo que el Estado se traía entre manos.

Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, se produjeron algunos incidentes en los cuales se tiraron piedras y saquearon tiendas de lujo donde solo es posible comprar con divisa extranjera, lo cual está fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Pero la magnitud de las detenciones, que se contaron por centenares, fue desproporcionada en relación con la relativamente escasa prevalencia de la violencia en las protestas.

La criminalización comenzó de inmediato: a tres días de iniciadas las protestas, representantes de la fiscalía general y del Ministerio del Interior salieron en la televisión estatal anunciando que estaban investigando a los responsables de la organización de las protestas, así como los supuestos delitos cometidos por manifestantes. Aunque negaron las denuncias de desapariciones, los funcionarios estatales continuaron estigmatizando a los manifestantes, refiriéndose a las protestas como “disturbios”.

Ya el 13 de julio, la represión se cobró una víctima mortal: Diubis Laurencio Tejeda, un hombre de 36 años, murió durante un enfrentamiento con la policía en el municipio de Arroyo Naranjo, en las afueras de La Habana. El 15 de julio Amnistía Internacional informó que había hasta entonces al menos 136 personas detenidas o cuyo paradero se desconocía. Ese mismo día, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Estado cubano a buscar y localizar inmediatamente a 187 personas dadas por desaparecidas y a proteger su vida e integridad física. El 16 de julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reclamó la pronta liberación de todas las personas detenidas por ejercer sus libertades cívicas.

El 17 de julio, la organización de la sociedad civil Prisoners Defenders denunció violaciones sistemáticas de las garantías procesales en los juicios sumarios contra manifestantes detenidos. En uno de esos juicios, celebrado el 21 de julio, el fotógrafo Anyelo Troya fue declarado culpable del delito de “desorden público” y condenado a un año de prisión. Otros cargos utilizados con frecuencia para condenar a activistas y manifestantes fueron los de “propagación de epidemias” e “instigación a delinquir”. Luis Manuel Otero Alcántara, del MSI, fue detenido y acusado de “resistencia”, “atentado” y “desacato”.

El 19 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgara medidas cautelares para proteger y salvaguardar a tres profesionales de los medios de comunicación que habían sido detenidos el 11 de julio; fueron puestos en libertad al cabo de diez días, tras un duro interrogatorio, pero continuaron bajo arresto domiciliario y enfrentaron acusaciones penales de “desorden público” por cubrir las protestas. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el acoso y la detención de varios periodistas, y declaró que a decenas de ellos se les había impedido salir de sus casas para informar sobre las protestas.

El 23 de julio, la CIDH expresó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas y subrayó el clima reinante de miedo y autocensura, en el cual había familiares de personas desaparecidas que no se atrevían denunciar la desaparición de sus seres queridos por temor a sufrir represalias.

El gobierno se movió para limitar el espacio online. En agosto aprobó un decreto que limitaba el uso de las redes sociales e internet. Tipificó como delito la incitación a actos de “alteración del orden público”, ordenó a los proveedores de internet que cortaran el acceso a los usuarios que “difundan noticias falsas o dañen la imagen del Estado”, e impuso fuertes multas a quienes prestaran servicios de telecomunicaciones sin autorización oficial. El gobierno claramente había comprendido la diferencia que hicieron las redes sociales.

A un mes de iniciadas las protestas, se habían reportado 837 detenciones, incluidas las de 33 menores, aproximadamente la mitad de las cuales se habían producido el primer y el segundo días. Al menos 44 detenidos habían sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario a la espera de ulteriores investigaciones, pero varios destacados activistas habían vuelto a ser detenidos. Los familiares de prominentes activistas exiliados fueron acosados y se produjeron detenciones preventivas, por ejemplo antes del Día de la Independencia, en octubre.

Un informe publicado por Human Rights Watch ese mismo mes ofrecía más detalles sobre las detenciones arbitrarias y los abusos y malos tratos a manifestantes detenidos, violencia de género incluida, que afectaron a cientos de personas en múltiples lugares, lo cual sugirió que formaba parte de una política gubernamental coordinada y sistemática.

Qué nos depara el futuro

La indignación no ha desaparecido, ni tampoco la reacción estatal. En septiembre, el grupo de activistas Archipiélago anunció planes de celebrar una Marcha Cívica por el Cambio en La Habana el 20 de noviembre, y otros grupos anunciaron protestas en varios lugares ese mismo día; el gobierno respondió programando ejercicios militares en todo el país del 18 al 20 de noviembre, y luego intimidando, acosando y negando autorización a quienes solicitaban reprogramar sus protestas. Quienes declararon que marcharían de todos modos fueron citados para recibir advertencias y algunos fueron detenidos; también enfrentaron una persistente campaña de estigmatización en los medios de comunicación estatales.

Mediante sus acciones el gobierno dio a entender claramente que pretendía seguir tratando al disenso del mismo modo en que lo había hecho durante décadas, como si nada hubiera cambiado.

Pero puede que algo haya cambiado. Si realmente existe un segmento importante de la población cubana que se ha liberado del yugo del miedo, puede ser que las cosas ya no puedan volver a ser como antes. La pérdida del miedo podría convertirse en el motor de cambio, ya que el régimen ha cerrado completamente el espacio cívico mediante un sistema preventivo de represión selectiva basado en el control social masivo más que en la violencia directa. Se trata, en efecto, de un sistema sostenido en la vigilancia masiva, donde cada ciudadano es un potencial espía y delator de sus propios familiares y vecinos, es decir, un sistema centrado en el miedo y la desconfianza mutuas. ¿Puede sobrevivir un sistema semejante una vez que la gente ha dejado de tener miedo y ha empezado a confiar en otros, construyendo comunidad por fuera de los canales oficiales de socialización política?

Las demandas que motivaron las protestas siguen dolorosamente vivas, ya que el gobierno ha demostrado ser incapaz de satisfacerlas. La pregunta no es si las protestas resurgirán, sino cuándo; y no tampoco si el Estado logrará reprimirlas indefinidamente, sino en qué momento se reconocerá incapaz de seguir haciéndolo. La reciente ola de protestas bien podría ser un presagio del fin del régimen postotalitario de Cuba o, en otras palabras, la promesa de un nuevo comienzo.